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Los API piden una Ley de intermediación inmobiliaria

El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria  valora de forma positiva la futura ley hipotecaria que está impulsando de Guindos, pero asegura que será insuficiente para la completa protección del consumidor si no contempla también una ley sobre intermediación inmobiliaria en España. Es la eterna petición de una nueva regulación en un sector que quedó liberado y desregularizado en el segundo mandato de Aznar, en el año 2000.

 Los agentes de la propiedad inmobiliaria aseguran que la protección al comprador inmobiliario estará coja si tan sólo contempla el proceso final de la compra de vivienda, la hipoteca, y no regula todo el apartado anterior. El Consejo General de los API estima que de nada sirve asegurar la información y transparencia en la obtención del préstamo hipotecario “si se deja desamparado al ciudadano en la fase previa, en la gestión y negociación de la compraventa de la vivienda, cuando se negocian todas las condiciones y se plasman por escrito”.
Diego Galiano, presidente del Consejo General de API,  asegura que “no tiene sentido que se legisle sólo sobre una parte del proceso, dejando en un vacío legal la actuación de los intermediarios inmobiliarios y el previo consenso de voluntades, que es la parte más importante de todo el proceso”.

En comunicado de prensa y abundando en lo anterior, José Luis Polo, vocal del Consejo General de API, señala la importancia de regular por ley esta fase precontractual, ya que es el momento en el que se fijan todas las condiciones de la compraventa a través de un contrato privado. “Cuando una compraventa llega al notario todas las condiciones están atadas y comprometidas en una fase anterior, en la que no hay ninguna legislación y el consumidor está totalmente desprotegido”, afirma. “Es inconcebible que se asegure la trasparencia de un negocio accesorio, el crédito hipotecario, y se abandone la regulación expresa de la transparencia del negocio principal, la compraventa de la vivienda”, argumenta José Luis Polo.

En el fondo se encuentra la aspiración de los API para que se regule la intermediación inmobiliaria, al objeto de que el comprador disponga de la suficiente información para una compra segura: superficies reales, ITE, cargas administrativas, situación urbanística, comunidad de propietarios…Y acabar con el intrusismo y la falta de prefesionalidad que está causando mucho daño a la credibilidad de los agentes inmobiliarios.

Volviendo al proyecto de Ley de De Guindos, Galiano estima que es necesaria y urgente esta normativa, para garantizar información, protección y seguridad en los contratos con las entidades bancarias, evitando además comisiones, gastos y vinculaciones obligatorias de productos que eran desproporcionadas.“Es preciso que la familia o persona que vaya a endeudarse durante décadas sea plenamente consciente de lo que contrata y de los riesgos que asume, y los poderes públicos están obligados a que se les facilite información veraz, completa y unívoca. Solo de esta forma habremos aprendido de los errores del pasado”, subraya.

“Son imprescindibles, asegura Galiano, las medidas que introduce el Proyecto de Ley”. Entre ellas limitar las comisiones por cancelación, prohibir las ventas vinculadas de productos, eliminar los incentivos para la plantilla de los bancos por captar hipotecas, conversión de hipotecas variables a fijas, y endurecimiento de la cláusula de vencimiento anticipado. “Con todo ello, finaliza el presidente de los API,  habrá luz, control, equilibrio y mucha más protección en el sector hipotecario”.

 

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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