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Daños colaterales

Un tupido velo cubre, de momento, casi toda la operación que hizo terminar al Banco Popular en manos de su eterno rival el banco de Santander. Pero entre los intersticios del velo el Fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, ve demasiadas irregularidades para que “no pase nada”. Hay indicios, sostiene el fiscal, de que los directivos del banco Popular estafaron a los inversores cuando el pasado año realizaron una ampliación de capital por 2.505, 5 millones de euros. Y no sólo eso, sino que también estima la posible perpetración de un delito de manipulación del mercado con la publicación de una serie de falsas noticias que hicieron caer su cotización bursátil. Y así se lo hace saber al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, encargado del caso. Juez que tiene ante sí un verdadero aluvión de querellas, 26 nada menos presentadas por afectados, cuatro más por diversas asociaciones y otra por un bufete de abogados ejerciendo como acusación popular. La última llegada a su mesa es la de ADICAE en donde se pide que declare tanto Luis de Guindos como Ana Patricia Botín.

Para terminar de tranquilizar al país, en éste nuevo caso de estafa financiera de altos vuelos, hay que recordar que tanto la Junta Única de Resolución (JUR), como el BCE, se han negado de forma sistemática y en más de una ocasión, a facilitar a la OCU –una de las querelladas- el acceso a la documentación íntegra de resolución del caso Banco Popular.

Así las cosas y con el informe de Anticorrupción en la mano, el juez Andreu ha decidido admitir a trámite las tres primeras querellas presentadas por la ampliación de capital del Banco Popular en 2016, dirigidas contra el propio Banco Popular, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y los miembros de su Consejo de Administración. En la causa se investigarán, entre otros, delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida. También se admite una querella contra la auditoria de PriceWaterhouseCoopers, que dio validez a las cuentas de la entidad. Pero esto no es todo, ya que siguiendo las indicaciones de Antonio Romeral, abre una segunda pieza, en la que se investigará la supuesta manipulación del mercado con noticias falsas, que hundieron la cotización del banco en los mercado bursátiles y pudieron generar fuertes beneficios a los que estaban al tanto de las operaciones.

De la época en que Angel Ron fue presidente, es decir, hasta el 20 de febrero de 2017, se denuncia la operativa de ampliación de capital en la que los querellantes aseguran que se suministró información falsa a los inversores, reflejando una situación que no se ajustaba a la realidad. Y estafando, por lo tanto, a decenas de miles de pequeños accionistas que concurrieron a la ampliación.

A la época de Emilio Saracho se imputa la difusión de noticias falsas con el objetivo de hacer caer la cotización de las acciones.

Los sueldos e indemnización que se llevó Angel Ron también serán objeto de investigación. Éste es otro de los grandes escándalos de la quiebra de una entidad financiera que ha dejado sin nada  a 300.000 accionistas del Popular y a los titulares de deuda subordinada y bonos convertibles.

Y es que mientras el Banco Popular perdía en el primer semestre del 2017, 12.218,4 millones de euros, sus administradores se llevaban 7,27 millones en el mismo periodo de tiempo. Cantidad que triplica lo cobrado en el primer trimestre del 2106, con 2,58 millones de euros.

De verdadero escándalo tiene que calificarse que Emilio Saracho cobrara una prima de contratación de cuatro millones, a la que debe sumarse un salario fijo anual de 1,5 millones. Estuvo 107 días en el cargo. El consejero delegado, Pedro Larena, tenía una prima de contratación de un millón y otro millón de sueldo. Por si esto fuera poco,  el Popular aportó 3,4 millones para las pensiones de los consejeros y elevó hasta 86,7 millones las obligaciones para pensiones futuras.

¿Qué pasó para que el Popular se fuera al hoyo de manera tan definitiva? El principal problema del Popular fue la continua sangría de liquidez a través de la pérdida de depósitos, situación que comenzó en abril del 2015 y no se detuvo hasta que llegó la venta.  Los resultados del banco reflejan que sus fondos propios cayeron hasta los 332,3 millones, cuando en junio de 2016 estaban en 14.543,5 millones. En cuanto a los recursos gestionados de los clientes, éstos cerraron junio en 78.343,3 millones, un 27,2% menos que en el primer semestre de 2016 (108.291,2 millones).

Y mientras la situación económica empeoraba, las noticias sobre su delicada situación financiera o su  posible quiebra eran casi diarias. Y a pesar de los desmentidos del banco, las informaciones que aparecían no estaban muy lejos de la realidad. De lo que se  deduce la existencia de filtraciones interesadas. ¿A quién beneficiaron? ¿Sólo al Santander que adquirió el banco a precio de ganga? ¿Hubo otros beneficiados?

Y otra de las grandes preguntas se refiere a la actuación del Banco de España, que dejó llegar la situación hasta la pérdida total. Hace unos días Pedro Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, encendía todas las alarmas al asegurar que no se supervisa bien y, además, se represalia a los inspectores críticos. Y hablando del Popular, aseguró que el informe de Deloitte, en el que se aseguraba que el valor del banco era negativo de entre 2.000 y 8.000 millones, era una grosería técnica porque no decía nada. Pero al final es en el que se basó la intervención a pesar de existir otros informes más positivos. En efecto existía otro informe que daba un valor de 1.300 millones. Y la diferencia era la valoración de unos activos inmobiliarios, que para unos eran tóxicos y para otros no. El Santander los vendió rápidamente y sin problemas.

La caída del Popular está dejando demasiados damnificados para que se pueda dar carpetazo al asunto o se sigan intentando mantener en secreto determinados documentos que precipitaron la intervención.  Por un lado están los 300.000 accionistas que, de la noche a la mañana- y nunca mejor dicho- lo perdieron todo. También los bonistas y los suscriptores de deuda subordinada. Pero ahora vienen los trabajadores, que la digestión de la entidad por parte del Santander va a dejar en la calle.

Y es que son casi 600 las sucursales del Popular que cerrarán, sobre todo en Castilla y León y Madrid,  y unos despidos que estarán entre el 30 y el 70% de la plantilla. Lo veremos rápido, porque van a comenzar con el proceso en los próximos meses. ¿Daños colaterales? Pues maldita la gracia que les va a hacer a los afectados, sobre todo cuando parece que en la “ardua” negociación del Gobierno con el Santander,en la que se regaló la entidad por un euro, nadie les tuvo en cuenta. Y es que vivimos en un país donde enriquecerse a costa de la desgracia de miles de familias casi parece normal.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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