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Las sentencias condenatorias al IRPH siguen a pesar del coronavirus

A pesar de la situación de confinamiento, van saliendo sentencias condenatorias por la cláusula abusiva IRPH. A las ya dictadas en Burgos y en Lleida, Palma de Mallorca dicta una nueva anulación del polémico índice y condena a CaixaBank a devolver todo lo pagado de más en la vida del préstamo. Lo publica ASUFIN, que asegura que la jueza del tribunal especializado de Mallorca, Margarita Poveda, continúa dictando sentencias.

Se trata de la tercera sentencia pionera que sigue los dictados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y considera abusivo el índice IRPH por falta de transparencia, lo anula y condena a CaixaBank al recálculo de la hipoteca en Euribor y a restituir las cantidades cobradas de más durante toda la vigencia del préstamo.

Tras la sentencia del TJUE, el pasado 3 de marzo, que abrió las puertas a que los juzgados españoles examinaran la transparencia de este polémico índice, hasta tres jueces españoles han dictado sentencia a favor del consumidor, anulando el IRPH, sustituyéndolo por el Euribor y obligando a devolver los importes cobrados ilegalmente de más. Ha sido el Juzgado de Primera Instancia 17 de Palma de Mallorca, que se suma al JPI 4 de Burgos, que dictó sentencia sólo un día después de que lo hiciera Luxemburgo y al JPI 6 de Lleida, que falló el 9 de marzo. Así, en tan solo tres sentencias, ya se ha anulado el desaparecido IRPH Cajas, pero también el Entidades, un índice que sigue vigente en miles de hipotecas.

La jueza de Palma de Mallorca, Margarita Poveda, establece en su sentencia que la “fórmula matemática” que determina el IRPH lleva a que pueda tratarse “de un índice complejo en su conjunto”, lo que exige de la entidad “un plus de información por afectar a un elemento esencial del contrato”. Y falla a favor del consumidor para que se le reintegren las cantidades cobradas de más.

La situación de la Justicia ante las reclamaciones bancarias por la estafa del IRPH y los intereses usurarios de las tarjetas revolving, ha movido a ASUFIN a solicitar la creación de una Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero con decisiones vinculantes, para no colapsar los tribunales. La solicitud es consecuencia de una advertencia del propio Banco de España ante la situación que se espera para este año.

La propia ASUFIN divulga los datos difundidos por el Decanato de Madrid que ya hablan de 40.991 demandas pendientes de repartir, de las que 1.082 son ejecuciones, 34 personaciones y 30.856 escritos. De ellas 17.500 irán a parar al Juzgado de Primera Instancia 101 bis. Este colapso judicial tendrá consecuencias claras sobre las parte más débil de las reclamaciones: el consumidor financiero.

 

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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