Hay que reconocerle a la política española una virtud: su capacidad para descubrir los problemas cuando ya se han convertido en emergencia. La vivienda lleva más de una década enquistada en el día a día de millones de hogares, pero ha hecho falta que el 43% de la población la señale como su principal preocupación (en 2019 era apenas el 2,4%) y que los sindicatos la incluyan entre las reivindicaciones de una huelga general para que el debate suba de temperatura. En ese clima, la Fundación Avanza, vinculada al PSOE, ha presentado un ambicioso paquete de propuestas que, de aplicarse, cambiaría a fondo el mercado residencial. La más llamativa: contratos de alquiler de duración indefinida.

El documento, presentado el pasado 5 de noviembre, quiere sentar las bases de una nueva política de vivienda y es una de las referencias del debate programático socialista de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Llega con una ambición que contrasta con el ritmo de los últimos años, en los que los anuncios han ido muy por delante de los resultados.

Préstamos públicos sin intereses para acceder a la vivienda

En el mercado de compraventa, la medida estrella es una financiación pública sin intereses para los menores de 40 años que quieran comprar su primera vivienda. El diagnóstico es conocido por cualquiera que haya intentado emanciparse: muchos jóvenes podrían pagar una hipoteca, pero no consiguen reunir la entrada. El informe lo apoya con cifras demoledoras: la tasa de emancipación entre los 18 y los 34 años cayó en 2025 al 31,3%, 17 puntos menos que en 2010, y comprar una casa depende cada vez más del patrimonio familiar, las herencias y el ahorro previo, y cada vez menos del salario.

La idea suena bien, aunque por ahora carece de letra pequeña: no se concretan los requisitos de acceso, las condiciones de concesión ni de dónde saldría el dinero. Se completa con una deducción temporal, decreciente y limitada en el IRPF para la compra de la primera vivienda.

La introducción de contratos de duración indefinida

Es la propuesta con más impacto potencial sobre el alquiler. Siguiendo modelos como los de Alemania y Países Bajos, los contratos no tendrían fecha de caducidad y el propietario solo podría resolverlos por causas tasadas, previamente establecidas por ley. Se acabaría así el ciclo de renovaciones sucesivas que hoy obliga a muchos inquilinos a vivir pendientes del calendario y de la próxima subida.

La fundación defiende que esta estabilidad permite planificar la vida familiar y económica. Los propietarios, previsiblemente, verán en ella una nueva vuelta de tuerca que puede retraer aún más la oferta, que es precisamente el talón de Aquiles del mercado. Ese será sin duda uno de los frentes más calientes del debate.

El informe “Proteger y construir. Hacia un New Deal para la vivienda en España”

El documento, elaborado junto a la Fundación Friedrich Ebert, parte de una idea que resume bien su director general, Berna León: construir es imprescindible, pero no basta. Como recuerda, a principios de los 2000 España levantaba más casas que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos, y los precios no dejaron de subir. Su apuesta pasa por un Estado que actúe con la lógica de una política industrial, poniendo suelo público, financiación estable y demanda pública al servicio de la vivienda asequible.

Los datos de partida explican la urgencia: un joven puede llegar a destinar el 92,3% de sus ingresos netos a la vivienda, y entre 2019 y 2025 el salario mínimo subió 284 euros mensuales, frente a un incremento medio estimado de 320 euros en los alquileres.

Mayor transparencia en el mercado

Aquí el informe pone el dedo en una llaga casi sonrojante: España regula el alquiler sin saber cuántos contratos hay ni en qué condiciones se firman. Propone un registro obligatorio de contratos en el Registro de la Propiedad, competencia exclusiva del Estado. Es, por cierto, una medida que el Gobierno ya anunció y nunca llegó a poner en marcha. Según el documento, los precios de los portales inmobiliarios pueden sobreestimar hasta un 30% las rentas reales. También plantea evaluar periódicamente los efectos de la regulación en las zonas tensionadas y cerrar la puerta a que los alquileres temporales y turísticos sirvan para esquivar las obligaciones de la vivienda habitual.

Las medidas para incrementar el parque de vivienda social

El gran pilar del plan es pasar del 3,5% de vivienda social actual al 10% del parque residencial en quince años, por encima de la media europea (en torno al 8%) y con Austria, Dinamarca y Países Bajos como espejo. Esto supondría sumar unos 1,69 millones de viviendas a las 614.000 existentes.

El coste estimado es de 20.300 millones de euros anuales, el 1,3% del PIB, calculado a un precio medio de 180.000 euros por vivienda. Solo entre 4.000 y 6.200 millones serían capital estrictamente público; el resto llegaría mediante deuda en condiciones favorables e inversión privada regulada. Para sostenerlo, propone cinco instrumentos: un regulador independiente con acreditación de proveedores, un fondo de garantías, un mandato estable para el ICO, un fondo rotatorio y acuerdos-programa a diez años entre administraciones y proveedores. A ello suma movilizar suelo de empresas públicas, puertos y terrenos ferroviarios y militares, y recuperar una Dirección General de Ciudades, como la que se creó en 1992.

La vivienda pública lo será para siempre

Quizá el dato más elocuente de todo el informe: desde 1960 se han promovido 6,5 millones de VPO, pero hoy solo quedan unas 318.000 de titularidad pública, el 1,7% de los hogares. España ha construido vivienda protegida durante décadas para acabar regalándosela al mercado libre. Para evitarlo, la fundación plantea blindar por ley orgánica o incluso mediante reforma constitucional la protección permanente de toda vivienda construida, adquirida o rehabilitada con dinero o suelo públicos.

Un mercado de la vivienda más social

El informe apuesta por impulsar entidades sin ánimo de lucro especializadas en vivienda asequible, al estilo de las housing associations británicas, y por fijar alquileres basados en los costes reales de construcción y mantenimiento, con ayudas directas cuando los ingresos no lleguen. Además, propone que las administraciones ejerzan derechos de tanteo y retracto cuando los grandes fondos de inversión vendan carteras de viviendas o créditos hipotecarios con descuento, para incorporarlas al parque público.

Otros aspectos en los que profundiza el informe

En el terreno fiscal, plantea un IBI que grave más el suelo y menos la edificación, para corregir un desequilibrio llamativo: las viviendas modestas tributan sobre el 42% de su valor de mercado y las más caras, sobre el 32%. Se estudiaría también una imputación moderada en el IRPF ligada al valor de la vivienda habitual, compensada con rebajas a las rentas del trabajo medias y bajas. El documento recuerda además que las residencias universitarias solo alojan al 7% de los estudiantes, frente al 17% de Francia, y destaca el potencial de las Viviendas-Alojamientos Dotacionales (VAD).

Un modelo de mercado que rompe con el anterior

El conjunto dibuja un cambio de paradigma: más Estado, más protección al inquilino, más vivienda pública permanente y una fiscalidad orientada al suelo. Sobre el papel, es el plan más ambicioso que se ha visto en años. El problema es justamente ese, el papel. Todo depende de nuevas leyes, de financiación sostenida durante quince años y de que Estado, comunidades y ayuntamientos se pongan de acuerdo, algo que en materia de vivienda ha sido históricamente una quimera. Que la propuesta llegue de la mano del partido que gobierna desde 2018 obliga además a preguntarse por qué buena parte de estas medidas, empezando por el registro de contratos, no se han aplicado ya. La crispación empuja, y eso es bueno. Ahora falta que la urgencia electoral se convierta en política de Estado y no se quede, otra vez, en un buen titular.