"Scales of Justice" statue representing the Roman goddess of justice personifying moral force. (Photo via wikimedia commons)
Bancos Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consumidores usuarios

Entra en marcha el plan para evitar el colapso en los juzgados

Se pone en marcha el plan urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al previsible aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016, que obliga a la banca española a devolver todo lo percibido de más por la cláusula suelo más los intereses, va a ocasionar un fuerte incremento de trabajo en los Juzgados a pesar del plan del Gobierno que pretendía evitarlo o tal vez por ello.

La iniciativa, que se aprobó el pasado 25 de mayo por el CGPJ, consiste en la especialización en materia de cláusulas suelo de 54 juzgados de Primera Instancia -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-. El objetivo es evitar el colapso de los juzgados de primera instancia. El plan puesto en marcha este pasado jueves, se mantendrá vigente hasta 31 de diciembre de 2017, aunque podrá prorrogarse si es necesario, lo que parece más que probable ante el fracaso general de los acuerdos con los bancos.

A los 54 juzgados previstos están ya entrando los litigios relacionados con cláusulas suelo, intereses moratorios, vencimiento anticipado, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa de manera exclusiva y no excluyente. El objetivo del plan, según ha explicado el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, es garantizar el tiempo de respuesta normal de un juzgado de primera instancia ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas suelo. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá ha asegurado que su departamento nombrará los letrados necesarios para esos juzgados. Muchas buenas palabras a las que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha respondido que la puesta en marcha de este plan se efectúa sin planificación de recursos, por lo que advierte del riesgo de colapso ante los más de 200.000 expedientes que se avecinan.

CSIF considera que el Plan se pone en marcha con un absoluto desconocimiento de los medios materiales y humanos con los que contarán los funcionarios de estos de los juzgados especializados. Además, sostiene que no se ha proporcionado la formación adecuada sobre los procedimientos a tener en cuenta para atender este tipo de demandas, ni se conoce cuánta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio.

 

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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