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Cláusulas suelo: el robo que no cesa ante la pasividad del Gobierno

La banca española, amparada por el Gobierno, continúa desobedeciendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que obliga a la devolución del total de lo cobrado indebidamente por las entidades. Así lo asegura  Adicae  que ha analizado los resultados de una muestra de 1549 usuarios que han presentado la reclamación extrajudicial de devolución de lo cobrado de más.

La asociación presentará este informe al Banco de España, que ocupa la presidencia de la Comisión de Seguimiento prevista en el RD 1/2017, al conjunto de grupos parlamentarios, a las instituciones de consumo, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia.

El resultado del análisis confirma el “boicot” de las entidades al mecanismo urgente de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo y revela los abusos a los que siguen sometiendo a sus clientes.

El Observatorio de Seguimiento y Vigilancia de Adicae ha elaborado un completo informe en el que analiza los resultados de una muestra de 1549 reclamaciones extrajudiciales en materia de cláusula suelo, que han sido gestionadas por la asociación, y dirigidas a 40 entidades diferentes en el primer semestre de aplicación del Real Decreto 1/2017.

El dossier pone de manifiesto el absoluto “boicot” de las entidades financieras al mecanismo extrajudicial, que lejos de servir como protección, supone una nueva exposición de abusos a sus clientes. Miles de usuarios siguen sintiéndose estafados y engañados por las entidades al comprobar que, pese a la multitud de sentencias que declaran nula la abusiva cláusula suelo y a la resolución del TJUE, que establece la devolución íntegra, los bancos continúan practicando escandalosas irregularidades y se niegan a reintegrar las cantidades cobradas indebidamente.

Estas premisas son corroboradas con los datos extraídos del informe realizado por Adicae cuyas principales conclusiones son:

Solo el 12% de los hipotecados ha obtenido una oferta económica por parte su entidad bancaria.
• De este porcentaje, tan sólo el 6% de los clientes han recibido efectivamente las cantidades, y el 6 % restante corresponden a ofertas engañosas por parte de los bancos que el afectado ha debido rechazar.
• Las entidades con mayor número de rechazo de reclamaciones son Ibercaja que ha llegado a denegar prácticamente el total de las solicitudes, nada menos que el 96%. Caja Duero, por su parte, rechaza hasta el 88% y el Banco Popular el 75 % de los casos.

Entre el cúmulo flagrantes irregularidades que las entidades están cometiendo en la aplicación del RD 1/2017 encontramos: ingresos parciales de las cantidades que el banco estima –siempre a favor de la entidad- sin realizar ninguna oferta previa, sin desglose de cantidades, intereses ni negociación con el afectado; la denegación sistemática de las reclamaciones sin especificar motivo alguno; el manteniendo de la cláusula suelo en los préstamos de las hipotecas aludiendo transparencia, aún a día de hoy y con la multitud de sentencias a las espaldas; ofertas “off the record”, sin ningún soporte físico ni documentación o la solicitud como requisito a los afectados para realizar la reclamación de documentación de su hipotecas, pese a no ser necesario y a sabiendas que a muchos no les fue entregada.

Y una larga lista de prácticas abusivas que se detallan en el dossier y que deja patente la mala fe y falta de escrúpulos de las entidades. Mientras, los clientes continúan pagando en sus contratos hipotecarias por este abuso bancario que ya debería haber concluido. La actitud de las entidades supone una rebelión frente al decreto- ley del Gobierno.

La Asociación, como representante del Consejo de Consumidores en la Comisión de Seguimiento y Control creada por el Gobierno, espera que las deficiencias se solventen y presionará para que se realicen las modificaciones necesarias con el fin de que el Sistema Extrajudicial sea reconducido con urgencia y cumpla el objetivo de su creación.

Del mismo modo que instará a una solución eficaz a los grupos parlamentarios que dieron el visto bueno al sistema extrajudicial y que carecen hasta el momento de cualquier información al respecto después de 8 meses de su aprobación, así como a las instituciones de consumo, justicia, y economía que participan en la misma y que no han mostrado ningún interés en un funcionamiento eficiente y rápido, como exigía la gravedad del problema para los consumidores y para las propias instituciones judiciales.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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