La última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona debía haber sido un hito para abordar con consenso la creciente crisis de la vivienda en España. Se trataba de sentarse a hablar de cifras concretas: una inversión pública de 7.000 millones de euros hasta 2030 para multiplicar por tres los recursos destinados a vivienda. Pero el objetivo fracasó. El encuentro derivó en un espectáculo político previsible y, por desgracia, ya habitual: más confrontación que cooperación, más gestos de cara a la galería que compromiso con la ciudadanía.

La urgencia habitacional que golpea a millones de personas —especialmente jóvenes, familias con ingresos medios y bajos, y población vulnerable— volvió a quedar ninguneada, sustituida por un discurso político plagado de ataques cruzados y protagonismos personales. Ni el mercado inmobiliario puede autorregularse sin intervención pública ni el problema desaparecerá ignorándolo. Pero el foco volvió a estar, una vez más, en otros lugares.

Otra oportunidad perdida para llegar a acuerdos en vivienda

Pedro Sánchez acudía a la Conferencia con una carta bajo el brazo: la propuesta de un Acuerdo Estatal para la Vivienda con financiación estatal condicionada a que las comunidades autónomas hicieran su parte. No era una imposición, sino una oferta de colaboración interterritorial. Era, también, una llamada al consenso para salir de una situación crítica. Pero en Moncloa ya anticipaban que las posibilidades de éxito eran escasas. Y se cumplieron.

Según fuentes presentes, el ambiente fue tenso desde el primer minuto, especialmente tras el desplante de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se negó a saludar a la ministra de Sanidad, Mónica García, y abandonó la sala cuando el lehendakari Imanol Pradales hablaba en euskera. No se trataba solo de una cuestión de formas: fue la primera señal de que el contenido de la Conferencia no iba a importar. Que el guion estaba escrito de antemano, y que la vivienda, por muy grave que sea su situación, iba a quedar arrinconada.

La consecuencia fue la esperada: ningún pacto, ningún avance, ningún compromiso de calado. Solo declaraciones enfrentadas y una nueva ocasión perdida.

La mayoría de las Comunidades Autónomas desprecia la inversión estatal en vivienda

El planteamiento del Gobierno no era menor: triplicar la inversión pública en vivienda, con el compromiso de construir vivienda social, fomentar el alquiler asequible y facilitar el acceso a la vivienda habitual a precios dignos. En otras palabras: utilizar el músculo del Estado para combatir un problema que ha alcanzado dimensiones estructurales.

Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas —gobernadas por el PP o sus socios— han despreciado esa inversión. Se niegan a suscribir acuerdos que impliquen aceptar fondos estatales con condiciones, aunque esas condiciones pasen por cofinanciar el esfuerzo público y poner suelo para viviendas de alquiler. La paradoja es que son precisamente esas autonomías donde más necesario sería actuar: grandes áreas metropolitanas, zonas tensionadas por el turismo o regiones donde los precios han expulsado a los residentes habituales.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los precios siguen subiendo mientras la presidenta rechaza aplicar la Ley de Vivienda y desprecia los fondos públicos. El resultado lo pagan los ciudadanos, que ven cómo se agotan las oportunidades de construir una red de vivienda protegida sólida y estable.

Cinco comunidades autónomas han aceptado ese aumento de la inversión en vivienda

En este panorama desolador, solo cinco comunidades han aceptado el acuerdo del Gobierno: Asturias, Navarra, Catalunya, Canarias y Euskadi. Es decir, territorios gobernados por el PSOE, el PNV o Coalición Canaria. Lo que tienen en común es su predisposición a colaborar, a entender la política como una herramienta para resolver problemas y no solo como una plataforma de confrontación.

En palabras de María Chivite, presidenta de Navarra, “los intereses partidistas han distorsionado en todo momento la Conferencia”. Y no le falta razón. Si el objetivo era hablar de vivienda, de soluciones y de futuro, la mayoría de los asistentes lo ignoraron. Prefirieron alimentar su relato político y perder otra oportunidad de responder al drama real de miles de familias.

No es que las cinco comunidades mencionadas tengan el camino fácil. La financiación estatal exige cofinanciación y capacidad técnica. Pero han decidido intentarlo. Mientras otras se parapetan en el victimismo, ellas apuestan por actuar. Sus ciudadanos, al menos, no serán víctimas del inmovilismo y del espectáculo político.

Las actuaciones ya esperadas de algún presidente dinamitan la conferencia de presidentes

Lo que debería haber sido una jornada de trabajo se convirtió en un escaparate del fundamentalismo político que bloquea cualquier acuerdo estructural. Y la figura de Isabel Díaz Ayuso acaparó, cómo no, los focos. Su desplante ante el lehendakari, su discurso sobre el uso de lenguas cooficiales —tildado de “numerito” por Pradales— y su tono combativo frente a cualquier propuesta del Gobierno dinamitaron cualquier posibilidad de avanzar.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calificó su actitud como una «altísima irresponsabilidad institucional». Y no le falta razón. El problema no es que haya diferencias políticas. Es que el marco común para el diálogo —la Conferencia de Presidentes— ha sido convertido en un teatro partidista, donde cada cual representa su papel sin el menor interés por construir soluciones colectivas.

Mientras tanto, otros líderes del PP, como Juan Manuel Moreno Bonilla o Alfonso Rueda, intentaron ofrecer un tono más conciliador. Pero su peso político quedó eclipsado por el de Ayuso, que marca la agenda del PP en clave de confrontación total con el Gobierno. Ni siquiera Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, habló de vivienda. Prefirió quejarse de la falta de Presupuestos Generales, sin explicar cómo piensa resolver él los problemas de acceso a la vivienda en su comunidad.

Ciudadanos de primera y de segunda, según quién gobierne tu comunidad

El resultado final no puede ser más desolador: la vivienda sigue sin tener una estrategia estatal común. Cada comunidad autónoma hace la guerra por su cuenta, y mientras algunas intentan aprovechar los fondos, otras los rechazan por puro cálculo político. El coste lo pagan los ciudadanos, que se ven atrapados entre precios inasumibles, alquileres abusivos y ausencia de vivienda pública.

Así, mientras en Asturias o Navarra se construirán viviendas sociales y se promoverán alquileres asequibles, en Madrid o Andalucía se mantendrá el modelo de laissez faire que solo beneficia a los fondos y promotores. Se está creando una brecha territorial en derechos básicos, como el acceso a una vivienda digna. Un joven que vive en una comunidad colaboradora podrá aspirar a un alquiler razonable; uno que viva en una comunidad bloqueadora seguirá condenado a buscar habitaciones compartidas a precios desorbitados.

El oportunismo político ha vuelto a dejar claro que la vivienda no es una prioridad para todos los responsables públicos. Pero también ha demostrado que hay territorios donde todavía se cree en la política como solución y no como trinchera.

Desde Aquimicasa seguiremos insistiendo: el problema de la vivienda no se soluciona con discursos grandilocuentes ni desplantes institucionales, sino con políticas valientes, inversión sostenida y compromiso real con los ciudadanos. O se toman decisiones ya, o perderemos otra década. Y aunque no nos lo podamos permitir vamos camino de ello. 🏘️💬📉