Hay reuniones que caen en el momento justo, y la de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) es una de ellas. El V Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en Barcelona con más de 400 profesionales del sector, ha coincidido con el momento de mayor tensión en el mercado residencial en décadas. La vivienda preocupa ya al 87% de los españoles, y el asunto ha acabado provocando unas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre. No es poca cosa. Por primera vez en mucho tiempo, el problema de la vivienda no es solo un tema más de campaña: es el motivo de la campaña.

En este contexto, los promotores han lanzado un mensaje claro a los partidos. Sea quien sea el que gobierne a partir del 29-N, hace falta un gran pacto de Estado por la vivienda. La situación ha llegado a un punto de no retorno, y seguir legislando a golpe de decreto y de titular ya no sirve.

Los números para construir vivienda pública no salen

La expresión se repitió tanto en Barcelona que podría haber sido el lema oficial del congreso. Las empresas insisten en que, con los precios máximos actuales de la vivienda protegida, construir VPO no es rentable. Lo llamativo es que esta vez no lo dijeron solo los promotores. María del Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda, reconoció abiertamente que el sector siempre se queja de que “no salen los números”. Su conclusión es que ahí debe intervenir lo público para garantizar un beneficio razonable, porque sin ese sector produciendo vivienda asequible el problema no se resolverá nunca.

Algunas comunidades ya se han movido. Cataluña defiende un módulo único de protección oficial para todo su territorio y vinculado a la inflación, y Galicia también está subiendo sus módulos con ayudas públicas. Son pasos en la dirección correcta, aunque llegan con años de retraso.

Los ajustes necesarios según Vilajoana

El presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, enumeró las reformas que la patronal lleva tiempo pidiendo. La primera es la modificación urgente de la Ley del Suelo, en especial la supresión de los artículos que impiden subsanar errores formales en los planeamientos urbanísticos. Hoy, un defecto de forma puede tumbar un desarrollo entero y dejar en el limbo miles de viviendas. A eso suma la reducción de plazos burocráticos, el impulso a la vivienda protegida mediante colaboración público-privada y la flexibilización de la formación dual para resolver la falta de mano de obra. Todo ello con una condición que repitió varias veces: seguridad jurídica.

La necesidad de un Pacto de Estado

Vilajoana fue contundente: “Todo el mundo, también el sector promotor, quiere solucionar el problema de la vivienda. Hagámoslo, y no cambiemos las reglas a mitad de partido”. También pidió que no se utilicen situaciones dolorosas para hacer política de vivienda. El presidente de una patronal que representa al 95% del sector promotor reclamó que el consenso no se limite a los partidos, sino que incluya a todos los actores que construyen vivienda en España, para que las medidas duren más que una legislatura. “Pido a las Administraciones que nos escuchen, y que nuestro trabajo no sea en balde”, añadió. Es una petición razonable. La duda es si alguien la escuchará en plena precampaña, cuando la vivienda es más útil como arma electoral que como problema que resolver.

Lo positivo de los decretos y lo negativo

Los promotores no rechazaron en bloque los últimos decretos del Gobierno. Celebraron la rebaja del IVA al 4% para la construcción de VPO, una medida que mejora directamente las cuentas de cualquier promoción protegida. Pero criticaron con dureza el enfoque general, sobre todo la congelación de alquileres y el veto a los desahucios. A su juicio, estas medidas acabarán reduciendo la oferta de vivienda en alquiler, que es justo lo contrario de lo que el mercado necesita. Es la paradoja de siempre: se protege al inquilino que ya tiene casa a costa del que todavía la está buscando.

¿Cómo construir 250.000 viviendas anuales?

Este es el centro del debate. Según APCEspaña, el problema de la vivienda en España es claramente de oferta. El país necesita 250.000 viviendas nuevas al año y apenas se están construyendo entre 90.000 y 110.000, menos de la mitad. Cada año se acumula así un déficit estructural de más de 100.000 hogares. No hay regulación de precios capaz de compensar esa brecha. Para cerrarla hacen falta suelo finalista, licencias rápidas, trabajadores y una rentabilidad que atraiga capital. Es decir, todo lo que el sector lleva años pidiendo y que la Administración ha concedido a cuentagotas.

La previsión para este año se incrementa pero no lo suficiente

La producción de vivienda nueva crece, y el sector espera cerrar el año mejor que el anterior. Pero incluso en la parte alta de la horquilla, alrededor de 110.000 viviendas, España seguiría construyendo menos de la mitad de lo que necesita. El déficit sigue creciendo, solo que algo más despacio. Ese es el verdadero termómetro de la crisis: no basta con mejorar, hay que más que duplicar el ritmo. Y eso no se consigue con decretos de urgencia aprobados a dos meses de unas elecciones, sino con un acuerdo de largo plazo como el que piden los promotores. Que lo consigan dependerá menos de ellos que de quien gane el 29-N, y de si quiere resolver el problema o solo seguir hablando de él.