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Vuelan nuestros derechos, vuelan nuestros dineros

 

Los años transcurridos desde que comenzara esta larga crisis han traído, no solo la penuria económica para una gran parte de la sociedad española, sobre todo las clases medias y obreras, sino también una caída sin precedentes de los derechos y libertades conquistados en más de un siglo de historia. Y con ellos, los derechos de los consumidores, que se han visto gravemente conculcados en beneficio de las grandes empresas, que para las medianas y pequeñas no ha habido ventaja alguna.

Los bancos, las eléctricas y las compañías de telefonía han sido las grandes beneficiadas de la dejadez, no puede ser menos que interesada, que han mostrado las administraciones, sobre todo la central y las autonómicas, sin diferencias de color político,  desde que comenzara la crisis, allá por el 2008. Dejadez que ha actuado en beneficio de estas empresas y en contra de los derechos de los consumidores y de su bolsillo.

Y está teniendo que ser la Justicia europea la que ponga las cosas en su sitio, no todas porque tras las sentencias llega su administración y ya sabemos lo que pasa cuando administra el Gobierno de Madrid, que hace todo lo posible por vaciar de contenido el dictamen de Bruselas y que los españolitos de a pie nos quedemos con un palmo de narices y sin que nos devuelvan lo expoliado.

La lista de robos, estafas y abusos es larga; la cláusula suelo, los gastos hipotecarios, la ley de desahucios…por parte de la banca; los contadores inteligentes –sólo para ellos- la manipulación de las tarifas, la cuota de potencia…a cargo de las eléctricas; los peajes del roamming, las tarifas que contratas uno y pagas siete, la permanencia, las penalizaciones…a cargo de las empresas de telecomunicaciones. Y los 902 para todos.  Decenas de actos fraudulentos cometidos contra los consumidores y las administraciones encantadas de haberse conocido o imponiendo en algunos casos sanciones ridículas frente a los beneficios obtenidos.

No puede ser que en todos los casos la estulticia de la administración sea la culpable de la situación de estafa generalizada. No puede ser que los afectados tengan que recurrir una y otra vez a los juzgados porque los departamentos de defensa de los consumidores o el Ministerio de turno estén ciegos ante los abusos de las grandes empresas. La explicación más plausible es “que no interesa”; no interesa defender a los consumidores porque no se recibe nada a cambio y  en cambio, de las grandes empresas siempre se puede obtener algo, aunque “tan sólo “sean sillones millonarios en sus consejos de administración. Y una pista clara de lo que sucede es la disminución vergonzosa de los presupuestos destinados a Oficinas de Consumo o a la Dirección General en el Ministerio, como ha sucedido en Andalucía., que es además, una de las comunidades autónomas donde más abusos se suceden.

Y siendo grave la situación de abusos manifiestos y generalizados, aún considero más escandaloso que, tras una sentencia condenatoria, no se conmine a las empresas condenadas a reparar los daños  y devolver lo robado de oficio, sino que se obligue a los afectados a tener que recurrir a tribunales, contratar peritos y abogados para obtener lo que les ha sido arrebatado.

Es el caso de lo que está sucediendo con la plusvalía municipal. El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado la nulidad de varios artículos de la ley que regula el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocido popularmente como impuesto de plusvalía-, de manera que los consumidores pueden reclamar las cantidades abonadas si registraron pérdidas en la venta del inmueble. El TC extiende a todo el territorio nacional la decisión que había adoptado previamente para el territorio histórico de Gipuzkoa.

El TC considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) —conocido popularmente como impuesto de plusvalía— vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo.  El tribunal afirma que a partir de ahora corresponde al legislador llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Las Diputaciones vascas y se espera que el resto de municipios, ya se han puesto en pie de guerra y van a dificultar todo lo posible la devolución del dinero recaudado. Y esa dificultad se traduce en que los afectados tendrán que realizar un largo proceso de papeles, contratar abogados, pruebas periciales, ir a juicio…Vamos que el dinero se lo sacaron sin más, pero para recuperarlo, a pesar de la sentencia, va a tener que gastarse otro buen puñado de euros. Y eso es injusto.

Lo justo tendría que ser que las administraciones que se han apoderado de un dinero que no es suyo lo devolvieran y corrieran con los gastos de esa devolución, pero en éste país absurdo esto no sucederá. Por eso, asociaciones de consumidores están tomando el papel que debieran jugar las administraciones competentes en la defensa de los consumidores y asesorando a todos los afectados que son más de 500.000.

El procedimiento pasa por, una vez recopilada toda la información: escrituras y documento de pago de la plusvalía, hacer una reclamación extrajudicial al ayuntamiento. Y si como parece está siendo la norma y el ayuntamiento no accede a la devolución o lo hace en una cantidad inferior a la correspondiente,  habrá que presentar el correspondiente recurso en el plazo legal establecido para ello. Si agotadas las vías de recurso el consistorio sigue sin aceptar la devolución, habrá que acudir a la justicia para reclamarlo. Es decir, gastar dinero para defendernos de unas administraciones que se han apoderado de algo que no era suyo. Y que disponen de muchos más recursos que nosotros para defenderse y lo que es peor, recursos que les pagamos nosotros mismos.

La situación de indefensión y escarnio que padecen los consumidores españoles y usuarios de todo tipo de servicios no es propia de un estado de derecho. Y menos de un país de la UE en donde los derechos de los consumidores son cada vez más tenidos en cuenta. Si en una guerra la primera víctima es la verdad, parece que en una crisis económica lo son los derechos de los ciudadanos. O por lo menos en España, donde se ha aprovechado la crisis para quitarlos, disminuirlos y hacernoslo tragar. Pero fútbol y telebasura hay más que nunca.

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Eduardo Lizarraga

WWW.AQUIMICASA.NET

 

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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