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La banca está preparando un nuevo chantaje de 60.000 millones

A poco menos de dos meses del siguiente paso en el controvertido caso del IRPH, que afecta a más de 1,3 millones de hipotecas, la Banca española está comenzando a dar muestras de nerviosismo – alguna filtración tendrán-  trasladando en forma de chantaje el problema a los partidos políticos, con Pedro Sánchez a la cabeza, como ganador de las elecciones del pasado día 28.

El  abogado general, Maciej Szpunar, anunció que el próximo día 24 de junio aportará sus conclusiones y a partir de ese momento la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debería demorarse más de tres meses.

Lo que tiene que decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es si este índice, como defiende tanto la banca como nuestro inefable Tribunal Supremo en sentencia del 2017, está exento de cualquier tipo de control de transparencia al estar autorizado por el Banco de España. Y si no es transparente y por lo tanto abusivo, debiera eliminarse de los contratos hipotecarios como si no hubiera existido nunca y las cantidades cobradas de más devueltas, con sus intereses  y con efectos retroactivos.  Y aquí está el terror del sistema financiero y también el motivo de preocupación del tándem político financiero PP/PSOE/Ciudadanos, aunque ahora recaiga sobre el PSOE de Pedro Sánchez.

El movimiento de los bancos ha llegado al Ministerio de Economía de la mano del Banco de España, con un casual informe confidencial que cifra en 60.000 millones de euros el coste del problema. Es decir el mismo de la ayuda que recibieron los bancos para el rescate. Esta cantidad es la que estima el BdE que tendrá que pagar la banca española en el escenario más desfavorable, es decir, que el TJUE declare nulo del IRPH y establezca un «tipo cero» para todos los afectados con carácter retroactivo. Y la situación preocupa al Gobierno por el impacto social que puede tener,  muy superior a los costes hipotecarios o la cláusula suelo. Y éste es el objetivo del interesado, en forma y tiempo, informe de nuestro banco emisor, siempre del lado de sus primos.

La cifra supera ampliamente a la esgrimida por Goldman Sachs hace unos meses -44.000 millones de euros en su escenario máximo- y que ya se afirmó en aquel momento dejaría  a la pobre banca española, arruinada, con problemas de liquidez y al borde de un nuevo rescate, que otra vez pagaríamos entre todos.  Ahora se profundiza más en la idea de la ayuda que necesitarán con una cifra que iguala la ya recibida.

De nuevo el pobre pollo, que ha sido desplumado y puesto a asar en la barbacoa judicial, carece de todo tipo de derechos, salvo el de servir de víctima propiciatoria para la voracidad de las entidades financieras y engrasar, con su sangre y sudores, el sistema bancario.

En la vista celebrada el pasado día 25 de febrero, los abogados del Reino de España salieron a machete a defender a los bancos en contra de millones de consumidores españoles, apoyando la sentencia de finales de 2017 del Tribunal Supremo, que daba validez al índice y su uso como referencia en las hipotecas. Y con la lección bien aprendida previamente, ya que coincidieron en todos los puntos con el abogado de Bankia.

Frente a ellos, la propia Comisión Europea presentó un informe desfavorable, basado en la legislación comunitaria sobre derechos de los consumidores, en el que advertía que, al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, al cliente no se le explicó bien el funcionamiento de este índice ni se le hicieron siempre las comparaciones y simulaciones necesarias para que estuviera bien informado, dado que este índice siempre ha sido superior al euríbor.

Está claro que la estrategia a seguir por el Reino de España en este caso, había sido definida por el anterior ejecutivo, muy compenetrado con la banca,  a la que rescató con las rodilleras puestas y sin explicaciones ni garantías.

Pero la situación ya había cambiado y en el Ejecutivo estaba el PSOE, que ha tenido que aguantar un alud de reclamaciones y protestas, desde todos los sectores y asociaciones implicadas, por no defender los intereses de los consumidores en contra de ese índice y plegarse ante los argumentos de los bancos, cayendo de paso en el peor de los ridículos ante el TJUE con la actuación de María José García-Valdecasas, abogada en representación del Reino de España, La situación es muy complicada: por un lado 1.3 millones de hipotecas que incorporan el IRPH como índice y por otro un sector bancario que se ha beneficiado y mucho del abuso. Pero ahora toca pagar y los bancos, a través del Banco de España, ya hablan de 60.000 millones para que se identifique con un nuevo rescate. Es decir, si pierden perdemos todos atendiendo a su vieja ideología liberal de socializar siempre las pérdidas y repartirse los beneficios.

Y en esa estrategia cuentan con la completa entrega del Banco de España, porque  si el TJUE condena el índice IRPH por falta de transparencia, quedaría una vez más con las vergüenzas al aire, ya que nuestro apreciado Banco emisor le dio la necesaria cobertura legal necesaria al funcionar como un índice oficial, publicado en sus comunicaciones y regulado desde la institución. Nuevo batacazo en la credibilidad de un supervisor con la reputación por los suelos, debido a sus implicaciones en la crisis financiera, con resultado de 60.000 millones.

El Banco de España confía en que la argumentación remitida al TJUE por los servicios jurídicos del banco, certifique la legalidad del índice IRPH y su transparencia, disipando todas las dudas sobre su opacidad y la capacidad de las entidades financieras para manipularlo y llevarlo por escalas superiores al euríbor de forma general. Es decir, intentan que el TJUE trague con la sentencia del Supremo y estime que aunque pueda haber algunos casos puntuales, la generalidad del índice se ciñó a la legalidad y que la mera referencia de una hipoteca a ese índice, no puede prejuzgar ni falta de transparencia ni un abuso.

Resulta cuando menos chocante e indicador de la situación general de la Justicia en nuestro país que el único abogado que defendió a los consumidores españoles, aparte del abogado de la parte demandante, José María Erausquin, fue Napoleón Ruiz, abogado de la Comisión Europea, que actuó en consonancia con el informe emitido por esta institución: el índice a aplicar lo hace el profesional, la Directiva 93/13 es de obligado cumplimiento para el IRPH, el artículo 4.2 no ha sido traspuesto de ninguna forma, ni directa, ni implícita ni indirectamente y que la retroactividad deberá ser total en caso de anulación de la cláusula ya que es como si ésta no hubiera existido nunca. Y que por supuesto, es preciso aplicar la transparencia a este complejo índice, para que el consumidor entienda que hay costes dobles y que siempre será superior a otros índices por su sistema de elaboración.

Todo este largo procedimiento judicial está dejando una verdad incontestable ante las instituciones europeas, que en nuestro país no existe la división de poderes y que el entramado político financiero es el que dirige las decisiones judiciales, incluyendo las del Tribunal Supremo. Que tampoco existe una defensa de los consumidores, cuyos derechos quedan pisoteados ante los beneficios de las grandes empresas, en este caso la banca. La desfachatez de nuestro sistema judicial llega a que la “abogada del Reino de España” solicite que se incumpla la legislación y la banca española no tenga que devolver lo robado de forma retroactiva y con intereses, porque sería una catástrofe. Y si lo hacen ante una institución del prestigio del TJUE. ¿Qué no estarán dispuestos a hacer o habrán hecho de puertas para adentro?Cualquier actuación que imaginemos, por deleznable que sea, siempre será superada por la realidad.

En todo caso y si nuestros propios representantes se obstinan en mostrar ante Europa la vergonzante situación de nuestra Justicia e instituciones y la inexistencia de los derechos de los consumidores frente a los beneficios de la banca, perdidos el orgullo y la confianza que como país debiéramos tener en nuestro sistema, nos debe quedar al menos el pragmatismo. Y armados de esta virtud impedir que la banca vuelva a hacer caja chantajeando al Estado.  Se llevaron 60.000 millones del rescate, que ya ha reconocido el Banco de España que no devolverán-¿hay alguien que los haya exigido?-, esquilmaron a los 1.3 millones de hipotecados con IRPH otros 60.000 millones y ahora quieren que se los paguemos “gratis et amore”si tienen que devolverlos.  Hay que negarse a este nuevo abuso y que lo paguen de sus beneficios, pasados, actuales y futuros.  Nuestra salud como país democrático y europeo lo exige.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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