La exigencia de las organizaciones de consumidores que llega antes de las urnas
Cada vez que se convocan elecciones generales se repite la escena. Los partidos afinan eslóganes, preparan debates y llenan sus programas de grandes promesas. Mientras tanto, los problemas que más pesan en el día a día de los ciudadanos (lo que cuesta pagar el alquiler, la factura de la luz o la cesta de la compra) quedan como un apartado menor, de esos que nadie lee. Esta vez las organizaciones de consumidores han decidido adelantarse. La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha pedido que la protección de las personas consumidoras ocupe un lugar central en los programas electorales y en la agenda del próximo Gobierno. Es una reivindicación que entronca con la que OCU y Facua llevan años trasladando a los partidos en cada cita con las urnas.
El diagnóstico de partida es difícil de discutir. La crisis de la vivienda, el aumento del coste de la vida, los retos de la transición energética y digital y la dificultad para hacer valer los derechos que ya recoge la ley exigen, según CECU, respuestas políticas ambiciosas y medidas concretas. Llama la atención que haya que recordarlo: buena parte de la legislación de consumo lleva meses bloqueada, y cada disolución de las Cortes la devuelve a la casilla de salida.
Avanzar en los derechos de los consumidores
La organización ha presentado una agenda de diez prioridades. Lo importante no está tanto en el número como en la idea que las une: aprobar normas no sirve de nada si luego nadie vigila que se cumplan. CECU pide que los compromisos electorales se traduzcan en medidas legislativas, recursos públicos y mecanismos de supervisión efectivos. Dicho de otro modo, que lo que se promete en campaña no se quede en el programa.
En esa línea reclama más competencias y más medios para las autoridades de consumo y de vigilancia del mercado, una respuesta efectiva a las denuncias de las asociaciones y la transposición de la Directiva de acciones colectivas, que en España acumula un retraso considerable. La advertencia final de la federación es muy directa: sin una apuesta firme por el movimiento de consumidores, los operadores económicos no tendrán contrapeso. Cuesta llevarle la contraria a quien haya intentado alguna vez reclamar a una gran compañía.
Especial hincapié en el derecho a la vivienda
La vivienda encabeza la lista, y no es casualidad. Es hoy el principal motivo de angustia de muchos hogares y el ejemplo más claro de un mercado donde el consumidor negocia en clara desventaja. CECU propone regular la actividad de las empresas inmobiliarias desde la perspectiva de la protección del consumidor. Es un enfoque poco habitual: suele hablarse de la vivienda como asunto urbanístico o fiscal, y casi nunca como una relación de consumo con una parte claramente más débil.
Las propuestas concretas no dejan lugar a dudas: avanzar hacia contratos de alquiler indefinidos, frenar las compras especulativas y ampliar el parque público de vivienda mediante la movilización de viviendas infrautilizadas. La primera choca con el modelo actual de contratos de cinco o siete años, que obliga a muchos inquilinos a vivir pendientes de la siguiente renovación y de la subida que puede traer. La segunda apunta a un fenómeno que distintos agentes del sector señalan desde hace tiempo: la vivienda tratada como activo financiero antes que como hogar. La tercera es quizá la más pragmática, porque un país con un parque público residual y miles de viviendas vacías tiene margen para actuar sin esperar a que se construya lo que llevará años levantar.
Ninguna de estas medidas es sencilla, y todas tendrán detractores, sobre todo entre los propietarios y los inversores, que alertan de que más intervención puede retraer la oferta. Pero que figuren en el debate electoral ya obliga a los partidos a mojarse. Ese es precisamente el objetivo.
Otras prioridades que se demandan a los partidos
La agenda va bastante más allá del ladrillo. En energía, CECU pide una hoja de ruta para electrificar y descarbonizar los hogares y una rehabilitación energética que no recaiga sobre quienes menos tienen. Su argumento es que la transición no puede convertirse en otro sobrecoste para las familias vulnerables. En alimentación reclama precios justos, más transparencia en los márgenes de la cadena alimentaria y una regulación más estricta de la publicidad de alimentos dirigida a menores.
El terreno digital tiene peso propio: más supervisión de las grandes plataformas, aplicación ambiciosa del Reglamento de Mercados Digitales, una Ley de Equidad Digital y la prohibición de los llamados patrones oscuros, esos diseños pensados para que el usuario acepte lo que no quiere o no encuentre el botón de baja. A ello se suman la Ley de Consumo Sostenible y el derecho a reparar, el problema de la contaminación del agua por nitratos, que impide a miles de personas beber agua del grifo, la seguridad de los productos, el control aduanero y una nueva Ley de Transparencia que obligue a las administraciones a explicar cómo usan algoritmos e inteligencia artificial cuando afectan a los derechos de la ciudadanía.
Avanzar en una sociedad más justa e igualitaria
Detrás de esta lista hay una idea de fondo que conviene no perder de vista. La política de consumo no es un asunto técnico reservado a especialistas. Es la forma en que el Estado decide quién asume los costes y los riesgos en las relaciones económicas cotidianas. Cuando un inquilino no puede planificar su vida más allá de la próxima renovación, cuando una familia no puede beber el agua de su grifo o cuando un usuario queda atrapado en una suscripción que no logra cancelar, el problema no es solo de mercado. Es también de igualdad de oportunidades.
CECU lo resume pidiendo que la próxima legislatura garantice que todas las personas puedan acceder a bienes y servicios esenciales en condiciones justas, seguras y sostenibles. La pelota está ahora en el tejado de los partidos. Veremos cuántos convierten estas demandas en compromisos medibles y cuántos se limitan a la frase de rigor sobre “proteger a las familias”. Los programas electorales los lee poca gente, pero sus consecuencias las pagan todos.
