Hubo un tiempo, no tan lejano, en que nos vendieron el alquiler turístico como la gran revolución del siglo XXI: anfitriones entrañables, viajeros que se sentían como en casa y particulares que redondeaban el sueldo alquilando la habitación del hijo que se fue a estudiar fuera. Una década después, el cuento se ha quedado sin final feliz. Esta semana se han acumulado frentes abiertos contra las plataformas digitales, desde el Ministerio de Consumo hasta la Comisión Europea, pasando por un sindicato que ha puesto la lupa sobre los dos grandes portales inmobiliarios del país. Y lo que se dibuja es un sector que creció sin control y que ahora se revuelve cada vez que alguien pretende ponerle normas.

Aquella economía colaborativa que nunca lo fue

Conviene recordar de dónde venimos. La llamada economía colaborativa se presentó como un modelo de pequeños ingresos complementarios para familias normales. Hoy, en las grandes ciudades, buena parte de la oferta está en manos de gestoras profesionales, multipropietarios y fondos que operan decenas o cientos de viviendas con las ventajas fiscales de una actividad que todavía tributa con bastante más alegría que otras. Mientras tanto, la vivienda residencial se ha ido evaporando de los centros urbanos, los alquileres de larga duración se han disparado y quienes aún defienden aquel discurso de los anfitriones siguen hablando de libertad de mercado, como si los vecinos expulsados de sus barrios fueran un daño colateral sin importancia.

Consumo exige la retirada de 8.300 anuncios de alquileres turísticos fraudulentos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a dos plataformas la retirada de 8.318 anuncios de pisos turísticos camuflados como alquileres de temporada. El truco es tan viejo como eficaz: se anuncian como contratos de temporada, pero permiten reservas de menos de 31 días, que es la duración mínima que fija la Ley de Arrendamientos Urbanos tras la reforma del Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el pasado 6 de octubre en Consejo de Ministros.

El epicentro del fraude tiene nombre propio: 6.772 de esos anuncios están en la Comunidad de Madrid, y 6.523 en la capital. Consumo considera que podría tratarse de publicidad engañosa, en infracción del artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ha notificado la retirada a través de los mecanismos del Reglamento de Servicios Digitales. A partir de ahí, las plataformas ya no pueden alegar ignorancia: si no retiran o bloquean los anuncios, se exponen a un expediente sancionador. La pregunta es inevitable: si una dirección general puede detectar ocho mil anuncios ilegales, ¿cómo es posible que las plataformas, con todos sus algoritmos, no los vieran?

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicidad engañosa

No solo el alquiler turístico anda bajo sospecha. UGT ha denunciado ante Consumo a Idealista y Fotocasa por presuntas prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa. El sindicato sostiene que ambos portales agrupan bajo etiquetas como “ocupadas ilegalmente” situaciones jurídicas que no tienen nada que ver entre sí: inquilinos con contrato en vigor, usufructuarios vitalicios o viviendas en procesos de ejecución hipotecaria.

Los ejemplos son difíciles de digerir. Uno de ellos es la vivienda de una usufructuaria de 83 años ofertada como si fuera una ocupación sin título, presentada como una inversión de 345.000 euros que podría revenderse por 650.000. También aparecen fotos de fachadas con carteles superpuestos de “okupado”, interiores con enseres personales y datos que permiten identificar a los residentes. UGT pide diligencias previas, que se exijan los criterios con los que se cataloga un inmueble como ocupado, traslado a la CNMC y a las autoridades europeas de servicios digitales, y sanciones. El fondo de la denuncia es claro: estigmatizar a familias que cumplen la ley para vender la expulsión como oportunidad de negocio.

La Comisión Europea incoa un procedimiento a Booking

Y el golpe más sonoro llega desde Bruselas. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento formal contra Booking.com por posibles incumplimientos del Reglamento de Servicios Digitales en tres frentes: no haber evaluado ni mitigado los riesgos de anuncios fraudulentos (propiedades inexistentes o suplantaciones), no haber blindado a sus usuarios frente a las estafas de phishing que aprovechan los datos de reservas y su propio sistema de mensajería, y no identificar claramente como publicidad los anuncios promocionados por los que los alojamientos pagan comisiones más altas para subir en los resultados.

Es la primera investigación en profundidad sobre fraudes en plataformas al amparo de esta normativa, y las sanciones podrían alcanzar el 6 % de la facturación anual. La OCU, que dice acumular este año más de 2.000 consultas y reclamaciones relacionadas con Booking, ha celebrado la decisión y pide que se reconozca el perjuicio a los consumidores para facilitar los reembolsos. El contexto no ayuda a la plataforma: la apertura coincide con una estafa reciente en Madrid ligada a una vivienda turística anunciada en Booking que habría afectado a cientos de personas.

La posición dominante está induciendo a saltarse las reglas marcadas por los estados

Lo que une estos tres casos no es la casualidad, sino un patrón. Cuando una plataforma controla buena parte del mercado, las normas de los estados dejan de percibirse como obligaciones y pasan a tratarse como costes negociables. Se cumple lo justo, se recurre lo que se puede y se espera a que llegue la notificación oficial para retirar lo que ya era ilegal. El discurso del mero intermediario que no responde de lo que se publica en su casa resulta cada vez menos creíble cuando ese intermediario cobra comisión por cada reserva, posiciona anuncios por dinero y diseña los filtros que convierten a un inquilino en un “okupa”.

Un mercado digital con muchos millones en juego

Detrás de cada resistencia regulatoria hay una cuenta de resultados. El mercado digital de la vivienda, turística o residencial, mueve miles de millones al año entre comisiones, publicidad destacada y servicios a profesionales. Por eso cada nueva norma, ya sea el límite de los 31 días, el registro turístico obligatorio o las exigencias de transparencia europeas, se recibe con lamentos sobre la libertad de empresa y advertencias apocalípticas sobre el turismo. Pero la realidad es tozuda: administraciones, sindicatos y organizaciones de consumidores coinciden en que este sector ha funcionado demasiado tiempo sin control y en perjuicio de la vivienda y de los consumidores. Ahora toca que cumpla las reglas como cualquier otro negocio. Ya iba siendo hora.