Algo muy gordo tiene que estar pasando con la vivienda protegida andaluza para que la Junta de Andalucía, poco aficionada a estos controles, haya decidido mirar debajo de la alfombra. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028, que revisará 26.656 viviendas para comprobar si las ocupan quienes deben, al precio que deben y para lo que deben. El plan estará vigente hasta 2028 y se podrá prorrogar un año. La cifra impresiona hasta que se pone al lado del parque total: 216.482 viviendas protegidas en Andalucía. Se inspeccionará poco más del 12,3%. Es un primer paso, pero bastante corto para un problema que lleva años pudriéndose.

Respetar la legalidad de adjudicación de las VPO

La VPO tiene una lógica muy sencilla. El dinero público y el suelo protegido se ponen al servicio de quien no puede pagar el mercado libre, a cambio de unas condiciones: vivir en ella de forma habitual y permanente, no especular con ella y respetar los precios máximos de venta y alquiler. Si esas condiciones no se cumplen, la vivienda deja de cumplir su función. Y en muchos casos ya no la cumple. Hay pisos protegidos cerrados, pisos alquilados muy por encima del máximo legal y, en el colmo del descaro, pisos convertidos en apartamentos turísticos en plena crisis de acceso a la vivienda. Mientras tanto, miles de familias inscritas en los registros de demandantes siguen esperando un turno que no llega.

¿Qué puede suceder a los adjudicatarios que estén incumpliendo?

Quien no resida en la vivienda, la alquile por encima del precio máximo o la destine a uso turístico se arriesga a que le abran expediente sancionador, a tener que devolver ayudas y, en el peor de los casos, a perder la protección. El plan pone el foco en tres frentes: las viviendas desocupadas, la comprobación de que quien vive en ellas cumple los requisitos de acceso y la detección de usos no permitidos. También entran en el radar los impagos, las ventas irregulares y las operaciones de compraventa o alquiler por encima de los precios autorizados. Es decir, casi todo el catálogo de picardías que se ha consentido durante años.

¿Cómo van a actuar los inspectores?

Aquí la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía aporta herramientas nuevas. Su artículo 105.2 obliga a las compañías de agua, luz y otros suministros a entregar a la Administración, en quince días hábiles, los contratos, los cambios de titular, las altas y bajas y las lecturas de los contadores. Un piso con consumo nulo o intermitente durante meses resulta, como poco, sospechoso. El artículo 116.2 suma otros indicios: el padrón municipal, las declaraciones de los propietarios e incluso los testimonios vecinales. Con todo, un contador parado no es una infracción por sí mismo. Cada caso exigirá una investigación propia, y la selección de zonas y promociones se hará con criterios territoriales, sectoriales y cuantitativos que todavía no se han hecho públicos.

De 125 casos a 26.656: ¿con qué inspectores?

Este es el punto débil del plan, y conviene decirlo sin rodeos. El Plan de Inspección de 2024 preveía 60 actuaciones y acabó analizando 125 situaciones: 82 por uso turístico, 28 por sobreprecio en el alquiler y cinco por alquiler a personas jurídicas. De ahí salieron 69 expedientes sancionadores. Pasar de 125 casos a 26.656 multiplica el trabajo por más de doscientos. Si no hay presupuesto, inspectores y personal jurídico para tramitar miles de expedientes, el plan se quedará en un titular de nota de prensa. Ya se ha visto en otras administraciones: se anuncia el plan con fanfarria y luego se queda sin dotación.

¿Qué es el AVRA y cuántas VPO tiene?

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) es el organismo de la Junta que construye, gestiona y administra el parque público de vivienda de la comunidad. Gestiona unas 75.000 viviendas, de modo que las 26.656 que entran en el plan son el 35,5% de su cartera: más de una de cada tres. Hay que señalar algo incómodo. AVRA va a inspeccionar en buena medida su propio parque, cuya vigilancia era responsabilidad suya desde el principio. Que ahora haga falta un plan específico deja en evidencia años de dejadez administrativa.

Fuertes sanciones y pérdida de los derechos

El artículo 117 de la Ley 5/2025 fija multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves, entre 3.001 y 25.000 euros para las graves y entre 25.001 y 120.000 euros para las muy graves. Cobrar cantidades no permitidas por el alquiler o la venta es una infracción grave. Si la renta supera en más de un 20% el máximo legal o la venta supera en más de un 40% el precio tope, puede ser muy grave. El alquiler turístico de una VPO se considera agravante, y la ley permite sancionar por separado cada vivienda cuando un mismo infractor acumula varias. A eso se suma la pérdida de la protección y la devolución de lo recibido. Las cifras asustan, pero solo disuaden si se acaban cobrando.

La punta del iceberg en Andalucía y el resto del Estado

Que en 2024 la mayoría de los casos analizados tuvieran que ver con el uso turístico dice mucho de hacia dónde se ha ido el parque protegido en las zonas con más presión de visitantes. Y es muy probable que esos casos sean solo los visibles. El problema tampoco es exclusivo de Andalucía. En toda España, la vivienda protegida se ha descalificado, revendido y alquilado sin apenas control durante décadas, mientras los gobiernos anunciaban nuevos planes de VPO como si el parque existente se vigilara solo. Recuperar para su función social los pisos protegidos que ya existen es más barato y más rápido que construir otros nuevos. Esa es la lección que debería quedar. El resto dependerá de que la Junta acompañe el plan con medios suficientes. Si no lo hace, dentro de dos años volveremos a hablar del mismo fraude con cifras todavía peores.