La pandemia que vamos dejando atrás ha traído muchos cambios en usos y costumbres, algunos que se quedarán en el tiempo y otros que deberán desaparecer o al menos regularse; es el caso de las cocinas y supermercados fantasma que causan muchos disturbios en las poblaciones, sobre todo en las zonas residenciales por los olores, ruidos y movimientos de tráfico a cualquier hora del día y de la noche.

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona prevé prohibir los supermercados fantasma en la ciudad y los que están operando actualmente tendrán que escoger seguir funcionando como almacenes alimentarios sin reparto a domicilio o como supermercados abiertos al público. También las cocinas fantasma se enfrentan a las mismas limitaciones y prohibiciones.

La medida ha sido anunciada por las tenientes de alcalde Janet Sanz y Laia Bonet en una rueda de prensa en la que han explicado la propuesta que plantea el Gobierno municipal dentro del plan especial de actividades vinculadas al reparto a domicilio y que se votará en el pleno de este mes de enero si pasa el primer trámite en la comisión de Urbanismo.

De momento el consistorio de la Ciudad Condal aprobó la suspensión de licencias para macrococinas en 2021, y un plan de usos en marzo de 2022  que deberá incorporar una serie de cuestiones y mejoras surgidas del proceso participativo. En el mismo se contempla la prohibición de los supermercados fantasma y también de las cocinas fantasma, aunque tan sólo en zonas residenciales. Podrán instalarse, eso sí, en los polígonos industriales de la Zona Franca manteniendo una distancia mínima de 400 metros entre ellos.

Janet Sanz ha explicado que no existen en estos momentos instalaciones de cocinas fantasma en la ciudad, y que nunca han tenido permiso de actividad habiéndoseles denegado en varias cocasiones.

Repartos a domicilio

El plan pendiente de aprobación contempla la regulación del reparto a domicilio para los bares y restaurantes, que tendrán que pedir un permiso específico para llevar a cabo esta actividad complementaria y deberán solicitarlo durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del plan.

No es la única condición ya que para la obtención del permiso deberán dedicar un mínimo del 40% del local a uso del público y no podrán tan sólo disponer de una ventanilla al exterior para atender a la clientela; además, tendrán que permitir a los repartidores el acceso al establecimiento, incluido el uso de los servicios. Estos repartidores deberán disponer, en función de su superficie, de un espacio de espera al pedido en el interior del establecimiento. Se trata de evitar ruidos producidos a sus puertas.

Laia Bonet ha asegurado que el objetivo del plan es facilitar el trabajo y reparto de estos negocios de una manera regulada que preserve los usos tradicionales del barrio y la calidad de vida en las zonas residenciales.