Por una vez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trae una estadística que se puede leer sin tener que respirar hondo. En el segundo trimestre de 2026 se practicaron en España 4.474 desahucios, un 35,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Y no es un espejismo de un trimestre: la tendencia a la baja se viene manteniendo desde hace años. Las ejecuciones hipotecarias también retroceden, y con fuerza. Detrás del descenso hay dos fuerzas que empujan en la misma dirección: una presión ciudadana que ya no se conforma con mirar hacia otro lado y una legislación que, con todos sus defectos, intenta evitar que perder la casa siga siendo un fracaso social asumido con normalidad.

Bajan los desahucios por impago del alquiler

El dato estrella es el del alquiler. Los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que recogen fundamentalmente los impagos de renta, se quedaron en 2.244 casos, un 57,7% menos que entre abril y junio de 2025. Aun así, siguen representando el 50,1% de todos los desahucios ejecutados, lo que dice mucho de dónde está hoy el verdadero punto débil del sistema: no en la hipoteca, sino en el recibo mensual de un alquiler que cada vez se come una parte mayor del sueldo.

Que caigan los desalojos no significa que el problema del acceso a la vivienda se haya resuelto, ni mucho menos. Significa, simplemente, que se está echando a menos gente a la calle. Que no es poco.

Los desahucios por otras causas se disparan

Ahora viene la letra pequeña. Los desahucios agrupados como otras causas, que incluyen laudos arbitrales o procedimientos de familia, pasaron de 444 a 1.121, un aumento del 152,5%. Más del doble en un solo año. En este cajón de sastre encaja, por ejemplo, el caso de Maricarmen, expulsada de su domicilio por la extinción de un contrato de renta antigua y cuyo desahucio acabó con un asentamiento de protesta en la Puerta del Sol. Es un recordatorio de que la estadística mejora, pero los agujeros por los que se cuela la exclusión residencial cambian de forma y siguen ahí.

Su impacto por comunidades autónomas

Por territorios, Cataluña vuelve a encabezar la clasificación con 983 lanzamientos, el 21,9% del total nacional, seguida de Madrid (778), Andalucía (737) y la Comunidad Valenciana (629). En los desahucios por alquiler, Cataluña repite en cabeza con 456 casos, por delante de Andalucía (397) y la Comunidad Valenciana (361).

Pero cuando se relacionan las cifras con la población, el mapa cambia. Baleares lidera con 8,3 desahucios por impago del alquiler por cada 100.000 habitantes, seguida del País Vasco (7,4) y la Comunidad Valenciana (6,7). En el extremo opuesto están La Rioja (1,5) y Madrid (1,6). Paradojas de la vivienda: la región donde proporcionalmente menos se desahucia al inquilino es la que tiene instalado en su kilómetro cero el epicentro de las protestas por el acceso a un techo.

Disminuyen también las ejecuciones hipotecarias

El frente hipotecario también da una tregua. Los lanzamientos por impago de hipoteca fueron 1.109, el 24,8% del total y un 8,9% menos que un año antes. Más llamativo es el descenso de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en los juzgados, es decir, los procedimientos que abren los bancos para reclamar la deuda: 6.886, un 28,6% menos que en el segundo trimestre de 2025. Un Euríbor más tranquilo que el de hace un par de años y una banca menos alegre a la hora de conceder préstamos imposibles algo tienen que ver.

El ranking de las ejecuciones hipotecarias

Cataluña concentra el mayor volumen, con 2.270 ejecuciones, nada menos que el 32,9% del total nacional. Le siguen Andalucía (1.319), la Comunidad Valenciana (807) y Madrid (563). En tasa por habitante, Cataluña también lidera con 27,9 ejecuciones por cada 100.000 habitantes, por delante de la Región de Murcia (20,6) y la Comunidad Valenciana (14,9). Si nos fijamos solo en los lanzamientos hipotecarios ya ejecutados, el primer puesto es para Andalucía, con 247 casos, el 22,2% del total, frente a los 209 de Cataluña y los 184 de la Comunidad Valenciana.

Las okupaciones de viviendas a la baja

Para quienes han convertido la okupación en el gran apocalipsis inmobiliario nacional, otro dato incómodo. Las demandas presentadas por propietarios para recuperar una vivienda ocupada sin su consentimiento sumaron 443 casos, un 9% menos que un año antes. Cataluña registra 89, Andalucía 74 y la Comunidad Valenciana 57. En proporción a la población destaca Baleares, con 2,5 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble que Castilla-La Mancha (1,3) y muy por encima de Cataluña (1,1) o Madrid (0,5). Un problema real para quien lo sufre, sin duda, pero bastante más pequeño de lo que algunos telediarios sugieren.

Más concursos de acreedores, la sombra que no se va

No todo son buenas noticias en el informe. Los juzgados de lo Mercantil recibieron 19.024 concursos de acreedores, un 5,1% más, impulsados sobre todo por particulares que no pueden hacer frente a sus deudas. Las demandas por despido crecieron un 11,2%, hasta las 45.230. Son señales de que la fragilidad económica de muchos hogares no ha desaparecido, y de que el paso de no poder pagar las deudas a no poder pagar la casa sigue siendo demasiado corto.

Las previsiones para finalizar el año

Con estos mimbres, todo apunta a que la tendencia descendente se mantendrá hasta final de año. Las medidas de protección impulsadas por el Gobierno para los hogares vulnerables, la mayor vigilancia social sobre cada lanzamiento y un mercado hipotecario más estable dibujan un segundo semestre en el que los desahucios deberían seguir bajando. Eso sí, conviene no lanzar las campanas al vuelo: mientras el alquiler siga devorando sueldos y los desahucios por otras causas sigan multiplicándose, la mejora será real, pero insuficiente. Echar a menos gente de su casa es un avance. Que nadie tenga que salir de ella por no poder pagarla sería, por fin, una política de vivienda.