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El coste del jolgorio bancario va a ser a pachas

Más de diez años después del inicio de la crisis bancaria, que marcó también el comienzo de la pérdida de confianza de los clientes en su entidad financiera «de toda la vida», los bancos españoles continúan empeorando su imagen, a la vez que los riesgos por los litigios pendientes  y por venir, y sus consecuencias en la cuenta de resultados, se incrementan.

El inicio de sus problemas llegó con la sentencia contraria por la cláusula suelo, que les ha costado ya una suma en devoluciones que supera los 2.300 millones de euros y aún continúan litigando por todos los juzgados de España, sin olvidar las  swap, las hipotecas multidivisa y las preferentes.

Pero la pesadilla para la banca no ha hecho más que comenzar. Demasiados años abusando de sus clientes, con la razón que le daba una legislación que no tenía en cuenta a la europea y su defensa de los consumidores, y unos políticos que tan solo sabían mirar por sus intereses, les han llevado a ocupar una posición en la que preferirían no estar, en el lado de los que pagan. Y es que la tortilla, ayudada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha dado la vuelta y los agraviados y atropellados clientes están muy cabreados y dispuestos a recuperar todo el dinero que les han esquilmado y con intereses.

Se avecinan nuevos conflictos por las comisiones de apertura, los tipos de demora, las tasas por la cancelación anticipada de las hipotecas y por supuesto el IRPH que ya está visto para sentencia. Y al calorcito económico de esta situación adversa para los bancos y con mucho, muchísimo dinero en juego, han surgido unos bufetes de abogados expertos en este tipo de litigios, que sólo cobran si tienen éxito y que con la potencia que les da contar con millones de clientes –se habla de 10 millones de afectados/clientes-  van a llevar a la banca española a tener que provisionar cada vez más dinero para hacer frente a la situación. Y lloran mucho e intentan trasladas su problema a la economía del país, lo que por otro lado no es nuevo, siguiendo la eterna táctica capitalista de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.

Y no nos llamemos a engaño, de pobrecitos bancos nada de nada, que ese dinero que van a tener que devolver lo han sacado previamente de los bolsillos de millones de afectados, que a lo largo de muchos años han sido convenientemente ordeñados por esta cuadrilla de aprovechados y que a la hora de recobrar el dinero que les pertenece, los sufrimientos experimentados no van a contabilizar en el monto recuperado. Algunos se han quedado por el camino y sus nombres, además de figurar como una muesca en la culata del colt bancario, son la parte consolidada de los beneficios obtenidos.

Para empezar, el 24 de junio próximo llegará desde Luxemburgo la sentencia por el índice IRPH, que si es condenatoria para los bancos tendrá un resultado adverso de entre 7.000 y 44.000 millones de euros. La cláusula de vencimiento anticipado, que se ha aplicado en centenares de miles de desahucios,  sumada a la anulación del concepto «cosa juzgada» si hay cláusula abusiva por el medio, es otra de las cuestiones que está dando a los bancos un profundo dolor de cabeza por las insospechadas consecuencias que puede tener.

Y no hay que olvidar que la crisis del Popular y la salida a Bolsa de Bankia, son dos problemas que día a día siguen engordando y que lejos de aclararse, la situación está cada vez más oscura, con miles de demandas de los afectados. Sobre todo por la ocultación sistemática de información que se ha hecho desde los estamentos implicados, regulador incluido.

Y nadie duda que van a seguir surgiendo nuevos litigios por las irregularidades de los últimos años, tanto en los créditos hipotecarios como en las condiciones generales de comercialización de múltiples servicios financieros.

Los intereses usurarios es uno de los frentes que ha comenzado a abrirse y que puede dar mucho juego. Y la legislación, aunque antigua y casi olvidada, se ha vuelto a poner sobre el tapete y va clarísimamente en contra de las entidades financieras, reguladas o no, que prestan dinero con pocas garantías y mucho interés. Son esos crédito fáciles y rápidos que se anuncian en todas partes y que, al parecer, carecen de control, lo que resulta poco menos que increíble, ¿para que está el Banco de España?… Pero desde 1908 en España está la Ley Azcárate, y que con poco articulado pero contundente, declara nulos los intereses remuneratorios usurarios y obliga a la entidad a devolver lo percibido.

Y con el auge de los Cofidis o Vivus, las tarjetas revolving y las otras, las líneas de crédito con TAEs del 30% y otros maléficos inventos similares, la ley más que centenaria y casi olvidada ha cobrado nueva vida y se está convirtiendo en el azote de los nuevos prestamistas que pierden la totalidad de los juicios a los que se enfrentan. Y ya hay bufetes especializados en perseguir estas prácticas que se venden “on line” pero son tan antiguas como el mundo.  En materia de usura la referencia suele ser un interés superior a dos veces y media el interés legal del dinero, y ya sabemos que con la política monetaria del BCE,  está por los suelos.  El 95% de las tarjetas de crédito que hay en el mercado son usureras con la ley en la mano y esta situación afecta a millones de personas

El mayor problema para la banca es que el ciudadanos español, cabreado y hasta el gorro de tantas comisiones como de letra pequeña, le ha perdido el respeto y está dispuesto a denunciar y litigar. Auxiliado, eso sí, tanto por el tribunal de Luxemburgo, que tiene que estar perplejo ante el cortijo bancario español, como por los Arriaga, Rosales, Treviño y demás grandes bufetes especializados en este tipo de demandas colectivas, que han visto un filón inagotable con las actividades casi delictivas de la banca española.

Sólo cobran si tienen éxito, pero ese 20% de media de los más de 100.000 millones en juego es mucho dinero, y convierte al sector del litigio en una industria floreciente, que ya factura más que muchos sectores tradicionales y además cuenta con un interesante factor de crecimiento. A su amparo van a surgir nuevos bufetes y nuevas demandas que alimentarán este sistema de reclamaciones legales. La tortilla se ha dado la vuelta y los abusadores deberán acostumbrarse a estar en el lado contrario y tener que empezar a devolver todo lo que han percibido de más estos últimos años. Parece que el que pagó la fiesta de los años locos del consumo, el ladrillo y los créditos, va a poder recuperar una parte y que el coste del jolgorio va a ser a pachas.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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