Cataluña ha decidido mirar de frente a un problema que lleva décadas escondido en tejados, bajantes y depósitos de agua. Desde el pasado 3 de octubre de 2026 está en vigor la Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto, una norma que obliga a informar sobre la presencia de este material cuando se vende o se alquila un inmueble. Y, como suele ocurrir, antes de que nadie haya leído el texto ya circula el bulo de turno: que las viviendas con amianto no se podrán vender ni alquilar. No es cierto, y conviene explicarlo con calma.

¿Qué es el amianto y cuál su peligrosidad?

El amianto, o asbesto, es un mineral fibroso que durante buena parte del siglo XX se consideró casi milagroso: aislante, resistente al fuego, barato y fácil de mezclar con cemento. Por eso acabó en uralitas, tuberías, depósitos, falsos techos y conductos de ventilación de medio país. El problema es que sus fibras, cuando se liberan al aire y se inhalan, pueden provocar asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, enfermedades que tardan décadas en manifestarse. En España su comercialización quedó prohibida en 2002, pero los materiales instalados antes siguen ahí, envejeciendo.

El nuevo marco jurídico catalán

La ley fue publicada en el DOGC el 3 de julio de 2026 y en el BOE el 17 de agosto. Su objetivo va más allá de ordenar la retirada: pretende saber dónde está el amianto, en qué estado se encuentra y qué riesgo supone. Para ello crea un Censo catalán de materiales con amianto, un fondo para financiar la detección y retirada, un registro de empresas y profesionales capacitados y un portal público de información. Es, en definitiva, una ley de transparencia sanitaria aplicada a los inmuebles.

¿A qué obliga la legislación aprobada?

La novedad estrella está en el artículo 21: el certificado de presencia o ausencia de amianto, que deberá entregar el vendedor al comprador y el arrendador al inquilino. Según el Colegio Notarial de Catalunya, la exigencia afecta a los inmuebles construidos antes de 2002. Y no solo a viviendas: la ley habla de inmuebles en general, lo que puede incluir locales, oficinas y naves. En las compraventas, además, la presencia de amianto deberá constar mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad.

Repercusiones en los propietarios de viviendas y agencias inmobiliarias

Para el propietario, lo sensato es empezar reuniendo antecedentes: año de construcción, reformas, proyectos, inspecciones previas e información de la comunidad. Las inmobiliarias y los administradores de fincas asumen un papel activo: deberán comunicar la presencia conocida de amianto, velar por que el certificado llegue al comprador o inquilino y, muy importante, informar en los anuncios de venta y alquiler de lo que diga el certificado. Toca revisar hojas de encargo, contratos y expedientes. Más papeleo, sí, pero también más seguridad jurídica para todos.

¿Qué información debe contener el certificado?

Mientras llega el reglamento, que la Generalitat tiene un año para redactar, el certificado debe acreditar al menos tres cosas: la presencia o ausencia de amianto visible, el estado de conservación de los materiales y el riesgo que suponen para las personas. La Agencia de Residuos de Cataluña publicó, a pocas horas de la entrada en vigor, una guía de preguntas y un modelo provisional de certificado. Un detalle técnico nada menor: una inspección visual no puede garantizar que un edificio esté «libre de amianto» si hay materiales ocultos tras revestimientos o falsos techos. Lo honesto es indicar que no se ha identificado amianto visible en las zonas inspeccionadas. Queda también pendiente concretar quién podrá emitirlo con plena validez legal.

Pasos a seguir si en nuestra vivienda se identifica amianto

Lo primero: no tocarlo. Ni romper, ni perforar, ni tomar muestras por cuenta propia, porque es precisamente la manipulación la que libera fibras. Un material en buen estado y sin alterar puede no suponer una exposición inmediata. La valoración debe hacerla personal competente y, si procede la retirada, solo pueden ejecutarla empresas inscritas en el RERA, con sus protocolos de seguridad y gestión de residuos. El nuevo fondo autonómico debería ayudar a que esa factura no recaiga íntegramente sobre el bolsillo del propietario.

Entrada en vigor y régimen sancionador

La ley rige desde el 3 de octubre de 2026, tres meses después de su publicación en el DOGC. No entregar el certificado se tipifica como infracción leve, con multas de entre 100 y 3.000 euros, y los notarios advierten que puede provocar el cierre registral. El régimen sancionador específico depende de un decreto aún pendiente; hasta entonces se aplican las normas sancionadoras ambientales generales.

Ni prohibido vender ni prohibido alquilar: desmontando el bulo

Aquí está el meollo. Tener amianto no impide vender ni alquilar una vivienda. Lo que la ley exige es informar, y lo que sanciona es no hacerlo. Un comprador puede adquirir perfectamente un piso con una cubierta de fibrocemento, siempre que sepa que está ahí y en qué estado se encuentra. Resulta desconcertante que una norma pensada para proteger a inquilinos, compradores y trabajadores se esté recibiendo como un ataque a la propiedad. Que la Administración haya llegado tarde con las instrucciones no ayuda, pero el espíritu de la ley es difícil de discutir: saber qué hay en las paredes de nuestra casa no debería ser un privilegio, sino un derecho.