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El Reino de España y de la Banca enseña sus vergüenzas en Luxemburgo

La penúltima batalla de esta larga guerra que enfrenta a más de 1,3 millones de personas contra la banca española, por la aplicación del IRPH,  una cláusula que se pide sea declarada abusiva, tuvo lugar el pasado día 25 en la Corte de Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí se fajaron los representantes de Bankia, del Reino de España, de Reino Unido, de la Comisión Europea y de los afectados.

Como ya bien se han preocupado en airear los más interesados, está en juego una cantidad que podría llegar a los 44.000 millones de euros y que,  aseguran, dejaría a la pobre banca española, arruinada, con problemas de liquidez y al borde de un nuevo rescate, que otra vez pagaríamos entre todos.  Esta es, al menos, la versión esgrimida por consultoras, banqueros y analistas diversos del sector financiero. Por supuesto ni mencionan a los engañados por este abuso bancario -carecen de glamour- que han pagado de más cantidades que pueden llegar a los 40.000 euros, lo que en algunos casos les ha llevado al desahucio y a la ruina.

Lo que tiene que decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es si este índice, como defiende tanto la banca como nuestro Tribunal Supremo en sentencia del 2017, está exento de cualquier tipo de control de transparencia al estar autorizado por el Banco de España. Y si no es transparente y por lo tanto abusivo, debiera eliminarse de los contratos hipotecarios como si no hubiera existido nunca y las cantidades cobradas de más devueltas.  Y aquí está el terror del sistema financiero y también del tándem político financiero PP/PSOE/Ciudadanos.

El índice fue el segundo más utilizado en nuestro país tras el euríbor, sobre todo en los contratos hipotecarios firmados en los años precedentes al estallido de la burbuja inmobiliaria, aunque también después, cuando el abuso ya estaba en la opinión pública. Numerosas entidades bancarias lo ofrecieron a sus clientes como una alternativa al euríbor más segura y menos fluctuante, como fueron Sabadell, Santander, BBVA, Bankia, Caixabank y Kutxabank. El beneficio para estos banqueros, acostumbrados a jugar con ventaja, es indudable: entre 200 y 450 euros más en cada mensualidad hipotecaria.

Son varios los problemas que afectan a este índice, por un lado su fácil manipulación por parte de las entidades. Cuestión que ya admitió el Banco de España en el 2015, al asegurar que  «cada caja ha podido influir en el resultado del IRPH aumentando los intereses y los gastos aplicados por ella, y que la magnitud de su influencia podía calcularse con precisión matemática” Además de la fácil manipulación, el índice adolece de una absoluta falta de transparencia, como reconoce en su demoledor informe la Comisión Europea, discrepando del Tribunal Supremo español y que se ha personado como causa  .

La vista oral celebrada el pasado 25 de febrero, pretende responder  a tres cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado de primera instancia número 28 de Barcelona. La primera si el índice IRPH, como defienden las entidades financieras, está exento de cualquier control, como aseguró nuestro inefable Supremo en su sentencia de 14 de diciembre de 2017. También debe definir el TJUE cómo quedarán las hipotecas en caso de sentencia contraria al IRPH, si a 0% interés o sustituido por otro índice. Finalmente deberá dirimir si a la devolución de lo cobrado de más y sus pertinentes intereses, se aplica el carácter retroactivo. Como antecedentes está el informa de la Comisión Europea en el que advertía que de acuerdo a la legislación comunitaria solo se permitía la utilización del índice en el caso de que haya sido comercializado con total transparencia, lo que incluye explicar al cliente cómo se configura el cálculo y avanzarle posibles evoluciones a futuro, lo que la banca no cumplía habitualmente.

La vista siguió el esquema establecido, con intervenciones de 15 minutos para las alegaciones, al que seguía un turno de preguntas por parte de los jueces y 5 minutos más a cada ponente para el turno de réplica.

Comenzó José María Erauskin, de Abogados Res, bufete donostiarra que ha conseguido llevar a nuestra banca allí donde no quiere estar, a una corte europea que no puede manipular a su antojo. Y lo hizo exponiendo las especiales peculiaridades del índice, que obligan a que deba ser explicado de manera diáfana a los usuarios, su fórmula de cálculo con tipos anuales equivalentes, que incluyen las comisiones, gastos y diferenciales del resto de préstamos que realizan las entidades, por lo que necesariamente el interés será siempre mayor que por ejemplo, el Euríbor. Además, contestó en su turno de réplica al abogado general Maciej Szpunar, asegurándole que le engañaban cuando le confirmaban que el ya famoso artículo 4.2 se aplicaba en España, “no lo hace por decisión del legislador” le contestó Erauskin.

El abogado de Bankia, que seguía en el turno de palabra,  centró su alegación en asegurar que el IRPH es un índice oficial legal, por estar autorizado por el Banco de España, argumentando ya la catástrofe que para el sistema financiero podría significar una sentencia negativa, que llevaría a judicializar por parte de los consumidores todo el sistema económico de la Unión Europea. Antes de caer en el esperpento, había asegurado que el IRPH era minoritario, obviando que esa minoría ha sido mayoritaria en determinados años y entidades. Yendo al meollo de la cuestión, aseguró el abogado de Bankia que el IRPH no puede controlarse al ser un índice legal, por lo que no procede la aplicación de la Directiva 93/13 y que, por supuesto, el artículo 4.4, que impide entrar en el control de cláusulas esenciales de un contrato está plenamente operativo en España a pesar de no haber sido traspuesto. Finalmente y para terminar de lucirse en Europa, que para algo había ido hasta allí, aseguró que no se le puede dar demasiada información al consumidor porque no podría entenderla y “se aturdiría”. Vamos que somos tontos y necesitamos que se enteren en Luxemburgo que el consumidor español no puede medirse con los mismos baremos que en el resto de Europa.

En todo caso, lo mejor del día estaba por llegar y fue María José García-Valdecasas, abogada en representación del Reino de España, quien terminó por aclararnos la situación en la que nos movemos en el mencionado Reino de España. En todo momento defendió a la banca frente a los 1,3 millones de consumidores atropellados a los que ignoró, aseguró que el IRPH es una norma imperativa y que por ello no procede analizarlo desde el punto de vista de la abusividad y la transparencia.  El propio juez ponente se lo echó en cara. Continuó García-Valdecasas haciendo suyos los argumentos de Bankia, asegurando que el diferencial del IRPH es menor que en el Euríbor, lo que beneficia a los usuarios. Que el índice es oficial y legal por elaborarlo el Banco de España –con la información que le facilitan las entidades financieras- y que en España los bancos cumplen las normas de transparencia que marca la Orden Ministerial 5/94…-jajajajaja ni saben que existe- finalizando con la afirmación que no son los bancos los que deben informar al usuario sobre el índice, sino que es el usuario quien debe mirar la información en el BOE, comparar TAEs por su cuenta y elegir….Cerró su intervención advirtiendo sobre los males del infierno que caerían sobre la banca española por la anulación de la aplicación del índice y el apocalípsis que supondrá aplicar esta anulación con efectos retroactivos. Ni una palabra para los consumidores sangrados por los bancos del Reino de España.

El cuarto turno fue para la abogada del Reino de Gran Bretaña e Irlanda que al final admitió la importancia de dar al consumidor una información veraz y completa, aunque había comenzado dando la razón al abogado de Bankia con que un exceso de información podría bloquear al consumidor. Finalizó, advirtiendo que en aras de la “perspicacia” de los consumidores, en caso de enjuiciamiento habría que ir caso por caso comprobando la capacidad del consumidor para entender el IRPH, su fórmula de cálculo y lo que significa.

Para acabar las ponencias intervino el abogado de la Comisión Europea, el español Napoleón Ruiz, que en consonancia con el informe emitido por esta institución defendió a los consumidores españoles. El índice a aplicar lo hace el profesional, la Directiva 93/13 es de obligado cumplimiento para el IRPH, el artículo 4.2 no ha sido traspuesto de ninguna forma, ni directa, ni implícita ni indirectamente y que la retroactividad deberá ser total en caso de anulación de la cláusula ya que es como si ésta no hubiera existido nunca. Y que por supuesto, es preciso aplicar la transparencia a este complejo índice, para que el consumidor entienda que hay costes dobles y que siempre será superior a otros índices por su sistema de elaboración.

La sesión terminó con el  abogado general Maciej Szpunar informando que la fecha de sus conclusiones será el 24 de junio.

Las intervenciones del abogado de Bankia- que hace su papel defendiendo a su cliente – y de María José García-Valdecasas, abogada del Reino de España, han dejado como verdad incontestable que en nuestro país no existe la división de poderes y que el entramado político financiero es el que dirige las decisiones judiciales, incluyendo las del Tribunal Supremo. Que resulta vergonzoso que el Reino de España coloque de forma prioritaria los intereses de la banca, antes que los de 1,3 millones de españoles estafados por sus imposiciones. Que más que vergonzoso es clarificador, por lo que indica del sistema, que la abogada del Reino de España solicite que se incumpla la legislación y la banca española no tenga que devolver lo robado de forma retroactiva y con intereses, porque sería una catástrofe. Es lo de siempre, el que roba un bocadillo va a la cárcel y si robas mil millones al pueblo español eres casi un héroe y no es necesario que lo devuelvas. La abogada del Reino de España defendió el enriquecimiento ilícito de la banca e ignoró a los centenares de miles de personas que se han visto afectadas por esas actividades, con desahucios, suicidio, sufrimientos… No ha habido mejor intervención posible  para enseñar en Europa lo que sucede en nuestro país en el choque entre los derechos de los consumidores y los beneficios del sistema financiero.

El Reino de España y de la Banca ha enseñado nuestras vergüenzas y carencias en Europa y debemos estar satisfechos, no por sufrirlas en silencio como las almorranas, sino porque tal vez sea la forma de empezar a revertir la situación. En todo caso es necesario agradecer a abogados, como  el irunés José María Erauskin, que no se plieguen ante el poder legislativo financiero y que den la batalla donde más les duele, en Europa y en sus bolsillos.

 

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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2 thoughts on “El Reino de España y de la Banca enseña sus vergüenzas en Luxemburgo”

  1. Jolin Don Eduardo tiene Vd un verbo facil y una lengua viperina no por ello exenta de verdades como puños. Me encantan sus cronicas con satira, mordaces, hirientes y no tienen ni un pelo de desperdicio. Ah, voy a ubicarme, le dire que soy ex-oficial de notarias despedido en 2001 por un «ilustre» nota, ahora estoy jubilado anticipadamente (62) y como todo jubilado me dedico a «vigilar» mi barrio y darle el cante el ayuntamiento para que repare los desperfectos vecinales. Ya le digo lo del bocadillo genial, las almorranas superior y la cronica de la otra semana no tenia desperdicio. Tengo batallitas de la vida que a lo mejor podrian interesarle dada me especializacion en la notaria y mi trabajo especifico con la banca por internet. Yo dispongo de mucho tiempo libre y me podria dejar caer por Manzanares el Real si lo estima. Mi correo ya lo tiene, un cordial saludo

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