Dos grandes ejes: más oferta prometida, menos protección garantizada

La vivienda se ha colado en el centro de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, y no es para menos: comprar o alquilar una casa es hoy una de las principales preocupaciones de los españoles. Alberto Núñez Feijóo ha presentado un programa de 249 medidas (frente a las 365 de 2023) con un capítulo específico sobre vivienda. Lo presenta como la receta para “la reconstrucción nacional”. La receta tiene ingredientes conocidos: más suelo, menos regulación, rebajas fiscales y mano dura con la ocupación. Lo que no aclara es cómo se ayuda a quien necesita una casa a un precio razonable hoy, y no dentro de una legislatura.

Con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda y facilitar su acceso: principales ejes

El diagnóstico del PP es sencillo: hay pocas viviendas porque la regulación asusta a los propietarios y la burocracia frena a los promotores. A partir de ahí, el programa se apoya en tres patas. La primera es construir mucho y rápido. La segunda, desmontar la arquitectura legal del actual Gobierno. La tercera, sustituir los controles de precios por incentivos fiscales. A largo plazo, en el papel, todo cuadra. El problema es que la vivienda no solo se necesita en 2030, sino sobre todo ahora, y a precios contenidos.

Construcción de un millón de viviendas en cuatro años

La promesa estrella es levantar un millón de viviendas en cuatro años. Para conseguirlo, el PP quiere movilizar suelo público y privado mediante acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos, y aprobar una nueva Ley del Suelo que agilice el planeamiento “suprimiendo burocracia”. La cifra es redonda y queda bien en un mitin, pero tiene un problema: no dice con qué manos se van a construir esas casas. España perdió buena parte de su capacidad constructiva tras el estallido de la burbuja. Esa capacidad no solo no se ha recuperado, sino que sigue menguando: faltan albañiles, encofradores y electricistas, y el relevo generacional en el sector es casi inexistente. El programa menciona la construcción industrializada y la formación de más profesionales, aunque sin calendario ni cifras. Un millón de viviendas sin obreros es un millón de renders.

Aprovechar edificios construidos y licencias rápidas

El segundo eje es sacar partido a lo que ya existe. El PP permitiría transformar oficinas y locales comerciales en viviendas asequibles, dividir inmuebles de grandes dimensiones y construir vivienda social en suelo dotacional. Además, las licencias de obra nueva y rehabilitación deberían resolverse en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo. Agilizar trámites es razonable y lo pide todo el sector. Ahora bien, convertir locales a pie de calle en viviendas no siempre garantiza unas condiciones dignas de habitabilidad. Y el silencio positivo en urbanismo tiene un historial que conviene no olvidar. La rehabilitación tendría un IVA superreducido del 4% para la vivienda habitual, una medida con más sentido práctico que muchas otras.

Derogar la Ley de Vivienda, los decretos y eliminar el Ministerio

Aquí está el núcleo político del programa. Feijóo propone derogar la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, incluidos los decretos convalidados esta semana por la Diputación Permanente, y eliminar el Ministerio de Vivienda. Entre esos decretos está la prórroga obligatoria de dos años de los contratos que venzan antes de 2029. Según el Ministerio de Consumo, esa prórroga permitiría a unos cinco millones de inquilinos ahorrar de media 4.341 euros por hogar. En Madrid el ahorro sube a 9.152 euros y en Málaga a 10.625 euros. Desde su aprobación, el decreto también ha paralizado decenas de desahucios de familias vulnerables.

Las zonas de mercado residencial tensionado desaparecerían. En la práctica, ya están vetadas en casi todas las comunidades donde gobierna el PP. Madrid, la Comunitat Valenciana y Andalucía acumulan decenas de solicitudes municipales bloqueadas, y Galicia es la excepción que confirma la regla. Mientras tanto, Cataluña, la primera en aplicarlas, ha visto cómo 22 municipios mejoraban lo suficiente en tres años como para dejar de necesitarlas. Si se quitan de golpe los frenos a los precios, lo previsible es un salto en las rentas y, con él, un repunte de los desahucios. Los 24.540 desahucios de 2025 ya marcan dónde está el problema.

El índice de referencia del alquiler también será eliminado

El índice de referencia de precios del alquiler, que limita las rentas de los nuevos contratos de grandes tenedores en zonas tensionadas, también desaparecería. Según el PP, estas herramientas generan inseguridad jurídica y reducen la oferta. Sus defensores recuerdan que el alquiler ya se había disparado mucho antes de que existiera índice alguno. Los contratos en vigor no se verían afectados de inmediato, pero en cada renovación el propietario recuperaría libertad total para fijar el precio.

Los beneficios fiscales para los propietarios

La alternativa del PP a los topes es la zanahoria fiscal. El plan “Tres años+” ofrecería deducciones o créditos tributarios a los propietarios particulares que renueven el contrato tres años más con subidas por debajo del IPC. Los inquilinos tendrían a cambio una deducción en el IRPF según sus ingresos. La idea es atractiva, pero voluntaria: el casero que prefiera subir la renta un 20% podrá hacerlo sin más consecuencia que renunciar a la deducción y entonces todos harán sus números y pensarán eso de «más vale pájaro en mano que lo que me vaya a dar Hacienda».

Facilidades para los jóvenes

Los menores de 40 años reciben la mayor parte de los guiños. El IVA de la primera vivienda bajaría del 10% al 4% y podría pagarse de forma fraccionada con la hipoteca. Se negociaría con las autonomías una rebaja del ITP en segunda mano y habría avales públicos de hasta el 20% del valor del inmueble, ampliables hasta los 50 años. El paquete se completa con la Hucha Hogar Joven: aportaciones de hasta 2.000 euros anuales con una deducción del 20% y un tope de 40.000 euros. Todo ayuda a reunir la entrada. Pero si la oferta no crece al ritmo prometido, el riesgo es conocido: inyectar demanda en un mercado sin casas suele acabar en el precio.

Guerra a los okupas

El PP promete una ley para recuperar judicialmente una vivienda ocupada en 48 horas, endurecer las penas a las mafias de la ocupación y reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan pedir el desalojo. Los datos del CGPJ ponen las cosas en su sitio: en 2025 hubo 1.845 desahucios por ocupación frente a 24.540 en total. La ocupación preocupa y merece respuesta, pero no explica la crisis de la vivienda.

La unión con Vox también influye en las medidas

Ningún análisis estaría completo sin mirar al socio probable. PP y Vox comparten casi todo en vivienda: liberalizar suelo, derogar la ley estatal y endurecer la respuesta a la ocupación. A eso añaden la “prioridad nacional”, ya aplicada en Madrid (diez años de empadronamiento para acceder a vivienda pública) y Canarias (doce años). Según datos de Derecho a Techo, en Canarias ese requisito dejaría fuera al 51,42% de los extranjeros y al 14% de los españoles. En Andalucía, la liberalización del suelo aprobada en 2021 no ha impedido que los precios sigan subiendo. Ese es el espejo en el que conviene mirarse antes del 29N.