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Quien no corre vuela y algunos van a reacción

Aunque sabemos que es parte de la condición humana, siempre resulta repugnante comprobarlo en situaciones como la actual y aún más cuando se trata de abogados con código deontológico que se estudia como asignatura en la carrera. De moralidad mejor ni hablamos. La Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) ha denunciado ante el Consejo General de la Abogacía Española a once asociaciones y despachos de abogados que han creado supuestas plataformas de afectados por el Covid-19, para hacer negocio ofreciendo sus servicios.

La denuncia contra estas entidades se presentó el pasado 24 de abril, por captar clientes mediante «publicidad fraudulenta» e incluso «camuflándose» como asociaciones. ALA advierte de que se han ido creando diferentes entidades «que se dicen formadas por afectados por la pandemia» y que ofertan servicios jurídicos, vulnerando «nuestros códigos deontológicos«. Todo es mentira y detrás de cada asociación tan sólo hay abogados esperando hacer negocio.

Las asociaciones denunciadas son la Asociación de Afectados por el Coronavirus (Asacovid), cuyo presidente es José Manuel Hita García de Marina de Aliter Abogados y que ofrece asesoramiento legal y económico; la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus, del Grupo Médico Jurídico Durango; Plataforma de Víctimas del Coronavirus Covid, tras la cual está el despacho Navarro&Larriba, según la denuncia; y la Plataforma Solidaria Afectados Coronavirus, formada por un grupo de abogados y con base en Jerez de la Frontera.

También están incluidas en la denuncia la Plataforma de Abogados en Defensa de Afectados por el Coronavirus, que ALA atribuye al abogado Gerardo Manuel Vázquez, portavoz de la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía No; la Plataforma de Afectados por la Gestión de la Crisis del Covid-19, del despacho Martín Herreros; la Asociación Juristas contra el Ruido, cuyo portavoz es el abogado Joaquín José Herrera del Rey; y la Plataforma Afectados Coronavirus; además de los despachos Ontier y Quercus&Superbia y al abogado José Ignacio Sánchez Rubio.

La denuncia indica que el Código Deontológico de la Abogacía, en su artículo 6, impide «la oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos […], en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días«.

En su denuncia ALA solicita que se abra un expediente disciplinario a los despachos por dicha «publicidad fraudulenta» ya que nada es gratuito y se les requiera su cese «de manera inmediata«, además de pedir que se investigue «la identidad de los despachos que se encuentran tras la presunta ilícita publicidad«.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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