La situación encarece aún más las vacaciones de los españoles

En plena operación salida de la segunda quincena de agosto, repostar gasóleo vuelve a ser un mal trago para millones de conductores que este verano han decidido coger la carretera rumbo a la playa, la montaña o simplemente a casa de la familia. Este viernes pasado, el litro de gasóleo se pagaba de media a 1,834 euros en las gasolineras de la Península, es decir, 42 céntimos más caro que hace exactamente un año, cuando el precio medio se situaba en 1,416 euros. Se trata de una subida del 29,5% en apenas doce meses, un incremento que golpea de lleno a las familias que ya han hecho números para sus vacaciones y que ahora ven cómo el presupuesto se les escapa de las manos en cada parada en el surtidor. Así lo reflejan los datos que ofrece gasolineras.FACUA.org, la web y la app de FACUA-Consumidores en Acción que permite a los conductores localizar en tiempo real los precios más baratos en cualquier punto de España, con información que procede directamente de la que las propias gasolineras envían a diario al Ministerio para la Transición Ecológica.

Y no hablamos de una diferencia menor. En algunos puntos del país el litro de gasóleo llega a rozar los 2,139 euros, un precio que hace apenas unos años habría parecido impensable y que hoy se ha convertido en la referencia más cara del mapa de los carburantes. Lo verdaderamente indignante es que esta escalada no responde únicamente a la evolución de los mercados internacionales del petróleo: FACUA lleva tiempo denunciando que buena parte del problema está en la propia estructura de precios de las gasolineras españolas, que aprovechan cualquier resquicio para ensanchar sus márgenes de beneficio a costa del bolsillo de los consumidores.

Pagar hasta 70 céntimos más por el mismo combustible, según la provincia

Uno de los datos más llamativos, y también de los más difíciles de justificar, es la enorme disparidad de precios que puede encontrarse dentro de una misma provincia. No es que el gasóleo sea más caro en unas comunidades que en otras por razones logísticas evidentes: es que, en la misma zona, dos gasolineras separadas por unos pocos kilómetros pueden cobrar precios radicalmente distintos por idéntico producto. El caso más extremo es el de Badajoz, donde este viernes conviven precios de 1,399 euros y de 2,099 euros el litro, una diferencia de 70 céntimos que resulta difícil de explicar si no es apelando a la falta de competencia real y a la escasa transparencia del sector.

Le sigue Murcia, con precios que oscilan entre 1,568 y 2,139 euros, una diferencia de 57,1 céntimos por litro. En tercer lugar aparece Huelva, donde la horquilla va de 1,630 a 2,139 euros, es decir, 50,9 céntimos de diferencia. Muy cerca se sitúa Albacete, con precios de entre 1,630 y 2,139 euros y una diferencia de 50 céntimos. Cierra la lista de las cinco provincias más desiguales Lleida, donde el litro puede costar desde 1,530 hasta 2,009 euros, 47,9 céntimos de diferencia. Estas cifras dejan una lectura incómoda: comparar precios antes de repostar ya no es un capricho de conductores ahorradores, sino una necesidad casi obligada para no acabar pagando decenas de céntimos de más por el mismo depósito.

Una rebaja fiscal en septiembre que llega tarde y que no garantiza nada

El Gobierno tiene previsto ampliar en septiembre la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos hasta los 20 céntimos por litro, muy por encima de los 5 céntimos que se habían planteado inicialmente. La medida se activa porque la subida del gasóleo superó el mes pasado el 15% que marca la cláusula que dispara este mecanismo de contención fiscal. En teoría, se trata de una buena noticia para los conductores. En la práctica, y esto es lo que de verdad debería preocupar a los consumidores, nada garantiza que esa rebaja acabe traduciéndose en un ahorro real en el precio final del combustible.

FACUA ha detectado en repetidas ocasiones cómo las gasolineras aprovechan tanto los descuentos puntuales como las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo para, lejos de trasladarlas íntegramente al consumidor, incrementar todavía más sus márgenes de beneficio. Es decir, el Estado renuncia a ingresos con la mejor intención, pero una parte de ese esfuerzo fiscal puede quedarse por el camino, engullido por el propio sector. Por eso la asociación insiste, con toda la razón, en que este tipo de parches fiscales resultan insuficientes mientras no vayan acompañados de mecanismos de control efectivos, y reclama que el Gobierno dé un paso más decidido y fije precios máximos para el gasóleo y la gasolina, tal y como ya se ha hecho en otros países de nuestro entorno ante situaciones de escalada de precios.

Que en plena temporada alta de vacaciones el combustible se haya encarecido un 29,5% en solo un año no es un dato menor ni algo que pueda achacarse exclusivamente a la coyuntura internacional. Detrás hay un mercado con escasísima transparencia, diferencias de precios que rozan lo indecente dentro de una misma provincia y unas gasolineras que, según denuncia FACUA, no siempre juegan limpio cuando llegan las rebajas. Mientras no existan medidas realmente eficaces, el consejo más práctico sigue siendo comparar precios antes de cada repostaje, porque la diferencia, como demuestran estos datos, puede llegar a superar los 70 céntimos por litro en la misma ciudad.