IVA del 21% a pisos turísticos, regulación del alquiler de temporada y posible prórroga de contratos

El Gobierno ha anunciado que a lo largo del mes de julio aprobará un nuevo decreto-ley con medidas sobre vivienda que, según la ministra portavoz Elma Saiz, será «amplio y transversal» y recogerá propuestas que distintos grupos parlamentarios han respaldado a lo largo de la legislatura. El objetivo declarado es doble: que el texto pueda ser convalidado en el Congreso y que sirva de respuesta a lo que el propio Ejecutivo reconoce como la principal preocupación de los ciudadanos.

Qué medidas incluirá el decreto

El paquete de medidas confirmadas abarca varios frentes. En materia fiscal, la más llamativa es la subida del IVA aplicado a los pisos turísticos hasta el 21%, igualándolos así al tipo general que ya soporta cualquier otra actividad económica. Es una medida que cuesta poco defender desde un punto de vista lógico: si alguien alquila un piso como negocio, con sus plataformas, su gestión profesionalizada y sus tarifas por noche, no hay razón de peso para que tribute como si fuera un arrendamiento residencial. Que haya tardado tanto en llegar dice más del peso del lobby turístico que de la complejidad técnica de la medida.

También se incluye la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una asignatura pendiente que llevaba años anunciándose mientras los propietarios encontraban en estas modalidades una vía de escape cómoda y más rentable que el alquiler tradicional. La lógica era sencilla: si el alquiler residencial se regula o se complica, se salta al de temporada. Si el de temporada se regula, se pasa al por habitaciones. El decreto pretende cerrar ese circuito.

Para los propietarios que decidan bajar la renta de sus inmuebles, el texto contempla bonificaciones en el IRPF, un incentivo fiscal que el Gobierno presenta como alternativa a la regulación directa de precios. Se completa el cuadro con la obligatoriedad de que los contratos de alquiler se formalicen por escrito, medida aparentemente obvia pero que en la práctica busca combatir el fraude y la economía sumergida en el mercado del arrendamiento.

La prórroga de alquileres: segunda oportunidad para una medida ya tumbada

La medida más políticamente cargada del paquete es la posible prórroga de los contratos de alquiler, y lo es porque ya tiene historia reciente. Hace tres meses, el Gobierno aprobó vía decreto una norma que congelaba los contratos próximos a vencer y fijaba un tope del 2% para las actualizaciones anuales durante los dos ejercicios siguientes. En términos prácticos, permitía a los inquilinos con contrato venciendo antes del 31 de diciembre de 2027 solicitar una prórroga automática, lo que les garantizaba estabilidad en precio y permanencia. Los sindicatos de inquilinos calculan que casi tres millones de personas se encuentran actualmente en esa situación.

El problema es que ese decreto fue tumbado en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts, lo que lo dejó sin efecto. Ahora el Gobierno intenta colar la misma medida en un texto más amplio, con la esperanza de que la naturaleza «transversal» del decreto diluya la resistencia parlamentaria. La clave está en Junts, cuyo apoyo es imprescindible para la convalidación y que en la anterior votación se alineó con la derecha. Que el Ejecutivo apueste de nuevo por esta medida sugiere que confía en haber negociado algo, aunque por el momento no hay confirmación pública de ese acuerdo.

El reto del Congreso: ¿tiene ya el sí de Junts?

Un decreto-ley entra en vigor en el momento en que el Consejo de Ministros lo aprueba, pero tiene un plazo de 30 días para ser convalidado por mayoría simple en el Congreso. Si no lo consigue, pierde todo efecto. Es el mecanismo que ya usó el Gobierno con la prórroga de alquileres y que acabó en fracaso parlamentario.

Esta vez, el Ejecutivo dice que el texto incorporará medidas respaldadas por distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, lo que en el lenguaje político habitual significa que han hecho los deberes de buscar apoyos antes de publicar el anuncio. Si eso incluye o no el respaldo de Junts es la pregunta que quedará sin respuesta hasta que llegue la votación. La ministra Saiz fue deliberadamente ambigua al respecto, lo que puede interpretarse de dos maneras: o el acuerdo no está cerrado, o está cerrado pero no conviene proclamarlo antes de tiempo.

Previsiones macroeconómicas y el camino hacia los Presupuestos de 2027

En paralelo al anuncio sobre vivienda, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo cuadro macroeconómico para el periodo 2026-2029, un paso que el propio Gobierno califica de «fundamental» para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. La previsión de crecimiento del PIB para este año se ha revisado al alza cuatro décimas, pasando del 2,2% al 2,6%, situándose por encima de las estimaciones del Banco de España (2,3%), la AIReF (2,4%), la Comisión Europea (2,4%) y el FMI (2,1%).

El optimismo gubernamental en las previsiones es una constante que los organismos independientes corrigen sistemáticamente a la baja, aunque en esta ocasión la distancia con el consenso no es especialmente llamativa. Más relevante es que la presentación del cuadro macroeconómico activa el siguiente paso de la tramitación presupuestaria: la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad y el reparto del déficit. Después vendrá la aprobación del techo de gasto en Consejo de Ministros, su remisión a las Cortes y, ya en otoño, la presentación del proyecto de ley. Algunos socios del Gobierno, como el PNV, ya han advertido que si los presupuestos no salen adelante, toca convocar elecciones.