La vivienda se ha convertido en la gran herida abierta de la España de esta década, y todos los partidos lo saben. Lo que no parecen saber, o no quieren aceptar, es que ninguno la va a cerrar solo. En ese contexto llega el informe “Proteger y construir. Hacia un New Deal para la vivienda en España”, elaborado por la Fundación Avanza, vinculada al PSOE, junto con la Fundación Friedrich Ebert. Se presentó el pasado 5 de noviembre y está llamado a ser una de las bases del programa socialista para las elecciones generales del 29 de noviembre.
El documento plantea movilizar 20.300 millones de euros anuales para ampliar el parque asequible y contiene ideas que merecen atención. Pero conviene recordar una cosa antes de aplaudir o abuchear: el PSOE lleva ocho años en La Moncloa. En los dos últimos se ha movido mucho en materia de vivienda, es cierto, aunque con frecuencia a golpe de decreto y titular. Presentar ahora un New Deal tiene algo de examen que uno se pone a sí mismo después de haber tenido el aula entera a su disposición.
El momento tampoco es casual. La propuesta coincide con la huelga general convocada el pasado miércoles por los sindicatos, que tiene el acceso a la vivienda entre sus principales reivindicaciones. La fundación defiende una transformación estructural frente a los parches temporales. Sobre el papel, nadie puede estar en contra.
Avanzar en un cambio de estructura del mercado inmobiliario
El diagnóstico de fondo es correcto: el problema no se arregla con ayudas puntuales, sino cambiando cómo funciona el mercado. El informe propone un registro obligatorio de contratos de alquiler que permita conocer las rentas realmente pactadas, ya que los precios de los portales pueden sobrestimar lo que pagan los inquilinos. También plantea evaluar periódicamente la regulación en zonas tensionadas y cerrar la puerta a los alquileres temporales y turísticos que se usan para esquivar las obligaciones de la vivienda habitual.
Todo razonable, siempre que se aplique. Y aquí está el primer escollo: buena parte de estas herramientas dependen de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en vivienda. Ya hemos visto cómo la Ley de Vivienda se ha quedado en papel mojado en los territorios que han decidido no aplicarla. Una política estatal que no se pacta con quien tiene que ejecutarla es, en el mejor de los casos, una declaración de intenciones.
Introducción de contratos de duración indefinida
La medida más llamativa es la implantación de contratos de alquiler de duración indefinida, al estilo de Alemania y Países Bajos. El propietario solo podría resolverlos por causas tasadas previamente, y la continuidad del alquiler dejaría de depender de renovaciones sucesivas.
La estabilidad para las familias es un objetivo legítimo. Pero trasplantar un modelo alemán a un mercado donde el pequeño propietario es mayoritario y la seguridad jurídica frente a la morosidad está muy cuestionada exige mucho más que una ley. Sin garantías claras para quien alquila su piso, el riesgo es evidente: menos oferta, más requisitos y más inquilinos fuera del mercado. Precisamente lo contrario de lo que se busca.
Préstamos sin intereses para los jóvenes
En compraventa, el informe propone financiación pública sin intereses para menores de 40 años que quieran adquirir su primera vivienda. La idea apunta bien: muchos jóvenes podrían pagar una hipoteca, pero no consiguen reunir la entrada.
El propio documento reconoce que falta concretar condiciones, requisitos y financiación. Y hay un riesgo que cualquiera que conozca el mercado detecta enseguida: si se inyecta demanda sin aumentar la oferta, el dinero público acaba en el precio. Ayudar a comprar sin ayudar a construir es empujar a los jóvenes a una puja más cara.
Incrementar el parque de vivienda social
El segundo gran pilar es pasar del 3,5% de vivienda social actual al 10% en quince años, mirando a Austria, Dinamarca y los Países Bajos. Para ello se movilizaría suelo de la Administración, de empresas públicas y de autoridades portuarias, y se acortarían los plazos urbanísticos que hoy convierten cualquier promoción en una carrera de obstáculos.
Es el objetivo correcto. Pero construir lleva años, y el problema es ahora. Por eso el esfuerzo constructor a medio plazo debe ir acompañado de un aprovechamiento intensivo de lo que ya existe: remontas y levantes de plantas en edificios consolidados, cambios de uso de locales y oficinas, rehabilitación de viviendas vacías y compra de vivienda a los fondos para incorporarla al parque público. Es la vía rápida, y el informe la deja demasiado en segundo plano, tal vez porque es la más compleja.
Mantener la protección de la vivienda pública
Una de las propuestas más sensatas es blindar las viviendas construidas o rehabilitadas con dinero público para que no puedan descalificarse y pasar al mercado libre, incluso estudiando una reforma constitucional. España ha regalado durante décadas su vivienda protegida al mercado una vez vencido el plazo, y así nos va. Aquí el acuerdo debería ser fácil, aunque con la experiencia de la denuncia en Navarra por parte del PP, tal vez no lo sea tanto, como siempre, demasiados intereses en juego. Que no lo sea dice más de nuestra clase política que de la medida.
Colaboración con el sector privado
El informe propone impulsar entidades sin ánimo de lucro especializadas en vivienda asequible, al modo de las housing associations británicas, y prevé que la mayor parte de la inversión proceda de financiación privada regulada. Es un reconocimiento implícito de que el Estado no puede solo, algo que choca con el discurso que demoniza a promotores y propietarios cuando conviene en campaña.
Y este es el fondo del asunto. El debate se ha partido en dos bloques irreconciliables: propietarios y empresas a un lado, inquilinos al otro. Una división irresponsable alimentada por unos y otros, con mítines dedicados a la parroquia propia para arrancar el aplauso de la claque. Mientras tanto, el problema nos afecta a todos: al joven que no se emancipa, al propietario que no se atreve a alquilar y al constructor que no encuentra suelo ni licencia. Solo entre todos se puede sacar adelante.
Cambios en la fiscalidad
El documento plantea reformar el IBI para que grave más el valor del suelo y menos la edificación, y corregir un sistema catastral desequilibrado: las viviendas modestas tributan de media sobre el 42% de su valor de mercado, frente al 32% de las más caras. También propone revisar aspectos del IRPF ligados a la propiedad. Corregir esa regresividad es de justicia, aunque, una vez más, el IBI es municipal y el catastro, una maquinaria lenta. Sin ayuntamientos a bordo no habrá reforma.
Las inversiones necesarias
La factura es de 20.300 millones de euros al año, de los que entre 4.000 y 6.200 millones serían capital estrictamente público y el resto financiación en condiciones favorables e inversión privada regulada. Son cifras serias para un problema serio. Pero ninguna inversión resiste el bloqueo, la burla fácil y la guerra competencial a la que se ha dedicado buena parte de nuestra estructura política, sin distinción de siglas.
El New Deal socialista tiene ideas aprovechables y otras discutibles. Su verdadera prueba no será el papel, sino la capacidad de sentar en la misma mesa a comunidades, ayuntamientos, propietarios, empresas e inquilinos. Sin ese consenso, ninguna política de vivienda saldrá adelante, la firme quien la firme.