A pesar de los años transcurridos desde que comenzaron a destaparse los abusos bancarios en créditos, hipotecas, productos financieros y un largo etcétera, los consumidores y usuarios siguen sin ver la creación de una Autoridad de defensa que les proteja de forma real e independiente de las cláusulas abusivas en los contratos.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), faltan por resolver 240.000 demandas en los juzgados especializados de los casi 600.000 (584.000 hasta diciembre pasado) que han ido llegando desde 2017, año de su creación, es decir el 41%. El resultado de los procedimientos ya tramitados arroja un porcentaje de éxito para el consumidor del 97,55%. Y falta por llegar aún el grueso de las demandas de los afectados por el IRPH.

«No hay voluntad política de escuchar a los consumidores y terminar con el colapso en los juzgados”, sostiene la presidenta de ASUFIN Patricia Suárez. “Ni se dedican los recursos humanos y materiales suficientes para agilizar los procedimientos en los juzgados especializados ni se está trabajando en la creación de una Autoridad de defensa de los clientes, realmente independiente”, añade.

Desde ASUFIN se ha pedido amparo hasta en dos ocasiones, en esta Legislatura, a los titulares del Ministerio de Justicia, para que acometan ya, de manera seria, las medidas necesarias para evitar la saturación de los juzgados especializados en cláusulas suelo por la insistencia de la banca a litigar. Este sistema, que dilata los procesos hasta 3 y 4 años, les sale sumamente rentable pues disuade a los consumidores de reclamar y supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras 6 o 7 años a los pocos consumidores que hayan reclamado, asegura la asociación de usuarios financieros en la última carta enviada a la ministra Pilar Llop.

Tras más de 10 años de la crisis financiera, sigue sin haber alternativas efectivas para los consumidores bancarios: no termina de cuajarse la iniciativa tantas veces anunciada de una Autoridad Bancaria en defensa del cliente y, a juicio de ASUFIN, la medida estrella de la mediación que incorpora el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que se tramita en estos momentos, supone un paso más que obstaculiza la resolución de pleitos.

El coste de litigar es también una variable que es preciso tener en cuenta, no solo para el demandante, sino para el resto de contribuyentes porque somos los ciudadanos los que pagamos, con nuestros impuestos, unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor. La estrategia bancaria es un inmenso dispendio en dinero y recursos públicos en su propio beneficio.