De forma proporcional a los abusos cometidos por las entidades financieras y a la toma de conciencia de los afectados, que quieren recuperar lo robado, se está incrementando el colapso de los juzgados especializados en cláusulas suelo y otras triquiñuelas bancarias para incrementar sus beneficios a costa de nuestro dinero. Y este es el caso de los Juzgados especializados de Valladolid. En el marco de la Campaña de OCU contra los gastos hipotecarios abusivos, a la que se han sumado cerca de 44.000 afectados en toda España, la Delegación de Valladolid reitera su denuncia sobre la situación inaceptable e inaudita que se está produciendo en los Juzgados de cláusulas hipotecarias.

Según se ha podido comprobar a través de varias diligencias recibidas, el Juzgado de 1ª Instancia nº4 que tiene las competencias exclusivas y excluyentes para tramitar demandas de consumidores contra cláusulas hipotecarias (suelo, gastos hipotecarios, vencimiento anticipado, IRPH), y el Juzgado nº 4 bis de refuerzo y apoyo al primero están absolutamente colapsados en materia de ejecución.

 El problema está en que a estos Juzgados se destinan Jueces de Adscripción Territorial que tienen que cumplir una serie de objetivos marcados por el Tribunal Superior de Justicia respectivo: en concreto los Jueces adscritos al Juzgado de 1º Instancia nº4 bis de Valladolid tienen que dictar 100 Sentencias al mes para llegar a objetivos. Los funcionarios no dan abasto incoando demandas y los Letrados no paran de señalar Audiencias Previas para que los Jueces puedan dictar sus Sentencias. Pero la realidad es que las ejecuciones están paralizadas, lo que impide a los afectados cobrar los importes reclamados en sus demandas por imposición de las cláusulas abusivas.

El Consejo General del Poder Judicial debería incrementar el número de funcionarios de manera proporcional a la de Jueces de Adscripción Territorial. De nada sirven 3 jueces más en un Juzgado si no se triplica el número de funcionarios que tramiten las causas hasta su archivo.

La Organización de Consumidores y Usuarios ya presentó un recurso en julio de 2017 ante la sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de crear juzgados especializados en cláusulas suelo y advirtió de que la creación de estos juzgados produciría dilaciones indebidas de forma manifiesta y que son contrarias a la Ley, tal y como los acontecimientos están poniendo de manifiesto.

Ante esta situación, que no solo no mejora, sino que se agrava con el tiempo, deben tomarse medidas urgentes, destinando más medios para solucionar este colapso. Además, la situación lejos de mejorar continúa agravándose  por la acumulación de demandas de gastos hipotecarios a resultas de las recientes sentencias del TJUE, estando aún pendiente de saberse que ocurre finalmente con el IRPH cuya cercana resolución a favor de los afectados podría producir el caos absoluto. Y ya sabemos que este colapso y la tardanza que se origina en percibir lo estafado es un arma de negociación en manos de las entidades financieras.