El Defensor del Pueblo presenta sus recomendaciones para el problema de la vivienda

El Defensor del Pueblo ha puesto negro sobre blanco lo que media España sufre a diario. El pasado martes, 3 de noviembre, Ángel Gabilondo registró en las Cortes Generales el informe La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico, un monográfico de 339 páginas con 35 recomendaciones dirigidas a todas las administraciones públicas. El título no deja mucho margen a la interpretación: la vivienda ha dejado de ser un problema más para convertirse en un problema crítico. Llega tarde, quizá, pero llega con datos, con propuestas concretas y con el peso institucional suficiente como para que nadie pueda mirar hacia otro lado.

El origen del informe y su respuesta a la ciudadanía

El documento no surge de la nada. Es el resultado de una investigación de oficio iniciada en junio de 2025 con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los diez ayuntamientos más poblados del país. Su punto de partida fue tan simple como elocuente: el aumento sostenido de las quejas ciudadanas por las dificultades para acceder a una vivienda o, simplemente, para mantenerla. Cuando la institución que recoge el malestar de los ciudadanos decide dedicar un monográfico entero a un asunto, el mensaje es claro. La calle llevaba tiempo diciendo lo mismo; ahora lo dice también un informe oficial.

Respetar la Constitución y el derecho a una vivienda digna

El informe recuerda algo que parece obvio, pero que el mercado se ha encargado de olvidar: el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, entendida como bien de uso y no como bien de inversión. Gabilondo subraya que se trata de responder a una necesidad básica, condición esencial para la calidad de vida y para el pleno disfrute de otros derechos fundamentales. Dicho de otro modo, sin un techo asequible, buena parte de los derechos constitucionales se quedan en papel mojado. Y ahí está precisamente el problema: el derecho existe, lo que falta es su efectividad.

Un esfuerzo común que debe implicar a todas las administraciones

Las recomendaciones apuntan al Ministerio, a las consejerías autonómicas de Vivienda y Urbanismo y a los ayuntamientos. Nadie queda fuera. El Defensor exige que todas actúen con “mayor determinación”, de forma coordinada y sostenida en el tiempo, y que incrementen la dotación presupuestaria y la inversión pública directa hasta equipararse con los países europeos del entorno. Un llamamiento razonable que choca, sin embargo, con una realidad tozuda: la vivienda se ha convertido en el campo de batalla favorito entre Gobierno central y comunidades, más dadas a repartirse culpas que competencias.

Incrementar y mantener los parques de vivienda pública para alquiler

Este es el corazón del informe. En 2024, el parque de alquiler social en España apenas alcanzaba el 3,3 % de las viviendas principales, frente a una media europea del 8 % y cifras que rondan o superan el 20 % en Austria, Francia o Países Bajos. La paradoja es que España sí construyó vivienda protegida: entre 1962 y 2020 se levantaron unos 5,7 millones, el 31,5 % del total edificado. El problema es que muchas perdieron su calificación con el tiempo y acabaron en el mercado libre. Por eso el Defensor reclama una calificación permanente y que estas viviendas se destinen al alquiler frente a la venta, priorizando a familias con menores, hogares monoparentales, víctimas de violencia de género, jóvenes, mayores y personas con discapacidad. Un parque público suficiente, añade, serviría además para moderar los precios del mercado.

Los desahucios de personas vulnerables

Mientras ese parque no exista, y tardará en existir, el informe pide medidas extraordinarias frente al desahucio de personas vulnerables que no pueden asumir las subidas del alquiler y quedan expuestas a la exclusión social. También plantea estudiar una prestación económica subsidiaria para los colectivos con más dificultades, de cuantía suficiente para acceder a un alquiler en el mercado, siguiendo el modelo de algunas comunidades. Es, en el fondo, el reconocimiento implícito de que la solución estructural va para largo y de que, entretanto, hay familias que no pueden esperar.

Incentivos y fiscalidad para sacar al mercado las viviendas vacías

Otra línea de actuación pasa por movilizar las viviendas privadas desocupadas hacia el alquiler asequible mediante incentivos fiscales, acuerdos de cesión con grandes tenedores y programas públicos de intermediación. El Defensor pide además que las ayudas al alquiler y a la rehabilitación se tramiten con agilidad, evitando las largas demoras actuales y las desestimaciones masivas por agotamiento del crédito presupuestario. Una crítica nada velada a un sistema de ayudas que, demasiadas veces, se anuncia con fanfarria y se resuelve con silencio administrativo.

El problema de los pisos turísticos

El informe tampoco esquiva la cuestión más incendiaria: la limitación de los alquileres turísticos en los municipios donde su expansión está perjudicando al alquiler de vivienda habitual y acelerando la gentrificación. La recomendación llega cuando ciudades como Barcelona ya exploran fórmulas para restringir incluso el alquiler de temporada en determinados barrios. El diagnóstico del Defensor es, en definitiva, certero y completo. Lo que queda por ver es si las administraciones lo leerán como una hoja de ruta o como un informe más para el cajón. La experiencia invita a la prudencia; la urgencia, a la exigencia.