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Necesitamos una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores

Tras el varapalo sufrido por España a manos del Parlamento Europeo, por la pasividad ante los macrofraudes cometidos por la banca, FACUA-Consumidores en Acción pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome nota y actúe en consecuencia.

La asociación reclama a Sánchez la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios con competencias sancionadoras ante los fraudes masivos que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas. Se trataría de un organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dedicado a controlar el mercado e interponer multas a las empresas que vulneren la legislación de defensa de los consumidores.

En este sentido, FACUA recuerda que el Gobierno del PP eliminó el Instituto Nacional del Consumo (INC), cuyas competencias -entre las que no se incluía la posibilidad de aplicar sanciones- fueron fagocitadas por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). La asociación advierte de que la protección de los consumidores es una cuestión transversal que no debe vincularse a un único sector.

Asimismo, FACUA denuncia que durante los gobiernos del PP y el PSOE, tanto el Banco de España como los ministerios de Economía y Sanidad -competente en materia de Consumo- fueron absolutamente permisivos con los grandes fraudes cometidos por la banca, las participaciones preferentes, la cláusula suelo, la imposición al consumidor de la totalidad de los gastos de formalización de las hipotecas, el cobro de comisiones abusivas o la aplicación de intereses de demora usureros en préstamos hipotecarios y al consumo.

FACUA pide una agencia capaz de definir y planificar las políticas y estrategias de protección de los consumidores desde una óptica transversal e implicando a todas las áreas de gobierno y en coordinación con las comunidades autónomas. Para ello es fundamental un organismo propio -no compartido con otras áreas y competencias- que asuma realmente las políticas de defensa de los consumidores en el ámbito nacional y cuente con capacidad sancionadora.

Desde la promulgación de la primera versión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en 1984, el Estado no ha tenido nunca competencias para aplicar multas contra las empresas que la vulneran. Sólo las comunidades autónomas cuentan con capacidad para imponer sanciones por la vulneración de la normativa estatal y autonómica de protección de los consumidores. Algo que dificulta enormemente que los fraudes masivos de los que son víctimas consumidores en todo el territorio nacional sean multados de manera proporcional a los beneficios obtenidos con ellos.

 

 

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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