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Beneficios y sueldos manchados de muerte

El temporal que ha estado azotando España durante casi dos semanas se retira hacia el este, dejándonos hermosas estampas de paisajes nevados con registros gélidos en casi todas las provincias españolas. Y también nos deja unos cuantos muertos y millones de personas ateridas, que no han podido mantener sus viviendas a la temperatura recomendada por la OMS, es decir, entre 22 y 24 grados centígrados.

Se calcula que unos 4,5 millones de personas en España están afectadas por la pobreza energética, es decir, que no pueden hacer frente a las facturas de luz, calefacción o agua caliente y están, por lo tanto, condenadas a pasar frío y penalidades en invierno. Son demasiadas personas para un país que vivió el sueño de situarse entre los más desarrollados del mundo.

La asociación de consumidores  Facua ya denunció hace unas semanas el escandaloso incremento de la factura de la luz que ha coincidido, como tiene por costumbre, con los mayores descensos de las temperaturas.

La factura de la luz del usuario medio ha subido un desproporcionado 10,8% en 2017 con respecto a los doce meses del año anterior, según el análisis de la asociación de consumidores, que pone de manifiesto que durante este último año, el recibo medio se ha elevado a 75,59 euros mensuales (impuestos indirectos incluidos), frente a los 68,20 euros de 2016 (7,39 euros más). A nivel anual, el montante representa 907,08 euros, 88,63 euros por encima de los 818,45 que pagó el mismo perfil de consumidor un año atrás.

Las eléctricas han aplicado un brutal incremento en las tarifas de la energía consumida, nada menos que del 16,0%. El precio del kWH ha pasado de los 13,28 céntimos, que representó de media en 2016, a 15,41 céntimos  en el último año.

Y estos incrementos, frente al 0,25% de las pensiones o un salario mínimo de entre los más bajos de Europa, imposibilita que muchos de nuestros compatriotas y sus familias puedan hacer frente al recibo de luz y deban pasar frío por mandato del Gobierno o no comer, lo que aún es peor. Y no es baladí la situación, porque el frío mata.

Según la OMS, entre el 30% y el 50% de las víctimas de cada invierno son causadas por las insuficientes condiciones de climatización en las viviendas. Y la cifra es escalofriante, unas 7.100 personas mueren todos los años debido a la pobreza energética. Y esta cantidad supera ampliamente a la de las muertes por accidente de tráfico que tanto se empeña el Gobierno por combatir, proporcionándonos todos los lunes las estadísticas de defunciones del fin de semana. Y no las supera por poco, sino por casi un 80%, ya que el pasado año el número de muertes por accidentes de tráfico, según la DGT, ascendió a 4.082.

Y entonces a que viene esta diferencia de trato en todos los sentidos. Porque mientras que las muertes por accidente se pregonan, las debidas a  la pobreza energética se esconden. Desde que Rosa, la anciana de Reus a la que con 81 años había cortado la luz Unión Fenosa y se alumbraba con velas, murió en el incendio de su casa, parece que la situación ha cambiado, pero no a mejor. Y es que el revuelo social que se produjo afectó la imagen de las eléctricas y eso no puede ser. Siguen cortando la luz, pero silencian los fallecimientos que su política empresarial asesina causa. A pesar de de todo, aún se pueden encontrar en las páginas de algunos pequeños periódicos, a los que no llegan las grandes campañas publicitarias de las eléctricas, algunas noticias al respecto.

Como las dos personas, un hombre de 38 años y una mujer de 48,  que fueron halladas muertas, en Benicarló (Castellón). La mala emisión del humo procedente de una estufa de leña que utilizaban para resguardarse del frío fue la causa de su muerte. O las dos chicas de 21 y 22 años que murieron en Cortes de Arenosos, también por asfixia, debido a las deficiencias de una caldera de gasóleo de la vivienda en la que se encontraban. Y podríamos recorrer toda la geografía española recogiendo los muertos que dejan atrás los beneficios de las eléctricas. Son los muertos que son noticia, porque los que enferman y mueren a causa del frío son prácticamente invisibles.

Por si la actitud criminal de estas empresas no hubiera todavía quedado bien patente, a finales de enero supimos que la UCO había encontrado pruebas en las oficinas de Iberdrola que confirman que la eléctrica infló de manera torticera el precio de la electricidad en el  invierno de 2013. Y las pruebas ayudarán a Anticorrupción, que decidió denunciar a Iberdrola por la manipulación del mercado.Para conseguirlo, la empresa que dirige Sánchez Galán, elaboró un plan que le permitió manipular el precio de la luz durante el invierno de 2013 –cuando la calefacción es necesaria y muchas personas no pueden pagar sus facturas de luz- mediante la disminución de su producción hidráulica con paradas programadas en sus centrales,  con lo que se tenían que utilizar en la producción otras energías más caras.

La manipulación se produjo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. Si las maquinaciones de Iberdrola hubieran tenido éxito la luz hubiera subido un 11%.

La CNMC impuso a Iberdrola una sanción de 25 millones de euros,  al determinar que la eléctrica había alterado fraudulentamente el mercado a través de una disminución de la producción hidráulica, lo que provocó un incremento en el precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo. Como respuesta Iberdrola, que se piensa estar por encima de toda legislación,  interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, contra la sanción de la CNMC, que todavía está pendiente de ser resuelto.

El fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, destaca en su denuncia que Iberdrola, con la intención de lucrarse de forma ilícita, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, con precios más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda. La consecuencia de ésta maquinación urdida y llevada a cabo por Iberdrola, fue la subida del precio de la energía eléctrica en siete euros megawatio/hora, que aplicados a la energía programada y vendida por Iberdrola en el periodo mencionado, le supuso un beneficio superior a los 20 millones de euros.

Sin embargo, al Gobierno no le importan las muertes ni las maquinaciones de Iberdrola y del resto del gremio. Parece que su único objetivo es defender los beneficios de estas empresas y los puestos de trabajo de todos los ex ministros, ex directores generales y ex presidentes que  se sientan en los Consejos de Administración de estos timadores expertos, dándoles “consejos” y asesoramiento para timarnos mejor y cobrando por ello.

La prohibición de las “puertas giratorias” hasta pasado un tiempo prudencial, que no debiera ser menor de cinco años, se está haciendo esperar. Y mientras eso sucede,  los sueldos que perciben estos ex, salen de nuestros derechos como consumidores, cuando no de estafas manifiestas como la denunciada por Anticorrupción.

Y es que la situación es grave, sobre todo en un momento de subidas generales de las tarifas eléctricas y fuertes quejas ante los desmanes. El absoluto descontrol, ¿interesado?, de las diferentes administraciones, comenzando por la del Estado, son las únicas causantes de la prepotencia del sector, de sus manejos y de unos beneficios desorbitados frente a sus homólogos europeos. Para qué hablar de sus sueldos y “complementos” como los más de 8 millones de euros anuales de Sánchez Galán.

Y de este interés del Gobierno por sus “amigo eléctricos”, es buena prueba el recurso que los chicos de Mariano Rajoy han hecho al Constitucional de la Ley valenciana que intenta paliar y reducir la pobreza energética. Para ello restringían  a las empresas de suministro el corte del servicio a los ciudadanos y les obligaban a remitir la situación a los servicios sociales del ayuntamiento.

En España, la electricidad y el gas natural son mucho más caros que la media comunitaria. El precio del gas natural en 2016 fue un 123,07% más elevado que el promedio de la UE y el de la electricidad fue un 140,68% más caro, según datos de Eurostat. En línea con ésta situación y dados nuestro fastuosos sueldos y pensiones, mientras que en 2016 la media en la UE mostraba que el 8,7% de personas rozaban la línea de la pobreza energética, en España esa cifra subió al 10,1%.

Y qué hace el Gobierno de cara a la galería? Pues intenta vendernos su  solución a todos los males: un bono social que cada vez es más restrictivo y que ha empeorado en relación al anterior. Con carácter general, para tener derecho al bono social, el Gobierno plantea que las familias sin hijos menores deben ingresar una renta no superior a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que está actualmente en 537,84 mensuales. Es decir, si en un hogar entran más de 807 euros al mes no podrá accederse al bono si en él vive una persona, una pareja sin niños menores o una con hijos de más de 18 años, por ejemplo.

Si en la unidad familiar hay un menor de edad, sólo se podrá acceder al bono social si los ingresos no superan el doble del Iprem, 1.076 euros mensuales. Si hay dos o más menores, el bono estárá restringido para las familias que ingresen no más de 2,5 veces el Iprem, 1.345 euros.

Para los pensionistas, la cosa está también dura: el bono sólo podrá solicitarse si todos los miembros de la unidad familiar perciben la cuantía mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente.

Pero al igual que sucedió con el anterior bono social, ni las grandes eléctricas, ni las pequeñas, están dispuestas a que se cargue a su peculio este bono y ya están presentando los pertinentes recursos contra el real decreto. Recursos que tienen  desesperado al ministro Nadal -perdió los anteriores- y que le han llevado a pedir en público a las eléctricas que dejen ya de recurrir todas las normativas que elabora el Gobierno. Se entiende que tan solo las contrarias a sus intereses.

El expolio que para todos los españoles supuso la privatización de Endesa por Aznar y su venta posterior, con el oscuro y desastroso episodio de la creación de la figura del déficit de tarifa por Rato,  continúa como causa principal del disparatado mercado eléctrico español. Empresas intocables que intervienen al estado y que fundamentan sus beneficios en deudas increíbles, costes inasumibles y pobreza energética para 4,5 millones de españoles. Lo dicho, beneficios y sueldos manchados de muerte.

 

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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