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Con el derecho a la vivienda en la coalición de Gobierno

Una vez abierto el cuarto melón electoral en cuatro años, la situación no sólo no había mejorado sino todo lo contrario. Y llegar a un acuerdo de coalición entre los partidos era ineludible. Partía el bloque de las izquierdas con ventaja sobre sus contrincantes, aunque ésta había disminuido desde el anterior melón, el del pasado 28 de abril. Y aunque esperado, el acuerdo entre PSOE y UP ha sorprendido por su rapidez, sobre todo teniendo en cuenta lo sucedido el pasado verano, con vueltas y revueltas que terminaron con todos los participantes enfrentados.

Podrá gustar o no, seguro que es mejorable y se espera que lo haga con una mayor afluencia de participantes, no sólo porque los números lo necesitan, sino porque también se precisa una mayor visión, es decir, más puntos de vista. Una lástima la manifiesta miopía de C’s, que podría aportar un equilibrio necesario, pero ahora, descabezado el partido, a ver quién es el que toma esa decisión.

La Economía, ya lo sabemos, es muy sensible a la política y el saludo que ha dirigido al acuerdo de coalición, con una bajada de la Bolsa, no ha sido, aunque esperado, muy alentador. Pero es mucho peor, todos lo sabemos, seguir prolongando una situación de desgobierno que nos estaba metiendo en un callejón sin salida. Sobre todo teniendo en cuenta la situación económica mundial y la necesidad de tomar decisiones de calado.

Y dentro de la Economía, el sector inmobiliario siempre se ha mostrado especialmente sensible a la situación política y social. Y estamos en un momento en el que hay que hacer cambios de profundidad que garanticen la estabilidad del sector inmobiliario para los próximos años. Son cambios necesarios, porque la crisis del 2008 ha dejado en evidencia a un sector que no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda de los españoles, lo que no olvidemos consagra la Constitución en su artículo 47, al igual que otras muchos derechos y obligaciones.

En diez años en nuestro país, centenares de miles de familia han perdido sus casas y en muchos casos han quedado con deudas de por vida; además, tras ser desahuciados de sus viviendas en propiedad muchos de ellos lo están volviendo a ser por no poder pagar el precio del alquiler que se ha disparado, sobre todo en las grandes ciudades. La situación muestra muy a las claras que el sector inmobiliario, que llegó a asombrar a Europa con crecimientos insuperables, tenía los pies de barro y se ha mostrado incapaz de asegurar la vivienda a los españoles. Necesita reformas para garantizar el acceso a la vivienda a todos.

Este es, el acceso a la vivienda para todos, el gran reto al que se va a enfrentar el gobierno de coalición, con los socios y apoyos que tenga. Y como lo saben, lo han reflejado en los programas con los que concurrieron a las elecciones y que hemos votado hace unos días; eso los partidos de izquierdas que entienden el problema, los otros, apenas lo han mencionado sino es para proteger a propietarios y demonizar a la ocupación.

La situación no es fácil, porque además de la indiscutible componente social que tiene la vivienda, su peso en la economía nacional es muy importante. En el año 2007 la construcción llegó a ser un 12% del PIB, descendiendo desde entonces y no alcanzando en estos momentos más que el 5,2%.

La recuperación del sector inmobiliario se ha conseguido en parte por inversores, que aprovecharon los saldos y pusieron las bases para la situación de hoy. Aunque también se apoderaron de grandes cantidades de viviendas, incluidas las sociales, que puestas en alquiler les están permitiendo influir en los precios, por mucho que haya quien dice lo contrario. Se debe dar una seguridad a los inversores no sólo en cuanto a la estabilidad del Gobierno, sino también en las normativas que regulen el sector. Los abusivos contratos hipotecarios que los bancos han impuesto durante décadas a los compradores, están siendo desmontados cláusula a clausula por el TJUE y sus consecuencias las tienen bien merecidas, ya que fueron los impulsores de la permisividad de los distintos Gobiernos frente a los intereses de los consumidores. La nueva Ley de Crédito Inmobiliario puede ser un buen comienzo, pero es difícil hacerla partir de cero con todos los errores anteriores aún vivos y a los que se pretenden alcanzar con “sorprendentes” efectos retroactivos.

Cuatro son las páginas que el PSOE dedica a la vivienda en el documento que presentó de cara a las pasadas elecciones del 10 de noviembre. Y cuenta como antecedentes una breve etapa de Gobierno en que devolvió algo de la protección perdida a los inquilinos al aumentar, por un real decreto, la duración de los contratos de alquiler a 5 años y los plazos para ejecutar un desahucio por impago. En el documento 10N, el Partido Socialista se compromete a frenar el precio de los alquileres y aumentar la oferta de viviendas de alquiler a precio asequible. En el éter deja también la intención de promover el alquiler seguro y movilizar viviendas vacías y grandes tenedores de propiedades residenciales. Pero no dice cómo lo hará. También promete facilitar a los jóvenes el acceso al alquiler y en lugar de protección frente a los desahucios, ayudas al alojamiento a las personas y familias con necesidades habitacionales urgentes.

Por su parte, Unidas Podemos, da una mayor importancia a los problemas de la vivienda, como demuestra el hecho de que las cuatro páginas del PSOE se convierten en diez en las propuestas pre-electorales de Unidas Podemos. El acceso a una vivienda para todos es su punto fuerte y por eso quiere blindar el derecho a la vivienda como derecho fundamental, intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas y crear un parque de alquiler público, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en alquiler. Para ello multará a los grandes tenedores de vivienda vacía e impulsará la construcción donde sea necesario; ligada a esta posibilidad sancionadora, UP quiere realizar un censo público de vivienda vacía en manos de fondos buitre, bancos u otras empresas inmobiliarias, eliminando las Socimis del mercado del alquiler e impidiendo así la especulación que se está produciendo en determinadas zonas de las grandes ciudades. Sin olvidar una mayor regulación de los pisos turísticos dejando a la comunidad de propietario que sean los que marquen las condiciones.

Acompañando a este control de los precios, UP plantea un contrato de alquiler indefinido en lugar del temporal que ha implantado el PSOE. El contrato dispondría, por un lado, de causas claras para su rescisión y por otro, contempla prórrogas automáticas cuando el inquilino sea considerado vulnerable y el casero sea una inmobiliaria o fondo de inversión. Una novedad es la de realizar una auditoría a los activos tóxicos de los bancos rescatados con dinero público -61.000 millones- e incorporarlos a los programas de vivienda social.

No deja pasar la oportunidad de abogar por los afectados por la crisis hipotecaria y la larga lista de cláusulas abusivas existentes en los contratos hipotecarios. Entre ellas el IRPH con el que acabaría de forma retroactiva para que todos los afectados puedan recuperar lo que pagaron de más con los intereses debidos. Además insiste en que se aplique sin más demora ni trampas la normativa europea sobre cláusulas abusivas existentes en los contratos hipotecarios. La protección de los deudores hipotecarios con derechos de reestructuración de la deuda, quita y dación en pago, incluso retroactiva, completan el paquete de medidas.

Estas son, a grandes rasgos, las propuestas que en materia de vivienda llevaron en sus programas el PSOE y Unidas Podemos al 10 N y que votaron los electores. Y serán la base para desarrollar la política de vivienda que hará esa coalición ya firmada. Más partidos se van a ir sumando a la opción de Gobierno, aportando puntos de vista a sus actuaciones. A mayor número de apoyos, mayor será el número de españoles que apoyen la labor de gobierno a través de sus representantes.

La Vivienda, como la Sanidad, la Educación, las Pensiones, o las Infraestructuras son parte de una estructura de país que no puede diseñarse sólo para cuatro años de mandato. Por eso es necesario, y vemos los desastres y los costes que está provocando su ausencia, un pacto de Estado entre todos los partidos, para diseñar unas políticas a largo plazo en todos estos aspectos. Para ello se precisa mucha cintura y una cultura de pacto y negociación de la que nuestros políticos aparentemente carecen. Pero todo se aprende y lo sucedido con  las repeticiones electorales es una buena lección. No sólo para los partidos, sino también para los votantes, que ya son mayores de edad y deben aprender a exigirles cordura y capacidad, para que el país marche de forma independiente al color político que gobierne, olvidando el fundamentalismo en el voto.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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