La situación se vaticinó al día siguiente de que se anunciara la creación de una serie de juzgados especiales para dirimir los abusos bancarios y se volvió a advertir cuando Rafael Catalá,  ministro de Justicia, aseguró que dotaría a estos juzgados con un refuerzo de medios, tanto materiales como humanos. Las advertencias no sirvieron de nada y el refuerzo ministerial o ha sido inexistente o incapaz de sobrellevar la situación. El hecho es que el colapso en los juzgados de cláusulas suelo es indiscutible.

Asociaciones de consumidores, funcionarios, afectados…todos han ido denunciando la situación de»decenas de miles» de demandas pendientes de registrar, que pueden superar las 13.000 sólo en Madrid o las 8.000 en Castilla y León. Ahora es  la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la que denuncia la situación de colapso que, en el caso de Madrid, está creando un tapón de demandas sin registrar en la Oficina de Registro y Reparto dependiente del Juzgado Decano. «La situación no sólo afecta a los ciudadanos damnificados por las clausulas suelo, sino que puede repercutir en el resto de demandas civiles sobre otras materias», advierte CSIF.

La central sindical, como hizo el ministro Catalá en su día, ve necesario mejorar los medios de los juzgados especiales de cláusulas suelo, y el refuerzo de la oficina de registro y reparto civil, compensando el mayor esfuerzo que se les está exigiendo. El sindicato ya advirtió en septiembre de la necesidad de aumentar las plantillas teniendo en cuenta la carga de trabajo que deben soportan.

Pero llueve sobre mojado y el clamor es general,  hace sólo unos días, la presidenta del Consejo General de la Abogacía en España, Victoria Ortega, pidió al CGPJ para que aborte el plan de urgencia puesto en marcha en junio para tramitar las demandas de cláusulas suelo en juzgados específicos o especializados, uno por provincia, tras la realidad del «colapso» que dicha iniciativa ha supuesto desde entonces.  Considera esta organización que el plan  del CGPJ, en lugar de agilizar la tramitación de estas demandas, está agravando la situación. De este modo los abogados se suman a la petición de los jueces decanos de toda España, que en sus conclusiones de la conferencia anual celebrada en Bilbao, exigieron al CGPJ la supresión de esta fórmula a partir de finales de diciembre.