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Los afectados por el IRPH a las puertas del desenlace europeo

La batalla de los afectados por el IRPH está a punto del desenlace, aunque es preciso decir que, con los antecedentes existentes, tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los afectados se verán abocados a reclamar su liquidación a través de los tribunales especiales, que con lo colapsados que ya están por el resto de cláusulas abusivas de los bancos, podrían demorar su sentencia casi dos años y a ello jugará la banca.

El próximo día 25 se verán las caras en una vista pública las partes afectadas y todas las señales nos dicen que, como sucedió con la cláusula suelo, el tribunal europeo propinará un nuevo revolcón a nuestro alto tribunal que,  defendiendo a la banca, aseguró en 2017 que ese índice está exento de cualquier tipo de control de transparencia. Y ese nuevo traspiés de la banca española llegará si el TJUE considera al IRPH una cláusula abusiva por la falta de transparencia en su desarrollo, aplicación y contratación. Reino de España, Inglaterra e Irlanda, Bankia y la Comisión Europea han realizado observaciones que los abogados de los afectados deberán estar preparados para responder. Hay mucho en juego.

El IRPH ha sido hasta hace poco el segundo índice de referencia más usado en las hipotecas en España, sobre todo en las firmadas en 2006 y 2007. Muchas entidades lo ofrecieron como una alternativa menos volátil que el euríbor, entre ellas Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Santander, BBVA y Bankia.

Las personas afectadas por esta cláusula superan los 1,3 millones y la cantidad que deberá devolver la banca española, con un resultado europeo adverso, puede superar los 40.000 millones de euros si se reconoce la retroactividad, que es lo previsible. Y ante esta situación resulta de una obscenidad que raya en lo grotesco, la consideración mayoritaria que están haciendo los medios económicos de “pobre banca que va a tener que devolver un pastón” y se puede arriesgar su posición en el IBEX y sus resultados bursátiles. Como si no se hubiera apoderado previamente de ese dinero con un procedimiento que está a punto de ser considerado ilegal y que ha originado sufrimiento y penalidades a 1.3 millones de familias españolas.

Ante la cercanía del “juicio final” las entidades financieras ya iniciaron desde el pasado año un movimiento de acercamiento a sus afectados para ofrecerles un acuerdo y cambiar su hipoteca a un tipo fijo. Eso sí, a cambio de esta muestra de “buenismo bancario” les obligan a firmar una cláusula que cierra la puerta a cualquier reclamación posterior. Por ello los principales bufetes de abogados que representan a los afectados recomiendan no firmar nada y  pedir la suspensión de los procedimientos iniciados hasta que se conozca la sentencia del TJUE.

El IRPH, mejor dicho los IRPH, pues son tres  (IRPH Bancos, IRPH Cajas, e IRPH Entidades) no es, como dicen los magistrados del Supremo, “una media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria, de plazo igual o superior a tres años para adquisición de vivienda libre, que hubieran sido iniciadas o renovadas en el mes a que se refiere el índice”. Esta opción sería la ideal y justa. Porque en realidad el IRPH se basa en tipos medios equivalentes, es decir, constituye un indicador del coste medio total de las operaciones iniciadas o renovadas el mes de referencia. Esto quiere decir que convierte los costes totales de cada operación en tipo de interés. Razón por la cual siempre ha sido superior al euríbor y estado en manos de los bancos subirlo, incrementando los costes de operación. Y es lo que hicieron los bancos cuando el euríbor comenzó a caer, incrementar el resto de elementos del TAE, impidiendo a los afectados beneficiarse de esa caída del euríbor.

Pero no es el amaño que se hiciera del IRPH el quid de la cuestión que tendrá que dirimir el TJUE, sino la transparencia o no de la cláusula, para considerarla abusiva y eliminarla del contrato. Y no parece que la sentencia del Tribunal Supremo respete el principio de transparencia que la jurisprudencia de la Unión Europea ha establecido. Todo lo contrario, ya que tanto Orduña como Arroyo, los dos jueces díscolos del Supremo, reprocharon a sus compañeros que  su idea de control de transparencia resulta contraria a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE,  ya que con su decisión parecía que intentaban evitar que el IRPH pueda ser sometido al mismo control de transparencia que la cláusula suelo o las multidivisa.  Es decir, que la entidad financiera facilitara al usuario la información suficiente para que éste pueda entender lo que es ese IRPH al que se referenciaba su hipoteca y lo que  significaría para su economía presente y futura.

El TJUE celebra vista oral el próximo 25 de febrero. Debe responder a tres cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado de primera instancia número 28 de Barcelona. Por una parte, se cuestiona si el índice IRPH está exento de cualquier control de transparencia, después de que el Tribunal Supremo español así lo afirmara en su sentencia de 14 de diciembre de 2017. La segunda pregunta es la de definir cómo quedarán esas hipotecas en caso de nulidad del IRPH, es decir,si con cero interés o sustituido por otro índice, como el euríbor.  Y, por último, debe responder a la pregunta de si la devolución de los importes y los intereses se aplica con carácter retroactivo.

La vista es pública y para poder acudir es preciso acreditarse con antelación, sabiendo que una vez completado el aforo de la Sala se impedirán nuevas acreditaciones. Comenzará la vista después de comer -hora europea-, es decir, a las 14.30 de la tarde, tras haber mantenido el Presidente de la Sala una reunión con las partes, para darles las últimas indicaciones de cómo va  a desarrollarse la vista. Las intervenciones tienen un tiempo concedido de 15 minutos para poder realizar los comentarios, con Bankia en primer lugar, seguido del bufete “Abogados Res” con José María Eraukin, a los que cabe el honor de haber iniciado la contienda y después de ellos Reino de España, Gran Bretaña e Irlanda, Comisión Europea.

Tras la primera fase de exposición intervendrán los 15 Magistrados que solventarán sus dudas preguntando a cualquiera de las partes, a la que seguirá un tercer periodo de 5 minutos de réplica para cada una de las partes.  Tras cuatro o cinco horas de sesión, quedará la vista lista para sentencia que se conocerá a mitad de año y dilucidará si la justicia europea, como todo parece indicar, vuelve a contradecir al Tribunal Supremo español, que está cada día que pasa más devaluado. A favor de los afectados está el demoledor informe  de la Comisión Europea, que discrepa del TS y se ha personado como causa.

Tras la sentencia y si el TJUE llega a darles la razón, cada afectado -si el Gobierno de España no lo impide y no parece por la labor- deberá acudir a los tribunales de Justicia especiales para cuestiones hipotecarias, que dispuso el Partido Popular y que gracias al celo bancario, están totalmente colapsados. Como la banca -antecedentes tenemos- no va a llegar apenas a acuerdos prejudiciales con tal de retrasar el pago de lo cobrado de más y poder presionar a los afectados, para que acepten acuerdos miserables con la amenaza de eternizar su causa en los Juzgados, el atasco va a ser mayúsculo. Nada menos que 1.3 millones de afectados que esperan recobrar su dinero. A ello le seguirán los recursos a las sentencias, que se derivarán a las Audiencias Provinciales,  colapsándolas también. Y si entendemos que la Justicia que llega tarde no lo es, tenemos un buen problema. ¿Lo resolverá el PSOE si continúa en el Gobierno? Yo creo que no.

Eduardo Lizarraga

www.aquimicasa.net

 

 

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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