Los precios del alquiler, con subidas de hasta el 30% en la zona central de las grandes ciudades, se están convirtiendo en un severo problema para muchas familias españolas cuyos sueldos no experimentan estas subidas ni en sueños. Además el alquiler turístico ha irrumpido con fuerza y está eliminando el alquiler residencial de muchos barrios populares. Contra esta situación, que amenaza con convertirse en una nueva burbuja inmobiliaria, se ha recibido en el Congreso de los Diputados la primera proposición de Ley para intentar controlar la situación en todo el estado.

La proposición  ha sido elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la han hecho suya los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y Bildu. La iniciativa no sólo intenta actuar sobre los alquileres, sino que es mucho más extensa y pretende una  regulación integral de todo el mercado de la vivienda en España, modificando un importante número de leyes. Entre otras cuestiones quiere conseguir  la paralización de los desahucios cuando se trate de la primera vivienda, regular la dación en pago cuando no se pueda hacer frente a la hipoteca, blindar el acceso a los suministros de luz, agua y gas y limitar muchos de los derechos que se arrogan los bancos con la actual Ley Hipotecaria.

El PSOE, que no está entre los partidos que presentan la iniciativa, podría apoyar el contenido del proyecto y  Ciudadanos no lo bloquearía. Esta situación garantiza que el Congreso entre a debatir y trabajar en posibles cambios en el mercado del alquiler y las otras cuestiones hipotecarias.

En cuanto a los alquileres, la  iniciativas más novedosas que plantea el proyecto de ley es implantar un precio máximo en el alquiler de una vivienda. Ya sea en un contrato entre particulares o con una sociedad. La idea es fijar un índice de precios en función de las características de la vivienda, como su ubicación o el número de habitaciones. Que sirva para establecer un precio techo que nunca se pueda sobrepasar. Una propuesta que, según fuentes de la PAH, está inspirada en fórmulas aplicadas en París o Berlín. Aunque el proyecto afectaría a todo el estado, la cuantificación de los precios máximos será competencia de las entidades locales, que tienen un mayor conocimiento de los barrios y las características socioeconómicas de la población.

Entre otras cuestiones se quiere imponer que la duración mínima de un contrato de alquiler sea de cinco años cuando sea entre particulares y de 10 años si es con una sociedad. Los autores pretenden garantizar la estabilidad del inquilino y evitar, según las fuentes de la PAH, la especulación y que no se renueven los contratos para subir los precios del alquiler.

Otra de las propuestas, ya muy esgrimida por la PAH,  es obligar a los fondos de inversión y a los bancos a la cesión de los pisos injustificadamente vacíos para usarlos temporalmente para alquiler por 10 años.