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París inicia la guerra con las plataformas de alquiler turístico

Tras las advertencias han llegado las denuncias. Y es que al Ayuntamiento de París no le ha temblado la mano a la hora de llevas a los tribunales a las principales plataformas de alquiler turístico que operan en la capital francesa. El Ayuntamiento de París ha denunciado a varias plataformas de alquiler turístico, entre ellas Airbnb y Wimdu, por mantener anuncios en su plataforma que no incluyen el número de registro que se les exige desde el pasado diciembre.

El Ayuntamiento ha asegurado que Airbnb y Wimdu se excusan en que la ley es complicada de aplicar para no retirar los anuncios, pero asegura que a todas las compañías se les notificó a finales de 2017 la obligatoriedad de retirar las viviendas no registradas y, como no se ha hecho, han decidido recurrir a la Justicia.

El Ayuntamiento de París intenta controlar que las viviendas no superen el máximo de 120 días por año que la ley permite alquilar temporalmente la residencia principal de sus dueños, para evitar la competencia con los alquileres profesionales.

Por su parte, Airbnb asegura en un comunicado que ha cumplido su parte notificando a todos los anfitriones la obligatoriedad de contar con un número de registro oficial. Además, ha calificado la legislación parisina de “compleja, confusa y más adaptada a los profesionales que los particulares”.

El Ayuntamiento parisino ha calculado que en la capital francesa hay cerca de 43.000 viviendas de alquiler turístico que se están comercializando sin estar registradas y que el 84% de las viviendas turísticas que se alquilan en su totalidad (no por habitaciones) no se ajustan a la legalidad.

París tiene ya un problema grave que se está reproduciendo en Madrid a marchas forzadas y es la ausencia de vivienda para alquileres residenciales y la subida incesante de sus mensualidades.  Afirma el ayuntamiento, que en cinco años la ciudad ha perdido al menos 20.000 viviendas, transformadas en pisos turísticos amueblados, alquilados por noches o por semana durante todo el año, y que son así viviendas salen del circuito del alquiler residencial. 

Tras la denuncia realizada Airbnb y Wimdu tendrán que acudir a los tribunales el próximo 12 de junio.  Ambas plataformas se enfrentan a multas millonarias  que varían entre los 1.000 y los 5.000 euros por día y por anuncio. Solo en 2017, el Ayuntamiento multó a las plataformas y los propietarios con 1,3 millones de euros. De enero a marzo de 2018, las multas ya ascienden a 490.000 euros.

 

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