Sumar defenderá en el Pleno del Congreso, el próximo 25 de noviembre, una proposición de ley que busca reformar la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, fondos de inversión y otras personas jurídicas puedan comprar viviendas en España. La propuesta pretende limitar la adquisición de propiedades a personas físicas, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y moderar los precios, especialmente en las denominadas zonas tensionadas.
La medida, impulsada por Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, se presenta como una respuesta a la creciente presencia de actores financieros en el mercado residencial. Según Ibáñez, “la acumulación de vivienda en pocas manos está distorsionando el mercado y limitando el acceso a un derecho básico”.
Han pasado siete meses desde la presentación de la iniciativa
La iniciativa fue registrada en abril de este año, y tras más de siete meses de espera, el Congreso la debatirá en sesión plenaria. El grupo parlamentario plurinacional propone una modificación directa de la Ley de Vivienda de 2023, centrada en el derecho de disfrute de la vivienda como un derecho propio de las personas físicas.
El texto subraya que las personas jurídicas no pueden “disfrutar” la experiencia vital de habitar, sino que utilizan el inmueble como un activo de inversión. Por ello, propone restringir la propiedad residencial a las personas físicas y mantener la titularidad jurídica solo para inmuebles no residenciales dedicados a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario.
La especulación como una de las causas del incremento de precios
En los últimos años, los fondos de inversión, las Socimis y las grandes empresas inmobiliarias han incrementado significativamente su participación en el mercado español. Este fenómeno, según expertos y diversas plataformas sociales, ha contribuido al aumento del precio del alquiler y de la compraventa de viviendas, especialmente en áreas metropolitanas y zonas turísticas.
Sumar sostiene que la compra masiva de viviendas por actores financieros convierte la vivienda en un bien especulativo, alejándola de su función social. “No se trata de un problema de oferta y demanda clásica”, declaró Ibáñez, “sino de un modelo económico que antepone la rentabilidad al derecho a vivir dignamente”.
Fuentes del grupo añaden que la medida tiene encaje constitucional y europeo, y se inspira en modelos restrictivos de países como Canadá o Dinamarca, donde se limita la adquisición de vivienda por parte de no residentes o fondos institucionales para proteger el mercado local.
Limitar la transmisión de vivienda a personas jurídicas
La proposición plantea una limitación en la transmisión de la propiedad, tanto a título oneroso (compra-venta) como gratuito (donación o herencia), impidiendo que las empresas adquieran vivienda residencial con fines de inversión o especulación. El texto también reserva la propiedad jurídica exclusivamente para inmuebles de uso económico, reforzando así la diferencia entre el espacio para vivir y el espacio para producir.
La propuesta busca reducir el peso de los grandes actores financieros en el parque residencial y facilitar el acceso a compradores particulares, especialmente jóvenes y familias con rentas medias o bajas, que se ven cada vez más alejadas del mercado.
La vivienda es para vivir y no para especular
El mensaje de Sumar es claro: la vivienda debe concebirse como un derecho básico y no como un bien de inversión. El propio Ibáñez afirmó que se trata de una “propuesta sencilla y conservadora”, pensada para reducir la presión sobre los precios y evitar distorsiones en el mercado. Aunque reconoció que “no hay consenso” para debatir sobre el número de viviendas que puede acumular una persona física, sí subrayó que existe una mayoría transversal que comparte la necesidad de frenar la especulación empresarial.
Esta postura pone en el centro el debate entre la función social de la propiedad y la libertad económica del mercado inmobiliario, tema que sigue generando tensiones políticas y jurídicas entre los distintos grupos del Congreso.
A la espera de la mayoría parlamentaria
El éxito de la iniciativa dependerá del apoyo parlamentario. Sumar calcula que podría contar con respaldo suficiente de partidos como el PNV y Junts, que han mostrado su voluntad de proteger el mercado local y limitar la entrada de fondos buitres en sus territorios. Ibáñez confía en que la propuesta obtenga mayoría suficiente para ser admitida a trámite: “Estoy convencido de que hay una mayoría amplia, desde la extrema derecha a la izquierda parlamentaria, que ve necesario poner coto a la especulación”.
De aprobarse, la reforma abriría un nuevo marco legal en España, restringiendo de forma drástica la participación de empresas y fondos en la compra de vivienda residencial y reforzando el carácter social del derecho a la vivienda reconocido en la Constitución.
Otras iniciativas de Sumar con la vivienda
Esta no es la primera vez que Sumar sitúa la vivienda en el centro de su agenda política. En meses anteriores, el grupo ha defendido medidas como topes al alquiler en zonas tensionadas, refuerzo del parque público de vivienda social y mayor fiscalidad sobre la vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
Con esta nueva proposición, Sumar consolida su estrategia de defensa del derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria, buscando equilibrar el mercado y devolver a la vivienda su dimensión humana y social.
En un contexto de precios disparados y escasez de oferta habitacional, el debate promete reabrir una de las grandes cuestiones del siglo XXI: ¿es la vivienda un derecho o un negocio?
