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El tocomocho continuado del sector eléctrico sigue y sigue

Con una asiduidad que raya en la desvergüenza, raro es el mes que alguna empresa del sector eléctrico no es denunciada o sancionada por actuaciones en contra de los consumidores o estafas manifiestas. Iberdrola, Naturgy, (Gas Natural Fenosa) o las más de las veces Endesa, nos muestran muy a las claras, ahora que ya no se silencian sus actividades, de qué forma engordan los beneficios que luego sirven para pagar a Enel o Sanchez Galán y su tropa.

La última ha saltado hace un par de días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Endesa Energía XXI con 5,5 millones de euros por una infracción grave al falsear la competencia y actuar contra las exigencias de la buena fe y la diligencia profesional. La cuestión, como siempre sucede con estas sanciones, viene de lejos y es que  no sabemos nada hasta que son firmes.  Entre octubre de 2012 a marzo de 2013 y entre octubre de 2013 a marzo de 2014, durante las campañas de calefacción, la compañía incluyó en las facturas de sus clientes acogidos a la tarifa semirregulada publicidad de su comercializadora de mercado libre. Según informó el regulador, la sanción a la eléctrica es debida al uso de un canal de comunicación privilegiado y su actuación engañosa con los consumidores domésticos acogidos a la comercialización de referencia de electricidad o de último recurso de gas natural.

La semana pasada le tocó el turno a Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, cuando Facua avisó que los Superpack Naturgy , que comercializan como forma de ahorrar, en realidad pueden inflar las facturas de los usuarios. Presentados engañosamente como tarifas planas, estos bonos de luz y gas incluyen elevadas penalizaciones cuando se superan los límites de consumo establecidos en los contratos. Y es que después de tantos años ya deberíamos saber que las compañías eléctricas sólo quieren vendernos lo que les beneficia.

Anteriormente  la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso  sendas multas de 150.000 euros a Endesa Energía SA y otra a Endesa Energía XXI SLU -la que ofrece la tarifa semirregulada- por  modificar de forma fraudulenta  contratos de usuarios para pasarlos al mercado libre.

Hace tres meses le volvió a tocar la multa –diríase que se las van sorteando entre el oligopolio energético – a Naturgy,  cuando la CNMC hizo pública otra resolución sancionadora de 1,2 millones de euros. En 2017, la antigua Gas Natural Fenosa remitió una comunicación a casi 50.000 clientes -paralizó los envíos tras la denuncia- con tarifa referenciada a la TUR para indicarles que les daría de alta de forma automática en otra y ocultándoles que encarecería su factura hasta un 15%.

En el último año, Competencia ha impuesto varias sanciones contra compañías energéticas por fraudes en la contratación. Dos de ellas fueron por haber dado de alta de forma fraudulenta en tarifas de mercado libre.

La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es interesarnos por la banda de mafiosos que dirigen estas súper empresas y que parecen más vulgares chorizos o descuideros, que empresarios del Ibex 25, o tal sea por eso.  Y lo siguiente de lo que nos percatamos, después de palparnos el bolsillo con cierta intranquilidad, es que sus beneficios, esos de los que presumen, llegan de lo que consiguen estafarnos a lo largo del año, de una manera u otra. Y además en el ámbito de una cierta impunidad.

Es un error pensar que las multas impuestas llegan a cobrarse en algún momento, porque la zona de influencia de las eléctricas se extiende más allá del poder político. No sólo consiguen leyes favorables, sino impunidad a la hora de actuar en contra de los consumidores; y esta situación es más evidente cuanto mayor rango tiene el tribunal. En este sentido hay que entender que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo haya anulado una sanción de 5,4 millones de euros impuesta en junio de 2012 a Endesa por trasladar al mercado libre clientes que habían perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR), según detalla el fallo judicial.

Con esta decisión, las compañías eléctricas han logrado que los tribunales hayan dejado sin efecto en los dos últimos años, ya sea en el Supremo o en la Audiencia Nacional, sanciones impuestas por la anterior autoridad de Competencia (la del mandato de Zapatero) por valor cercano a 70 millones de euros.

Como cuando el Supremo deja sin efecto una multa de la extinta Comisión Nacional de Competencia (CNC) a Endesa Energía XXI, filial de Endesa encargada del suministro a precio regulado, por actos de competencia desleal y falsear la libre competencia de modo que afecte al interés público.

En concreto, Competencia, consideraba desleal el traspaso al mercado libre de clientes que habían perdido el derecho a la TUR y que estaban siendo suministrados de forma transitoria por Endesa, sin que la compañía hubiese recabado el consentimiento expreso del consumidor.

La Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Endesa, que se dirigió posteriormente al Supremo, donde ahora su conducta ha sido considerada conforme a derecho. El tribunal considera que la sanción de la CNC no observó de forma inexcusable y con todo su rigor las cautelas necesarias para imponer una sanción. jajajaja….

Esta sentencia se suma a la ristra de decisiones judiciales en las que se han dejado sin efectos decisiones sancionadoras de Competencia. La mayor de ellas correspondió a una sanción de la CNC a las eléctricas y Unesa por 61 millones, anulada después de que el Supremo invalidase las inspecciones de la Dirección de Competencia en la sede de la patronal eléctrica.

El alto tribunal consideró que las inspecciones en la sede de Unesa carecieron de concreción del objeto y finalidad, pese a estar autorizadas por un juzgado. La actual CNMC anunció que no recurriría la decisión de la Audiencia Nacional.

Recientemente, la Audiencia Nacional dio la razón a Iberdrola y anuló otra sanción de tres millones impuesta en 2014 por el Ministerio de Industria a esta empresa y a Endesa por la gestión de la central nuclear Vandellós II.

El expolio que para todos los españoles supuso la privatización de Endesa por Aznar y su venta posterior, con el oscuro y desastroso episodio de la creación de la figura del déficit de tarifa por Rato,  continúa como causa principal del disparatado mercado eléctrico español, sus abusos hacia los consumidores, estafas de los contadores y raterías varias. Empresas intocables que intervienen al estado y que fundamentan sus beneficios en deudas increíbles, costes inasumibles y pobreza energética para 4,5 millones de españoles no pueden ser honradas y fiables, ni muchísimo menos.

Resulta curioso observar que el patriotismo exacerbado de Aznar y su camarilla se quedó en pulseritas rojigualdas de a un euro, cuando chocó con el liberalismo privatizador y los beneficios que deja.

La privatización de Endesa comenzó en 1988 con los socialistas en el poder, al vender un 25% del capital. La continuó el Partido Popular con Aznar en 1997 colocando en bolsa, vía OPV, otro 35%. Ahí se pierde la mayoría de control público. En 1998 el PP termina de privatizarla al 97%.

Años después, con los socialistas en Moncloa el gobierno de Zapatero quiso volver a controlar la eléctrica. Lo intentó en 2005 a través de la OPA de Gas Natural. Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, difundió que tras la operación estaba la mano negra de los catalanes  y el gobierno del PSOE- y, con la complicidad del PP, se revolvió para hacerla abortar. Gastó generosamente millones de euros en asesores legales y consultores para frenarla y terminó impulsando una contraopa de la alemana E.ON. Tras 2 años de una batalla político económica extraordinariamente agresiva y costosa, la constructora española Acciona y la estatal italiana Enel, con el concurso financiero del Banco Santander, formalizaron en una mañana la compra de Endesa por más de 40.000 millones de euros. Una de las operaciones más caras de la historia económica europea. El patriotismo había conseguido que en lugar de quedar en manos de Gas Natural, que era una empresa catalana, fuera a parar a ENEL, la eléctrica nacional de Italia.

Y el negocio ha sido redondo, primero, en los dos años de luchas por su control y con sucesivas OPAS y contraopas el valor de la acción subió desde los 25 hasta los 41 euros. La subida del valor de las acciones exige más dividendos para remunerar el capital y como la tarifa eléctrica garantiza la rentabilidad de las empresas, ésta crece en paralelo al aumento de cotización de las mismas.

Para que esta fantástica operación financiera no impactara súbitamente en el precio de la electricidad, Rato, ministro de Economía en 1998, camufló el incremento del precio de la luz instaurando el “déficit de tarifa”. Aunque el recibo no subía más que en un 2% anual, porcentaje próximo a la inflación, la diferencia con el precio del mercado eléctrico se trataba como una deuda, de todos los españoles, a pagar en el plazo de 15 años. El saldo acumulado alcanzó a principios de 2014, los 30.000 millones de euros, importe que las eléctricas ya han cobrado en su mayoría, convirtiendo los títulos de deuda en ingresos adelantados. En cambio, los ciudadanos los pagamos a los bancos, tenedores de la deuda, en forma de “peaje” todos los años en el recibo de la luz.

El final del saqueo de la empresa española propiciado por Aznar llega en 2014.  En septiembre, ante la pasividad del Gobierno de Rajoy, Enel forzó a Endesa  a que le traspasara sus activos en Latinoamérica. Pagó por ellos 8.252 millones, muy por debajo de su valor de mercado situado por encima de los 12.000, además,  después logró que Endesa le repartiera dividendos extraordinarios ese año superiores a 13.000 millones. La influencia que ofrecía Endesa en países como Chile, Colombia o Argentina al Gobierno español, pasó al de Roma.  Además, Enel obligó a endeudarse a Endesa por 6.500 millones, para que le pagara el dividendo y haciéndolo todo en Holanda, para así no tener que pagar nada a la Hacienda española. En noviembre, se produjo una OPV en la que Enel vendió un 22% del capital de Endesa, reduciendo su participación del 92% al 70%.

Entre dividendos y ventas en Bolsa, Enel ha ingresado cerca de 30.000 millones de Endesa en diez años. Además, su 70% del capital vale hoy 16.000 millones, es decir, Enel hace un negocio redondo a costa de todos los españoles y de sus sufrimientos para pagar el recibo.

Es todo un escándalo que ha quedado en la más absoluta impunidad, porque ha generado grandes beneficios y eso lo compra todo: políticos, jueces, periodistas, medios de comunicación…Un robo de más de 14.600 millones que  han ido a parar a una empresa pública italiana y al entramado bancario – Santander entre ellos- que ha estado detrás de la operación.

No es de extrañar que el hacedor de estas inmensas plusvalías tenga un puesto en el Consejo de Administración de Endesa, remunerado con 200.000 euros. Y poco es para quien facilitó la venta de nuestra mejor y mayor empresa pública al Estado de Italia. De patriotismo mejor ni hablamos.

 

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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