Conforme el precio de los alquileres se disparaba por efecto de la especulación financiera en la vivienda, las consecuencias se dejaban sentir en los desahucios por impago. Pero ha tenido un efecto social muy diferente dependiendo de las medidas tomadas por las administraciones municipales o autonómicas. Teniendo como referencia las dos mayores ciudades españolas, Madrid y Barcelona, comprobamos que entre 2016 y 2018 en la capital catalana los desahucios por el impago del alquiler disminuyeron un 9,2%, mientras que en Madrid aumentaron un 8,2%.

No fue hasta el comienzo de salida de la crisis, momento en que los desahucios por impago de hipoteca comenzaron a ceder protagonismo a los producidos entre los arrendatarios, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empezó a contabilizar los desahucios por impago del alquiler  (2013) y por ejecución hipotecaria por separado. Los lanzamientos ejecutados por alquiler eran cada vez más numerosos y su proporción ha ido aumentando en los últimos años hasta alcanzar el 66% en 2018.

Pero la crisis ha tenido diferentes consecuencias dependiendo del talante político y social de los gobernantes. En ese sentido, y cuando el problema en Cataluña comenzó a agudizarse , la Generalitat dirigió sus esfuerzos en legislar para proteger a las familias vulnerables de los desahucios. Pero en la Comunidad  de Madrid, dirigida por el PP de Esperanza Aguirre, el compromiso social con los más desfavorecidos ha sido inexistente.

Con los datos en la manos, podemos comprobar que los desahucios por alquiler en la Comunidad de Madrid fueron en descenso desde el año 2013 hasta 2016. Sin embargo, desde entonces los desahucios comenzaron a incrementarse y entre 2016 y 2017 cambió la tendencia aumentando las ejecuciones y los lanzamientos. En concreto se han alcanzado cifras de un 8% acumulado entre los años 2017 y 2018, momento en que los costes del alquiler se incrementaron un 32″ según los datos del INE.

Todo lo contrario a lo sucedido en Barcelona, en que desde el año 2103 los desahucios por alquiler han ido disminuyendo con cifras del 7,6% en 2017 y un 1,6% en 2018. Y ello a pesas de que sin alcanzar los altos incrementos de Madrid, los precios del alquiler en la ciudad condal se han incrementado un  27% desde el 2016.

La mejoría en la situación no ha resultado fácil y es que además de luchar contra bancos y fondos buitre, grandes propietarios de vivienda, el Govern se las tuvo que ver con su más firme valedor, el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, la Ley Antidesahucios aprobada por el Parlamento catalán en 2015 fue recurrida por el Gobierno del PP y ha estado paralizada hasta que este pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional diera la razón a la Generalitat. A pesar de este pronunciamiento judicial la ciudad de Barcelona continúa teniendo una tasa de desahucios por impago del alquiler mayor que la de Madrid. Cabe preguntarse que hubiera pasado con un gobierno como el de Esperanza Aguirre en Cataluña.