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Con el colapso judicial como estrategia

Desde que  el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara su plan de urgencia, consistente en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias, todos los sectores implicados, salvo la banca y el Gobierno, aseguraron que sería el caos y que no solucionaría nada. Se equivocaron al 50%, es el caos, pero le está solucionando la papeleta a la banca, porque el colapso judicial debido a la ausencia de dotación presupuestaria es mayúsculo.

Y ese colapso implica un mayor plazo de tiempo hasta que pueda recuperar el dinero y una mayor inversión en el procedimiento judicial (pago de provisiones de abogados, procuradores, etc), lo que puede desalentar a muchos afectados a demandar. ¡¡Eureka, la estrategia funciona!!

En poco más de medio año de funcionamiento, desde el 1 de junio y exceptuando agosto que es inhábil, los juzgados de cláusulas suelo han celebrado 7.000 vistas y sentenciado 3.500 casos. Entre lo que queda de noviembre y diciembre se espera que celebren 4.000 vistas más. Pero en los juzgados se amontonan ya más de 130.000 demandas y la cifra no para de crecer provocando un auténtico colapso judicial.

El juzgado de primera instancia de Madrid, especializado en litigios relacionados con las demandas sobre cláusulas suelo, es el que más demandas ha recibido durante sus primeros cinco meses de funcionamiento, hasta las 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

Y este augurado colapso de los juzgados especializados en cláusulas suelo, es consecuencia de la sospechosa gestión del Gobierno y del Ministerio de Economía con las medidas arbitradas para la resolución extrajudicial de las reclamaciones. Los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demuestran que las decisiones adoptadas hasta el momento han beneficiado a la banca en perjuicio de los afectados. Y se espera que la cifra de demandas pueda alcanzar las 300.000…

Una de las causas del retraso es precisamente que estos juzgados tramitan otros casos, como los gastos de formalización de las hipotecas, cláusulas de vencimiento anticipado y otros tipos de cláusulas abusivas. Otra es la fijación de los bancos en promover las demandas individuales frente a las colectivas, con la clara intención de arrollar al afectado de forma individual.

La situación se vaticinó al día siguiente de que se anunciara la creación de una serie de juzgados especiales para dirimir los abusos bancarios y se volvió a advertir cuando Rafael Catalá,  ministro de Justicia, aseguró que dotaría a estos juzgados con un refuerzo de medios, tanto materiales como humanos…y lo dijo sin reírse. Las advertencias no sirvieron de nada y el refuerzo ministerial ha sido interesadamente inexistente o incapaz de sobrellevar la situación. El hecho es que el colapso en los juzgados de cláusulas suelo es indiscutible.

Asociaciones de consumidores, funcionarios, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), afectados…todos han ido denunciando la situación de “decenas de miles” de demandas pendientes de registrar, pero el Gobierno, entregado a los intereses de la banca, continúa sin escuchar ninguna voz que le saque del camino marcado, de la estrategia de colapso para conseguir el desestimiento de muchos afectados. El propio CSIF asegura que la situación no sólo afecta a los ciudadanos damnificados por las clausulas suelo, sino que puede repercutir en el resto de demandas civiles sobre otras materias.

Incluso la presidenta del Consejo General de la Abogacía en España, Victoria Ortega, ha pedido al CGPJ que aborte el plan de urgencia puesto en marcha en tras la realidad del colapso que dicha iniciativa ha supuesto desde entonces.  Considera esta organización que el plan  del CGPJ, en lugar de agilizar la tramitación de estas demandas, está agravando la situación. Se suman así los abogados a la petición de los jueces decanos de toda España, que en sus conclusiones de la conferencia anual celebrada en Bilbao, exigieron al CGPJ la supresión de esta fórmula

El colapso beneficia a la banca y limita los derechos de los consumidores que reclaman. Después de que tanto el Tribunal Supremo como el TJUE sentenciaran la ilegalidad de estas prácticas debiera haberse devuelto el dinero a los afectados, sin  más dilación y sin procesos complejos, caros y lentos.

El proceso se preveía que costara a cada afectado que demanda, unos 600 euros de media, para recuperar entre 6.000 y 10.000 euros. La actuación gubernamental ha logrado que el coste suba para los afectados y el dinero a recibir se vea cada vez más lejos. Con la esperada aclaración del TJUE sobre la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipada y la conocida  “Ley de Murphy” la situación de colapso no puede sino empeorar el próximo año. Motivo de alegría para la banca, que hoy está celebrando la resolución favorable del Supremo sobre el IRPH.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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