La Diputación Permanente tira el decreto de las prórrogas automáticas

Hubo guion y se cumplió. La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado por 35 votos a favor y 34 en contra el Real Decreto-ley 29/2026, el paquete grande de medidas de vivienda del Gobierno. Por el mismo margen, pero al revés, ha tumbado el Real Decreto-ley 28/2026, el que contemplaba la renovación automática de los alquileres y la indemnización al inquilino. Nadie se llevó un susto. Los números se sabían desde hacía días, y la única duda era si alguien se equivocaría de botón. Nadie lo hizo.

Conviene recordar por qué ha votado la Permanente y no el Pleno. Los dos decretos cayeron en el Congreso el 2 de octubre, y aquello acabó en elecciones para el 29 de noviembre. Con las Cortes disueltas, este órgano de guardia es el único que puede convalidar normas. El Consejo de Ministros volvió a aprobar los textos el 6 de octubre con pocos retoques, y en la Permanente la aritmética es distinta de la del Pleno. Lo que en octubre era una derrota se ha convertido en una victoria por un voto.

El contenido del decreto aprobado

El decreto que se salva lo trae casi todo. Prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, sobre todo cuando el propietario es una gran entidad que compró viviendas o carteras de hipotecas impagadas por debajo de su valor de mercado. Hay además una novedad, la llamada enervación: la Administración tiene dos meses para dar una alternativa habitacional o pagar la deuda y las costas, y entonces se subroga en el pago al casero. Si eso no ocurre, el desahucio queda suspendido hasta tres años con compensación económica al propietario. Esta suspensión no afecta a quien tenga dos viviendas o menos.

El texto también incluye el programa Tu Casa, gestionado por el ICO y dotado con 10.000 millones de euros. Concede préstamos sin intereses de hasta el 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros, para completar la hipoteca de una primera vivienda. A cambio, esa vivienda queda sujeta para siempre a un precio máximo de reventa. Se suma un fondo de impacto social de 400 millones para vivienda de proveedores sociales. Los fondos “buitre” y los grandes tenedores no podrán comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación hasta 2030, salvo algunas excepciones como el alquiler social.

El segundo decreto rechazado recogía las medidas más polémicas

El texto que ha caído era el que más ruido hacía. Lo impulsaba Sumar y proponía que, pasados los cinco primeros años de contrato (siete si el arrendador es una empresa), el alquiler se prorrogara automáticamente otros cinco o siete años. Si el propietario quería recuperar la vivienda, tendría que pagar al inquilino una indemnización de doce mensualidades, salvo que la necesitara para sí o para su familia directa. Para buena parte del sector era, en la práctica, el alquiler indefinido. Para sus defensores era la única forma real de dar estabilidad a quien vive de alquiler. Ahora ninguno de los dos bandos podrá comprobar quién tenía razón.

Cómo han sido las votaciones

El decreto general salió adelante con los votos de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos. Podemos tiene en la Permanente el voto de todo el Grupo Mixto, un detalle que ha resultado decisivo. En contra votaron los 34 de PP, Vox y Junts, que en el Pleno sí sumaban mayoría absoluta. En el segundo decreto, el PNV volvió a votar no, igual que en octubre, y con eso el texto se derogó. Junts, que fue quien decidió las votaciones del Pleno, esta vez no tenía en sus manos el resultado.

Qué han opinado los distintos partidos

El PP ha calificado la convalidación de “fraude”, porque considera que se aprueba con la Cámara disuelta lo que el Pleno ya había rechazado. El PSOE promete “más mano dura” contra la especulación. El PNV sigue en su línea: apoya el paquete general y se niega a la prórroga obligatoria con indemnización, que considera una intromisión excesiva en la propiedad. Sumar se queda con su medida estrella guardada para la campaña, que tampoco le viene mal.

Qué significa este decreto para los propietarios

Para el pequeño propietario hay de todo. Las reducciones sobre los rendimientos del alquiler pueden llegar al 100% si se rebaja la renta, se alquila a jóvenes de 18 a 35 años, se ha rehabilitado la vivienda o está en zona tensionada. Además, la Administración se hace cargo de los costes de los desahucios de vulnerables, para no cargarlos al casero modesto. Por otro lado, ya no podrá repercutir al inquilino los honorarios de gestión ni el IBI. Las garantías adicionales a la fianza quedan limitadas a dos mensualidades, y queda prohibido exigir al inquilino un seguro de impago. Hasta el 31 de diciembre de 2027, si la renta supera el índice de referencia no podrá subirse. Si está por debajo y no hay acuerdo, la subida máxima será del 2%.

Los inquilinos se verán beneficiados

Quien vive de alquiler es el gran beneficiado. Podrá pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años, por renovaciones anuales, si su contrato termina antes del 31 de diciembre de 2028 y ha pagado puntualmente las últimas ocho mensualidades. El propietario no puede negarse, salvo que acredite que necesita la vivienda para él o para su familia. Consumo calcula que la medida alcanza a unos cinco millones de personas, con un ahorro medio de 4.300 euros.

Algunas novedades en fiscalidad

Se crea una deducción estatal en el IRPF del 10% de lo pagado de alquiler para bases imponibles inferiores a 33.007,20 euros. La base máxima es de 11.630 euros, lo que supone un ahorro de hasta 1.163 euros para quien no pase de 23.007,20. El Gobierno calcula que la aprovecharán 1,6 millones de hogares. Los pisos turísticos de menos de 30 noches pagarán un IVA del 10% desde el 1 de diciembre, y no del 21% que se planteó al principio. Los ayuntamientos de zonas tensionadas podrán aplicar recargos en el IBI de hasta el 50% a los pisos turísticos y de hasta el 150% a las viviendas vacías de forma permanente. Las socimis tendrán un gravamen especial del 25% sobre los beneficios no distribuidos del alquiler residencial.

Cambios para el alquiler de habitaciones y alquileres temporales

Se acaba el uso del contrato de temporada como vía de escape. A partir de ahora hará falta una causa real y acreditable, una duración de entre 31 días y 12 meses, y no se podrán encadenar más de dos contratos seguidos. Si no se cumple, el alquiler se considerará de vivienda habitual desde el primer día. En el alquiler por habitaciones, la suma de lo que pagan los distintos inquilinos no podrá superar lo que costaría alquilar la vivienda completa.

Su aplicación y temporalidad

Gran parte de estas medidas está en vigor desde el 8 de octubre, y la convalidación asegura que se mantengan. Algunas ayudas, como Tu Casa, todavía necesitan un acuerdo del Consejo de Ministros para poder solicitarse. El problema es que muchas de estas protecciones caducan en 2027, 2028 o 2030, y eso convierte el decreto en un dique provisional en plena crisis de vivienda.

El 29 de noviembre, la prueba de fuego

Aquí está la incógnita. Si las urnas dan otra mayoría y el decreto se desmonta, habrá cinco millones de inquilinos expuestos de golpe. Muchos propietarios llevan años de topes y prórrogas, y no es difícil imaginar subidas desproporcionadas en cuanto desaparezcan los límites. Algunas incluso podrían tener algo de revancha. Tampoco sería raro ver contratos que no se renuevan para buscar inquilinos con más ingresos o mejores condiciones. Derogar es rápido. Arreglar el desaguisado en un mercado sin oferta y con precios disparados llevaría mucho más. Quien gane el 29 de noviembre debería tenerlo en cuenta antes de lanzarse.