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Fedea advierte que limitar el precio del alquiler reducirá la oferta

La congelación de los alquileres, como una de las medidas prioritarias que Podemos lleva al pacto de Gobierno está preocupando mucho al sector inmobiliario. Sobre todo a los grandes tenedores de vivienda que serían los más afectados, incluyendo las socimis. Y en la palestra ya se está opinando desde diversos puntos de vista. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en cuyo Patronato podemos encontrar a al Banco de España, Caixabank, Sabadell, BBVA, Bankia, ACS, Abertis, Iberdrola, Gas Natural y Telefónica, entre otros, advierte de que limitar el precio del alquiler reducirá la oferta de vivienda disponible y puede dar lugar a trasvases de vivienda de alquiler a propiedad.

En el informe se distingue entre el control de alquileres de «primera generación» en que estos se encuentran prácticamente congelados,  a los de segunda qen que existe cierto grado de flexibilidad con subidas en los momentos entre un inquilino y otro. Según el  informe, puede producirse un trasvase de vivienda pasando del mercado del alquiler al de la venta, debido a que los propietarios se cansen de ver los alquileres congelados y decidan vender la vivienda. Además, puede generarse un cierto abandono de las viviendas por desinversión  en su mantenimiento.

Además, señala que podría frenar la movilidad del trabajo, generar desajustes, fomentar los pagos laterales entre inquilinos y propietarios para sortear los controles (i.e.,sobrepagos y sobornos en forma del “pago por la llave”). Del estudio también se desprende que no existe un patrón estándar de regulaciones en lo que a control del alquiler se refiere, sino que hay una variedad de legislaciones concretas.

Un caso especial de control de alquileres “de segunda generación” que ha recibido considerable atención, es aquél en que los alquileres se mantienen controlados durante la tenencia, pero pueden variar libremente entre tenencias. El alquiler inicial no está sujeto a control, pero ese nivel determina los pagos a realizar en el futuro durante todo el periodo de tenencia. La regulación no permite el desahucio de un inquilino, y limita la cantidad en que el propietario puede incrementar el alquiler. El propietario es libre, cuando la vivienda queda vacía, de negociar un nuevo alquiler con un nuevo inquilino. En este caso, y comparado con la situación no regulada, el equilibrio entraña cierta distorsión, pero también comporta el beneficio de la mejora en la seguridad de la tenencia. Por eso estos controles se han presentado como un compromiso razonable entre quienes rechazan las regulaciones y quienes las preconizan. Y, de la misma manera, emerge como un método parcial de desregulación políticamente aceptable, toda vez que los inquilinos existentes siguen recibiendo cierta protección.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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