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La defensa del negocio bancario lleva al Supremo hasta el suicidio

El Tribunal Supremo ha sido capaz de superarse a sí mismo y a lo largo de estas tres últimas semanas ha conseguido romperse y acabar con la escasa credibilidad que le quedaba. Su presidente Carlos Lesmes y el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo, Luis Díez Picazo, tienen mucho que ver con lo sucedido y debieran dimitir ante la situación creada, como se exige ya desde distintos ámbitos políticos y judiciales.

Todo comienza cuando la empresa de vivienda de Rivas Vaciamadrid presenta una demanda porque no comprende que no sean otros, más que los bancos, que son los que necesitan inscribir y dar fe notarial de las viviendas que se adquieren con un crédito hipotecario, los que paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

A continuación, la sala tercera de lo Contencioso Administrativo cambia de criterio, como ya se lo habían advertido a Díez Picazo, que debía estar con su atención dispersa en algún complot menor y se dejó meter un gol por la escuadra que iba a costar a la banca desde 3.000 millones en adelante. Y es que la sentencia dictada por la sala el pasado día 18 de octubre, anulaba el artículo 68.2 del reglamento del impuesto y endosaba así el pago a las entidades bancarias.

Y ante la magnitud del desastre bancario, con caída general en bolsa incluida y la intensidad de las llamadas telefónicas, Díez Picazo reaccionó, mal y tarde, pero lo hizo para intentar salvar el bolsillo del sector financiero frente a los intereses de millones de familias españolas que teniendo sólo la razón, carecen de lobby de presión. Azuzado sin duda por Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo por el PP, emite al día siguiente un comunicado, un tanto irreflexivo ante el terremoto que va a causar, con el que suspende la sentencia y convoca un pleno de 31 jueces el día 5 de noviembre para dirimir sobre ese drástico cambio de criterio,  y salir al rescate de los bancos anulándolo.

Y en estos 18 días todos presionan a un Tribunal Supremo y a sus miembros, fácilmente influenciables por lo que se ha podido comprobar. Pero es el sector financiero el que tiene más fuerza porque, al fin y al cabo es el que más se juega, si dejamos de lado la credibilidad de la Justicia española, que a estas alturas ya no vale gran cosa.

Raro fue el día en que algún alto ejecutivo bancario no salió a la palestra a defender sus posiciones y a amenazar con los males que puede suponer un sector financiero depauperado por los costes del impuesto.

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, aseguró que la entidad acataría la decisión que tomara el Tribunal Supremo en relación a quién debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), pero aseguraba no contemplar que el fallo pudiera penalizar a quien ha cumplido la ley.

En el mismo sentido se expresó el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar,  que defendió que los bancos han estado cumpliendo una norma en vigor durante 23 años, por lo que no tiene sentido penalizar a estas entidades cumplidoras de la ley con un considerable quebranto económico. Adelantando, que no había prevista ninguna provisión de fondos para hacer frente a las consecuencias de lo que dictaminara el Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Por su parte, el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, estimó que cambiar el sujeto pasivo del impuesto es, cuanto menos, “una cosa extraña” y que no veía ninguna razón para que existiera retroactividad si el Tribunal Supremo decidía el próximo 5 de noviembre que los bancos deben pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Haciendo también hincapié en que las entidades financieras habían cumplido con el reglamento  vigente en cada momento.

Pero no han sido sólo los bancos los que han esgrimido su opinión en los medios, también la ministra de Hacienda,  María Jesús Montero, se muestra preocupada por la situación y estima que las Comunidades Autónomas podrían verse obligadas a devolver hasta 5.000 millones de euros si el Supremo confirma que es la banca quien debe pagarlo y abre la puerta a devolver el dinero indebidamente cobrado a los contribuyentes, durante los últimos cuatro años. Montero aseguró que se dirigiría a la banca para que cubriera esta cantidad que debía haber abonado.

El problema no es sólo que en un futuro la banca tenga que abonar ese impuesto, que ya lo repercutirá en las hipotecas, el verdadero problema radica en la hipotética retroactividad de la medida que podría haber llevado, mejor dicho llevar que el problema no está para nada cerrado,  a las entidades financieras a pagar entre 3.000 y 20.000 millones dependiendo de los años que fuéramos hacia atrás.

En todo caso es preciso contemplar los números para entender la magnitud del problema y es que no parece  que la “enorme repercusión económica” de la que hablaban los bancos, presionando al Tribunal Supremo y a los políticos que se dejen presionar, sea tan grande como dicen. Y es que durante los nueve primeros meses del año el IAJD ha supuesto una cifra de 480 millones de euros, es decir, un 3,5% de los 13.909 millones de euros que han ganado las principales entidades financieras en esos mismos nueve meses.

Si tenemos en cuenta los cuatro últimos años, que serían los de retroactividad casi indiscutible, el impuesto de las hipotecas ha representado 947 millones de euros anuales desde octubre de 2014 hasta julio de 2018. En ese periodo, el montante total ha sido de 3.631 millones de euros, asumidos por 1.564.424 contribuyentes, según pone de manifiesto el análisis realizado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Finalmente, y como en una actuación bien preparada, el Gobierno ha respondido a la crisis ocasionada por la sentencia del Tribunal Supremo y aprobará hoy jueves un decreto ley con el que modificará la norma que regula el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, para que nunca más tengan que pagarlo los consumidores, sino que lo paguen los bancos.

Con esta medida, necesaria tras la degeneración a la que ha llegado el Supremo, Sánchez despeja la situación futura, pero no aclara lo que pasará con la retroactividad. Y aquí, como ya viene siendo la norma, tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien nos socorra y ya se han alzado voces al respecto. De prolongarse la actuación de nuestras altas instancias judiciales contra los consumidores y a favor de empresas y entidades financieras, Luxemburgo va a tener que dotarse de los medios necesarios para mantener a nuestro país como una causa abierta de forma constante, lo que es un bochorno de proporciones europeas.

Decía antes que el Supremo está roto y que su credibilidad es inexistente, se ha inmolado en el altar del beneficio bancario. Por ello e independientemente de que a Carlos Lesmes le llegue la hora de irse dentro de un mes, parece necesario que esta estructura judicial sea de verdad independiente y su clientelismo de partidos políticos y grupos de presión, cediendo a sus intereses, desaparezca. Y debiera hacerlo con la dimisión de todos sus miembros actuales, que han quedado manchados para siempre por esta actuación y otras muchas anteriores, de las que destila una contaminación política e ideológica constante. Necesitamos volver a creer en la Justicia, que debiera ser uno de nuestro pilares básicos, como en el resto de los países europeos. No puede seguir siendo un cachondeo delante de toda Europa. No nos lo merecemos…¿o tal vez si?

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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