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Los Juzgados especializados en cláusulas abusivas prorrogan su actividad

Han transcurrido ya dos años y medio desde que el Gobierno de Rajoy puso en marcha los Juzgados especializados en cláusulas abusivas, que se diseñaron con la intención de evitar el previsible colapso de los Juzgados ordinarios con la llegada de miles de casos por los abusos bancarios. Ahora el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han acordado prorrogarlo según las necesidades concretas de cada uno de ellos.

Este plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas, se puso en marcha el 1 de junio de 2017 con la intención de gestionar la gran cantidad de demandas presentadas en relación con cláusulas suelo, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca, vencimiento anticipado,  o hipotecas multidivisa, ademas de otras situaciones que tuvieran que ver con las hipotecas y la vivienda.

Ahora los organismos implicados, es decir, el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas acordarán las necesidades concretas de cada territorio y las medidas que será necesario adoptar en cada caso. Para ello  han tenido en cuenta  los datos de casos de cada uno de los 54 juzgados creados, desde la entrada en funcionamiento del plan, junto a los datos de las audiencias provinciales encargadas del enjuiciamiento.

En estos Juzgados especiales prestan sus servicios hasta 160 jueces, entre titulares y el personal de apoyo y refuerzo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, a las que ya han llegado una gran cantidad de asuntos para su enjuiciamiento, cuentan, junto con sus titulares, con el apoyo de más de medio centenar de magistrados comisionados en funciones de refuerzo.

Tanto el Ministerio de Justicia, como las Comunidades Autónomas,  han dotado a los juzgados especializados de los medios personales, ya sean letrados o funcionarios, y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

A  30 de junio de 2019 el volumen de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados era un 2,25 por ciento más bajo que al finalizar el primer trimestre. Además se está notando una cierta mejoría en la tasa de resolución de asuntos, cociente que resulta de dividir el número de asuntos resueltos entre los nuevos casos que entran en el Juzgado en un determinado período de tiempo.  Este cociente permite conocer la capacidad de resolución del órgano judicial en relación con el volumen de entrada de nuevas demandas. En el segundo trimestre del año, la tasa de resolución a nivel nacional ha sido del 118,4 por ciento, lo que ha supuesto una sensible mejora respecto al primer trimestre, en el que fue del 82 por ciento.

Por territorios, la mejoría es generalizada. En doce comunidades autónomas la tasa de resolución es superior al cien por cien, siendo especialmente positivos los datos de Aragón (234,6%) y Asturias (237,3%). Por encima de la media nacional del trimestre se posicionan también Canarias (179,6%); La Rioja (160,3%); Castilla-La Mancha (150,4%); Galicia (142,4%); Extremadura (135,6%); Comunidad Valenciana (133,8%); Castilla y León (133,3%); Murcia (121,5%) y Cantabria (118,5%). Por debajo de la media nacional, si bien casi todas en mejor situación que en el primer trimestre, Andalucía (112,4%); Cataluña (97,9%); País Vasco (86,1%); Baleares (75,9%); Madrid (71,4%) y Navarra (61,8%).

En todo caso, la instituciones harán bien en mantener los Juzgados con los medios suficientes porque el problema de las cláusulas abusivas no ha terminado. En los próximos meses podría llegar la resolución de la cláusula del IRPH y pueden ser más de un millón de afectados a los que los bancos obligarán a pasar por los juzgados.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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