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El control de los alquileres avanza con la moratoria

Sumergida en el torrente informativo que la crisis del coronavirus origina cada día, la noticia, sin pasar inadvertida, no ha tenido la trascendencia que hubiera tenido en otro momento. Y es que el Gobierno ha decidido ampliar el acuerdo de coalición y actuará contra los desahucios por impago de alquiler. Lo que en la situación económica que se avecina va a tener una importancia capital.

No es baladí la información, porque deja traslucir que el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE está funcionando más allá de lo previsto en sus inicios y porque el Gobierno se ha decidido a actuar en el mercado de los alquileres, a pesar de sus reticencias al comienzo.

Unos días antes, el Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), destacaba en su informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, que el número de lanzamientos hipotecarios practicados en 2019 fue de 54.006, una cifra casi un 10% menor que la producida un año antes. Pero los desahucios producidos por impago del alquiler ya duplican los achacables al impago de la hipoteca, ascendiendo en concreto a 36.467, es decir, un 67,5% del total. Catalunya, con 8.427 desahucios continúa a la cabeza de estas cifras de la vergüenza, seguida por Andalucía, con 5.135; Madrid, con 4.849, y Valencia, con 4.486.

Además de los datos proporcionados por el GPGJ, que muestran una situación que se va a agudizar por las previsibles circunstancias económicas, también la PAH llevaba unos meses en campaña, con especial incidencia a partir del 21 de febrero,  para conseguir lo que finalmente el Gobierno ha decidido.

Aunque era lógico presuponer la medida en un gobierno que dice ser de izquierdas, hacía falta que la moratoria antidesahucios se llevara al Consejo de Ministros y se aprobara, lo que sucedió el pasado  martes, fijándose su duración hasta el 2024. La medida, según aseguró la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, beneficiará a 29.000 familias a las que se sumarán aquellas que en los próximos años se vean envueltas en los lanzamientos de vivienda, lo que si la situación económica sigue torciéndose aumentará.

La ya decidida ampliación de estas medidas de moratoria hacia los inquilinos, se incluirá en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos junto con las medidas para limitar el precio de los alquileres.  A ello se ha comprometido el gobierno para antes del verano, declaración que hizo Ábalos poco después de que el relator de la ONU, Philip Alston, criticara al Ejecutivo por la precariedad en la que vive una parte importante de la ciudadanía del país y la ausencia de un control en el precio de los alquileres que deja a una parte importante de la población en situación vulnerable. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,  ha asegurado que «un problema social extraordinario requiere administraciones audaces que tomen medidas igualmente excepcionales«…ya veremos en qué queda todo.

La moratoria en situaciones de desahucio por alquiler se dirige únicamente hacia bancos, fondos y otros grandes tenedores de vivienda, que no podrán continuar con sus procedimientos de desahucio ni iniciarlos hacia personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, con los mismos criterios que afectan a los desahucios hipotecarios.

Y en este sentido hay que añadir que los supuestos se amplían con cuatro nuevos conceptos: a familias monoparentales con un hijo a su cargo; se pasa de dos a cuatro años la moratoria de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; se tendrán en cuenta en la moratoria los desahucios que correspondan a subastas adjudicadas tanto a acreedores bancarios como a cualquier otra persona física o jurídica; además se incrementa el límite de renta de la unidad familiar para ser consideradas familias vulnerables.  Ya no sólo serán los bancos, sino también los fondos y los subasteros los que deban respetar esta moratoria.

Otro de los puntos importante de los que están hablando en el gobierno de coalición es del papel  que puede jugar la Sareb,  y la actuación que están teniendo los fondos buitre y las sociedades de inversión inmobiliaria en la situación actual del mercado del alquiler.

Tras la crisis inmobiliaria se puso una alfombra roja, con una legislación favorable, a la llegada de todos los fondos de inversión, que se han apropiado de enormes cantidades de vivienda y la han puesto en rentabilidad, esperando obtener grandes beneficios.  Su dinámica en nuestro país es muy conocida, comprar rápido y barato, poner en rentabilidad aumentando los precios del alquiler y vender a otros fondos especializados en el negocio, obteniendo unas buenas plusvalías.  Para ello necesitaban la normativa que Rajoy les facilitó, duración de contratos corta y ningún límite a los incrementos. Además  se crearon las socimis, dotadas de una mayor opacidad y con  exenciones fiscales, sin impuesto de sociedades ni de trasmisiones patrimoniales, el lugar perfecto para tener las grandes cantidades de vivienda que compraron a los bancos a precios de derribo.

Por eso, la regulación de los precios del alquiler es un cambio de tendencia  a la que los grandes tenedores de vivienda se oponen. Y lo hacen poniendo por delante a los pequeños propietarios para que les defiendan y esgrimiendo en sus medios de comunicación la teoría de la regulación del propio mercado, que no es válida por el manejo que de él hacen ellos mismos. No se puede dejar que el mercado regule un bien de primera necesidad, porque de realizarse se tardará un tiempo y dejaremos en el camino a un buen número de familias, sacrificadas en el altar del neoliberalismo.

Con la Sareb se perdió una gran oportunidad de poder haber dotado a este país de la vivienda social que necesita, a un precio muy inferior al que finalmente se tendrá que hacer. Y además, a unos años vista. Fue impuesta por la UE como parte del rescate bancario y el préstamo de la UE, 50.000 millones de euros más sus intereses, fue avalado por el Estado español. Con ese dinero se adquirieron unas 300.000 viviendas a precios de negocio, que ya están siendo transferidas a fondos y socimis.  Esas son las propiedades que tenían que haber constituido el grueso de las viviendas sociales para alquiler. De esta forma los precios no se habrían disparado y la sociedad hubiera salido antes de la crisis. con un consumo más elevado que hubiera mejorado la economía.

Sareb aún debe 40.000 millones de euros a pesar de que ya ha vendido 24.000 millones en activos, los mejores que tenía en su cartera, mantiene pérdidas de unos 900 millones al año y está en quiebra técnica. No parece que el dinero se pueda recuperar antes del 2027,  en que la sociedad debe liquidarse. Lo que quiere decir que al estado,  a todos nosotros, nos tocará pagar lo que reste, más los intereses que son muy altos. Y no pensemos ni por un momento que la gestión es trasparente sino todo lo contrario. Nos hacen trampas todos los días.  Sareb está dirigido por las inmobiliarias de la banca –fondos buitre ahora- que venden las viviendas a otros fondos buitre a precios muy favorables.

Ahora el Gobierno dice que obligará a Sareb a firmar acuerdos con municipios para dotarles de vivienda social. Pero es un engaño más, allí irá una pequeña muestra de los centenares de miles de viviendas que ha tenido y que hubieran solucionado el problema de vivienda, con alquileres sociales controlados,  no habiendo pasado a engrosar las carteras de los fondos buitre, a precios ridículos que hemos subvencionado entre todos y con las que obtienen rentabilidades elevadas; por supuesto a costa del sufrimiento de las familias más necesitadas, aquellas a las que los bancos les niegan la posibilidad de adquirir una vivienda.  Y todo ello sin tener en cuenta que en la crisis que se adivina o se pone vivienda social en el mercado o tendremos la repetición de los desahucios y las ocupaciones. El drama habitacional no se ha acabado.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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