La crisis de la vivienda en España no solo continúa, sino que se agrava con cada trimestre. Los precios en venta y alquiler se mantienen en niveles desorbitados, la oferta sigue siendo insuficiente y los desahucios y ejecuciones hipotecarias reflejan un problema estructural que afecta a miles de familias. En este contexto, Sumar ha anunciado una nueva batería de medidas que llevará al Congreso con un objetivo claro: erradicar los desahucios y expropiar las viviendas vacías de bancos y fondos de inversión para destinarlas al parque público de vivienda. Una propuesta que vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de una intervención estatal más firme ante una crisis que no deja de crecer.

Erradicar los desahucios interviniendo las viviendas

La coalición liderada por Yolanda Díaz defenderá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso una proposición no de ley que busca transformar el tratamiento actual de los desahucios. Sumar propone que todas las viviendas amenazadas por un proceso de desahucio sean incorporadas al parque público, evitando así que las familias pierdan su hogar. El plan contempla dos vías de actuación: un régimen de alquiler con una renta que no supere el 30% de los ingresos del hogar o la concesión de una renta mínima o moratoria en los casos de mayor vulnerabilidad. Ambas medidas se financiarían mediante una partida presupuestaria específica y se gestionarían a través de la empresa estatal de vivienda. Para reforzar esta iniciativa, Sumar pide que el Gobierno impulse un proyecto de ley que garantice la función social de la propiedad, especialmente en los suelos urbanos y urbanizables destinados a uso residencial.

Edificar 150.000 viviendas al año

El grupo confederal plantea un ambicioso programa para paliar la escasez de vivienda asequible en España: la construcción de 150.000 viviendas públicas y sociales cada año. Según Sumar, esta iniciativa podría desarrollarse a través de las empresas municipales y autonómicas de vivienda, así como mediante una empresa estatal que coordine la ejecución del plan. La propuesta incluye la exigencia de acelerar el traspaso al SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) de los activos de suelo y viviendas pertenecientes a la SAREB, con el fin de utilizarlos de forma inmediata para la edificación de nuevos inmuebles públicos. Esta medida se enmarca dentro de un plan más amplio que busca destinar el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta 2035 y alcanzar el 20% de parque público en ese mismo horizonte temporal, partiendo del escaso 2% actual.

Incrementar el parque público de viviendas

Sumar propone una transformación estructural del sistema de vivienda pública en España. El objetivo es pasar de las actuales 320.000 viviendas sociales a más de 1,8 millones, cifra que permitiría alcanzar el promedio europeo. Para ello, además de la construcción, se plantea la expropiación de viviendas vacías en manos de bancos, fondos de inversión y grandes tenedores, así como de suelo en desuso tanto urbano como rural. Estas propiedades pasarían a formar parte del parque público mediante la incoación de expedientes de expropiación. La formación también solicita un programa de compra de viviendas privadas por parte de todas las administraciones, utilizando el derecho de tanteo y retracto para adquirir inmuebles estratégicos. Además, se contempla un plan de rehabilitación de edificios públicos abandonados y ayudas a los ayuntamientos rurales para comprar viviendas a bajo coste, con el fin de combatir la despoblación y revitalizar las zonas menos habitadas.

Una respuesta política ante una crisis real

La insistencia de Sumar en impulsar medidas de vivienda tiene su raíz en la preocupación social sostenida que reflejan todas las encuestas: la vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles. Con precios que crecen por encima de los salarios, una oferta escasa y un parque público insuficiente, la situación es insostenible para amplias capas de la población. La coalición entiende que no se trata solo de políticas urbanísticas, sino de una cuestión de derechos sociales y justicia económica. En su propuesta, Sumar subraya que “el problema no es la falta de vivienda, sino su acaparamiento por parte de grandes propietarios e inversores que mantienen inmuebles vacíos con fines especulativos”. Esta crítica apunta directamente a bancos y fondos de inversión, que, según la formación, poseen decenas de miles de viviendas sin uso mientras aumenta el número de familias que no pueden pagar un alquiler o una hipoteca.

Entre la urgencia social y la viabilidad política

La propuesta de Sumar para expropiar viviendas vacías y erradicar los desahucios llega en un momento en el que la presión social por la vivienda asequible es máxima. Sin embargo, también se enfrenta a fuertes resistencias políticas y jurídicas, especialmente por parte de quienes consideran que la expropiación vulnera el derecho a la propiedad privada. Aun así, la iniciativa refleja una realidad incontestable: la crisis de la vivienda en España es estructural y requiere medidas profundas, no simples parches. La intervención pública en el mercado inmobiliario, la construcción de un parque público amplio y la protección de los hogares vulnerables son hoy más que una opción política: son una necesidad urgente. El debate que se abre en el Congreso servirá para medir hasta qué punto las instituciones están dispuestas a afrontar de manera decidida un problema que, de no resolverse, seguirá condenando a miles de familias a vivir sin estabilidad ni horizonte. La vivienda es hoy el reflejo más visible de la desigualdad en España, y la propuesta de Sumar, aunque oportunista, vuelve a colocar el tema en el centro del debate político y social.