Han pasado ya casi diez meses desde que el pasado 20 de febrero Vladimir Putin invadiera Ucrania. Dio así inicio a un conflicto del que todavía no se vislumbra el fin y también de un crecimiento desmesurado del precio de los productos energéticos y de la inflación en Europa.
Es cierto que los precios energéticos ya se estaban incrementando cuando los carros rusos atravesaron las fronteras ucranianas y también la inflación, pero la escalada que se vio desde ese momento no se había sufrido en nuestro país desde las últimas décadas del pasado siglo.
Atacando a la ciudadanía como los rusos con sus cañones, el Banco Central Europeo (BCE) comenzó un incremento del precio del dinero que ha llevado el euríbor a casi un 3% y el coste de las hipotecas variables a incrementarse más de un 40%, lo que está dejando en una situación muy delicada a centenares de miles de familias, porque, no lo olvidemos, también ha llegado un fuerte incremento de las tarifas de la luz y de la cesta de la compra.
Ante la situación de emergencia el Gobierno de Sánchez llevó a cabo una serie de medidas que, enfocadas a aliviar las dificultades de las familias, han tenido un doble efecto sobre la economía nacional. Y es que, insuflando el dinero a la sociedad desde abajo, se ha conseguido mantener el consumo, incrementar el empleo, bajar la inflación y hacer crecer un 4,7% el PIB según la OCDE.
En concreto España es, en estos momentos, el país con menor inflación -6,6%- de la zona euro, con una distancia de cuatro puntos de la media y, salvando el mes de diciembre que suele ser tradicionalmente inflacionista, con tendencia descendente. A la vez que la inflación, el empleo, ayudado por una reforma laboral trascendental y necesaria, ha descendido hasta niveles no vistos desde el año 2007, poco antes del inicio de la crisis inmobiliaria a la que siguió la financiera. En estos momentos el paro ha descendido por debajo de los 2,9 millones y hemos alcanzado un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social de 20,3 millones de empleados con cotas históricas de empleo femenino y juvenil.
Para conseguir esta situación, que es ahora la mejor de Europa, el Gobierno comenzó respondiendo a la crisis energética con medidas que han conseguido que la factura de la luz sea la más barata de Europa. Por si no bastara se ha ampliado la Tarifa de Último Recurso, tanto para hogares particulares como a comunidades de vecinos, el tope a la bombona de butano, que continúan usando más de 8 millones de españoles en 19,95 y la gratuidad del transporte público de Cercanías y Media distancia, que se ampliará a todo el 2023 según ha confirmado la ministra Nadia Calviño. La bonificación de los transportes autonómicos podría disminuirse el próximo año por la no aportación de determinadas comunidades autónomas.
Otra medida general, pero pensada sobre todo para el entorno laboral y el transporte por carretera, es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, que desaparecerá el próximo año para destinarse sólo a los transportistas y personas vulnerables.
Decían que no se podía hacer, pero se hizo y con unos resultados inmejorables. Sin embargo, quedan dos aspectos que continúan generando muchos quebraderos de cabeza a las familias: el incremento de las cuotas hipotecarias y lo costes de la alimentación, que podrían llegar a contenerse con la puesta en marcha del tercer paquete de medidas anticrisis.
El primero de los aspectos está muy complicado y aunque Unidas Podemos pretende congelar las cuotas hipotecarias con efectos retroactivos al mes de julio, cuando comenzó la escalada del euríbor, parece que la propuesta es difícil de llevar a cabo con las instituciones financieras a la contra. Algo más sencillo podría ser la congelación de alquileres para todo el 2023, sobre todo por el riesgo existente de que se disparen a partir del 31 de diciembre.
Lo que sí parece ya pactado y que se anunciará antes de las uvas, son las medidas para ayudar en el precio de los productos de alimentación y el impuesto sobre los beneficios extraordinarios que están disfrutando las grandes empresas del sector de la distribución. Los últimos datos del IPC son clarificadores, frente a una inflación general del 6,6%, la alimentación sube hasta el 15,4%. Y no parece que la bajada del IVA, sea una solución compartida por el Gobierno.
Lo asegura Yolanda Díaz al manifestar que la bajada del IVA tendría poca incidencia porque la mayoría de los productos de primera necesidad ya están con el IVA reducido. Todo lo contrario a lo que ocurre con los beneficios empresariales de las grandes distribuidoras, que no dejan de crecer sin que los productores se beneficien de la subida.
Lo que está sucediendo es que la inflación del gas, la electricidad, la gasolina y el diésel durante los últimos meses se ha contagiado por completo L distribución y ya no sirve con que caigan estos precios concretos para volver a precios normales en el conjunto de la cesta de consumo.
Durante los últimos seis meses ha ido bajando el precio de las materias primas alimenticias; en el último año ha bajado el precio de la electricidad un 22,4% y está bajando lentamente el de la gasolina. La única razón por la que la alimentación sube un 15,3% el precio de sus productos es que los supermercados están aumentando su margen de beneficio.
Y para impedir que las familias tengan que elegir entre pagar hipoteca o alimentarse, el presidente del Gobierno anunció la pasada semana un nuevo paquete de ayudas con mecanismos para contener los precios de los alimentos y ayudar a las clases media y trabajadora con un regalo de navidad que se extenderá todo el 2023 y que eliminará el concepto de lujo al que está llegando la comida, recuperando la cordura en el importe de las facturas del supermercado.
Unidas Podemos ya ha avanzado unas líneas maestras en este tercer paquete de medidas anticrisis del que se beneficiarían unos 8 millones de hogares, que es el 40% de la población. Para bajar el gasto de 1.865 euros por año que cada persona dedica a la alimentación pretende facilitar un cheque de entre 250 y 500 euros. Y, como sucede con las eléctricas y la banca, imponer un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios a las grandes empresas de distribución; es decir, Mercadona, Dia, Lidl, Eroski, Consumer, Carrefour y Corte Inglés, que conforman un 54% de la distribución alimentaria. Quedarían exentos los pequeños comercios y de proximidad que suponen el restante 46% de la distribución.
Si se lleva adelante esta medida de contención del coste de la alimentación de las familias, no sólo se verán beneficiados una gran parte de los españoles, sino que tendrá unos interesantes efectos añadidos al bajar la inflación, dejar liquidez en el mercado y beneficiar el consumo y el mercado laboral. Pasado el tradicional mes inflacionista de diciembre, el resultado de las medidas debiera verse el primer trimestre del año. Y si superamos ese primer trimestre encarrilaremos el año de la mejor manera posible, beneficiándose todos los sectores de la situación, el inmobiliario entre ellos.
Eduardo Lizarraga
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