Banqueros robando
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Entre pillos anda el juego

Desde Europa nos llega la comunicación de una nueva denuncia a nuestro país por parte de la Comisión Europea, que llevará a España ante el Tribunal de Justicia, por el desamparo de los consumidores frente a los bancos en materia hipotecaria. Es una más de la larga serie de denuncias y sentencias contrarias, que caen sobre nuestro país por la falta de adecuación de nuestra Ley Hipotecaria al entorno europeo.

La Directiva por la que nos denuncian y que nuestro Gobierno, en su eterno papel protector de los bancos no ha traspuesto,  es del año 2104, habiendo tenido de plazo hasta el 2016 para hacerlo. Las cláusulas suelo, la normativa sobre desahucios y la opacidad bancaria están detrás de esta nueva denuncia.

El quid de la cuestión es la Ley Hipotecaria que está trajinando el Gobierno, de forma tan oscurantista como la Banca con sus cositas y que podrá ver la luz, según distintas fuentes, antes de que termine este año, con lo cual podríamos evitar la multa de Bruselas. Por si acaso y para que quede constancia, la Banca ya está amenazando con que si esta ley fuera contraria a sus intereses, podría cerrar de nuevo el grifo crediticio y condenar a los que menos tienen a vivir debajo de un puente. Conociendo su participación en el proceso, se entiende que no es más que un capotazo a sus socios gobernantes.

Para la banca,  como no podía ser menos, la actual Ley Hipotecaria ha funcionado bien estos años y que porque la crisis haya puesto de manifiesto algunos problemillas  – se refieren a los centenares de miles de desahucios– no hay por qué cambiarla, al menos en exceso…una lavadita de cara y ya está.  Desde Caixabank, su consejero delegado,  Gonzalo Gortázar espera una ley responsable –no dicen con quién-, que huya de indeseados populismos y garantice la seguridad jurídica del negocio bancario, para evitar que la población con menos recursos quede fuera del mercado. Gortázar estima que esta seguridad jurídica es necesaria para poder dar préstamos a 30 años a  personas, de ingresos medios y bajos, que también tienen derecho a adquirir una vivienda. “Si no tenemos un instrumento que dé seguridad jurídica no podremos hacerlo”, avisa Gortázar, que argumenta que la reacción lógica ante la incertidumbre será dar menos hipotecas y más caras. Visto lo sucedido hasta ahora, está claro quién necesita la seguridad jurídica cuando los banqueros entran en juego.

No obstante, el representante bancario  confía en lograr “un marco adecuado y  razonable entre la banca y los consumidores” con esta reforma, que exige la Unión Europea. Se entiende que para nuestro sucesivos gobiernos  la situación era estupenda. Y para nuestra intranquilidad continúa asegurando que “lo visto hasta ahora me da la confianza de que llegaremos a un punto de equilibrio razonable, porque es importante para la economía española”. Una vez más, el lenguaraz representante bancario pone de manifiesto que están colaborando muy activamente, a diferencia de las asociaciones de consumidores, en la redacción de esta Ley Hipotecaria.

Todo el proceso, desde el incumplimiento con Bruselas, hasta la forma de gestar la nueva Ley es una buena muestra de que nuestro Gobierno sigue más pendiente de los bancos, sus intereses y necesidades, que de la protección de los consumidores y de sus colectivos más vulnerables y afectados por la crisis. Para el Partido Popular, como ya puso de manifiesto en una ocasión, los suyos pagan la hipoteca, son el resto quien no lo hace, tal vez por eso no tiene problemas para castigarlos.

Y es preciso echarse a temblar e ir perdiendo toda esperanza de una Ley Hipotecaria más justa de la que padecemos, porque la banca, arropada por este Gobierno y su Justicia, ya ha empezado a cosechar sus primeras victorias. Tras un año 2016 en que los consumidores y perjudicados, amparados por la justicia europea parecía que la tenían contra las cuerdas, el Tribunal Supremo español le ha dado una bocanada de aire y de millones con su sentencia sobre la retroactividad de la cláusula suelo, en caso de sentencia firme.

Así, el alto Tribunal ha dictado que las sentencias firmes sobre la cláusula suelo dictadas con anterioridad al 21 de diciembre de 2016 no serán revisables, no pudiéndoseles aplicar  con retroactividad la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a los bancos a devolver las cantidades cobradas por cláusulas abusivas desde que se suscribió el préstamo.

Con esta nueva sentencia del Supremo, los bancos ganan una batalla importante, al menos económicamente,  ya que se hace extensiva la doctrina que se aplicó a los clientes que reclamaron con anterioridad a la resolución del tribunal europeo, y obtuvieron sentencia firme, de devolverles únicamente las cantidades cobradas indebidamente desde el 9 de mayo de 2013, pero no desde el inicio de la suscripción del préstamo, como decía el Tribunal Europeo. De esta forma, los bancos condenados por aplicar cláusulas suelo abusivas -BBVA, Abanca y Cajamar, y Popular- no tendrán que devolver el dinero cobrado indebidamente antes de la fecha de la primera sentencia del Alto Tribunal, de mayo de 2013. Un dinerito que se ahorran a nuestra costa.

La nueva Ley Hipotecaria, que se está gestando de manera unilateral por el PP y la Banca,  necesitará de una mayoría parlamentaria para poder ser aprobada. Pero es preciso no hacerse ilusiones, ahí está Naranjito para prestarles su apoyo. Y es que no hay que olvidar los orígenes bancarios de Rivera y quién aguanta su excedencia.

 

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Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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