El Govern ha dado este martes uno de esos pasos que, al menos sobre el papel, suenan a cambio de marcha. El Consell Executiu aprobó una inversión de 1.015 millones de euros para políticas de vivienda en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con un reparto claro: el Estado pone 609 millones (el 60%) y la Generalitat de Cataluña los 406 millones restantes (el 40%). Con ese dinero se prevé adquirir, promover o rehabilitar 29.235 viviendas y conceder ayudas al alquiler a 121.800 jóvenes.
No es una cifra menor en una comunidad que figura entre las zonas más tensionadas del país, donde comprar o alquilar se ha convertido en una carrera de obstáculos, sobre todo para quienes empiezan. El anuncio lo avanzó el propio president Salvador Illa en la apertura del XIV Fòrum FemCat, y lo hizo con una prudencia poco habitual en estos casos. Reconoció que las medidas “no darán un resultado mañana”, aunque defendió que hacen falta actuaciones concretas y planificadas. Es una dosis de realismo que se agradece, porque la crisis de la vivienda no se arregla con una rueda de prensa.
Una financiación blindada, gobierne quien gobierne
Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es que la financiación ya está avalada por el Ministerio de Hacienda. En enero Cataluña recibirá un anticipo del 10% de lo que le corresponde de los fondos estatales, con independencia de quién ocupe La Moncloa. En conjunto, la Generalitat se queda con alrededor del 15% del dinero movilizado por el Estado en el plan. Que la vivienda deje de depender del calendario electoral parece de sentido común, pero en España no suele ocurrir.
Todo ello se enmarca en el Pla 50.000, con el que el Ejecutivo catalán aspira a incorporar 50.000 viviendas al parque público de alquiler hasta 2030.
Las líneas de actuación del plan de inversiones
El paquete se reparte en seis líneas de actuación. Dos de ellas concentran la mayor parte del dinero, con 304,5 millones cada una: una para rehabilitación y otra para ayudas al alquiler de los jóvenes. Les siguen las compras mediante tanteo y retracto, con 260,7 millones, la promoción de vivienda pública de alquiler, con 77,7 millones, las cooperativas y la vivienda de inclusión, con 37,6 millones, y un programa de cesión de viviendas dotado con 29,8 millones. Sumadas, las seis partidas cuadran con los 1.015 millones anunciados.
Obra nueva y rehabilitación
La rehabilitación es el eje con más viviendas: 20.300 inmuebles, el volumen más alto de todo el plan. Es una apuesta lógica, porque mejorar el parque existente es más rápido y barato que levantar edificios nuevos. Queda, eso sí, una duda importante: el Govern no ha aclarado si se incluirán las fincas vulnerables que se quedaron fuera de los fondos Next Generation. Si vuelven a quedarse fuera, el plan dejará atrás precisamente a los edificios que más lo necesitan.
En cuanto a la obra nueva, se darán subvenciones de 20.000 euros por vivienda a las promociones de alquiler de promotores públicos acogidas al Pla 50.000. Además, se crea una línea de refuerzo de 300 euros por metro cuadrado útil para las promociones de entidades sociales que reserven al menos un 20% de las viviendas a personas con menos ingresos.
Los jóvenes en el objetivo
El otro gran capítulo son los jóvenes. Los 304,5 millones en ayudas al alquiler llegarán a 121.800 beneficiarios, lo que sale a unos 2.500 euros por persona. Es un alivio real para muchos bolsillos, aunque conviene no perder de vista el riesgo de siempre: las ayudas a la demanda, si la oferta no crece, pueden acabar en buena parte en los precios. Por eso tiene sentido que el plan combine estas ayudas con la creación de vivienda nueva y no se limite a repartir cheques.
Promoción de viviendas, cooperativas y compras
La partida de compras es probablemente la más estratégica. Con 260,7 millones, la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) prevé adquirir 3.070 viviendas y reforzar las operaciones de tanteo y retracto de ayuntamientos y entidades sociales. Las ayudas actuales se completarán con subvenciones de hasta el 20% del precio del inmueble y otros 12.000 euros para obras de rehabilitación.
A esto se suman los 77,7 millones para promover 3.825 pisos de alquiler, los 37,6 millones para cooperativas y vivienda de inclusión, con unas 1.040 viviendas previstas, y los 29,8 millones del nuevo programa de cesión. Con este último, ayuntamientos y entidades del tercer sector podrán captar 1.000 viviendas del mercado privado para bolsas de mediación o programas de inserción. Es una fórmula interesante para movilizar pisos vacíos sin necesidad de construir.
Más manos para gestionar el plan
Los planes de vivienda suelen fallar por falta de gente que los ejecute, no por falta de dinero. El Govern parece haberlo tenido en cuenta, porque aprobó también la incorporación de 67 profesionales a la Agència de l’Habitatge de Catalunya. No es una plantilla enorme para gestionar más de mil millones, pero va en la buena dirección.
Barcelona también prevé una fuerte inversión en vivienda
El mismo martes, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó inicialmente unos presupuestos que también miran a la vivienda. Prevé invertir 76 millones de euros en 2027 en vivienda de alquiler protegido a través de Habitatge Metròpolis Barcelona. El IMPSOL contará con 88,8 millones para promover vivienda asequible y el Consorcio Metropolitano de la Vivienda gestionará 4,6 millones para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios.
Las cuentas metropolitanas suman 2.988 millones, un 3,18% más que el año anterior. Incluyen además 27,6 millones para urbanizar el entorno de las Tres Xemeneies y 5,6 millones para culminar el Plan Director Urbanístico Metropolitano.
Sobre el papel, Cataluña empieza a ordenar las piezas. Habrá que ver si la ejecución está a la altura de los titulares, porque en vivienda lo más difícil no es anunciar el dinero, sino gastarlo bien y a tiempo.