Hay frases que, dichas en un bar, pasan por demagogia y, dichas en el pleno del Parlamento Europeo, se convierten en diagnóstico oficial. El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha advertido en Estrasburgo de que en «demasiados casos» se compran edificios enteros con el único fin de dedicarlos al alquiler de corta duración. El resultado, en sus palabras, son «hoteles en la sombra»: inmuebles donde podría vivir gente y donde, en cambio, solo entran y salen maletas con ruedas. Lo dice Bruselas, no una asamblea vecinal. Conviene tomar nota.

Una práctica que no sólo existe en España

Quien piense que esto es una peculiaridad de Barcelona, Málaga o el centro de Madrid puede ir actualizando el mapa. De Lisboa a Bruselas, los vecinos denuncian lo mismo: plataformas como Airbnb retirando viviendas del mercado residencial y empujando los precios hacia arriba. A escala europea, el alquiler de corta duración supone apenas el 1,2% del parque de vivienda, una cifra que sus defensores repiten como un mantra. Lo que suelen olvidar mencionar es que en algunos enclaves turísticos esa proporción llega al 20%. La media europea no consuela mucho a quien vive en el barrio donde se concentra.

La falta de vivienda asequible es un mal común en Europa y puede obligar a tomar medidas extraordinarias

Los números de la Comisión Europea dejan poco margen al optimismo: el precio de la vivienda ha subido alrededor de un 60% en la última década, y los alquileres medios, más de un 20%. Jørgensen ya no habla de crisis sino de «emergencia», y pone ejemplos que cualquiera reconoce: policías, enfermeros y profesores expulsados de las ciudades en las que trabajan. Jóvenes que siguen en casa de sus padres a los 30, no por gusto, sino porque no les queda otra. Cuando el problema deja de ser de unos pocos y pasa a ser de una generación entera, las soluciones ordinarias empiezan a quedarse cortas.

No es un ataque a la propiedad privada sino una emergencia social

Como era previsible, cada vez que alguien plantea poner límites al negocio turístico de la vivienda aparece el coro que denuncia un asalto a la propiedad privada. Jørgensen se ha adelantado: no es «en absoluto» un ataque a ese derecho. Distingue entre el propietario que alquila una habitación unas semanas para sacarse un dinero extra y el fondo que compra un bloque completo para explotarlo como hotel sin licencia de hotel. Lo primero es complementar ingresos; lo segundo es retirar viviendas del mercado. Curiosamente, el derecho a la propiedad parece invocarse con mucho más fervor que el derecho a la vivienda, que también figura en las constituciones, aunque cotice menos.

Dotar a los Estados miembro, ciudades y regiones de «herramientas» para regular mejor estas situaciones

La propuesta de Bruselas no obliga a nadie a nada, y el comisario se ha esforzado en subrayarlo. Lo que ofrece es un marco jurídico para que gobiernos, regiones y ayuntamientos puedan limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas con cierta seguridad. Eso sí, con condiciones: las autoridades deberán demostrar con datos una presión significativa sobre la vivienda durante al menos tres años, justificar que la medida es proporcionada y que no existe alternativa menos restrictiva. Las restricciones tendrán una duración máxima de cinco años, revisables. Es decir, ni barra libre ni prohibición general.

Las plataformas, a los tribunales

Aquí está el detalle que explica por qué hacía falta este paraguas europeo. Según la propia Comisión, varias autoridades locales que intentaron frenar los precios se encontraron con recursos judiciales de las plataformas, que cuestionaban la compatibilidad de esas medidas con el derecho comunitario. El negocio no solo se defiende con lobbies, también con abogados. La nueva norma busca dar «claridad y previsibilidad» a los ayuntamientos para que regular no sea una invitación a perder pleitos.

Aprovechar edificios ya construidos

Jørgensen no vende la regulación turística como remedio milagroso, y Bruselas advierte de que no sustituye a las soluciones estructurales. Su receta es tan sencilla de enunciar como difícil de ejecutar: construir mucho más, rehabilitar mucho más y convertir en vivienda edificios que hoy se dedican a otros usos. En un continente con un parque envejecido y oficinas vacías tras el teletrabajo, la idea tiene sentido. Lo que no tiene sentido es seguir esperando que el mercado lo resuelva solo, cuando lleva una década demostrando que lo que sabe hacer es subir precios.

La propuesta de alquiler asequible de la Unión Europea

Todo esto forma parte de la Ley de Vivienda Asequible que la Comisión presentó en septiembre y que aún deben negociar el Consejo y la Eurocámara, terreno abonado para que los intereses afectados intenten rebajarla. A ello se suman los cambios en las reglas de ayudas de Estado para facilitar la construcción de vivienda asequible. Bruselas reconoce que la mayor parte de las competencias son nacionales, regionales y locales, pero el comisario ha sido claro: no se puede uno cruzar de brazos y decir que eso corresponde a los Estados miembro. Que un comisario europeo tenga que recordarlo dice bastante de cuánto tiempo llevamos haciéndolo.