El Consejo de la Unión Europea ha aprobado la reforma del Reglamento 261/2004 sobre los derechos de los pasajeros aéreos, dando luz verde a una propuesta que, lejos de mejorar la protección de los consumidores, la diluye en favor de las grandes aerolíneas. La iniciativa, respaldada por 21 Estados miembros, ha salido adelante por un estrecho margen del 65,57% de la población representada, justo el umbral necesario. España, Alemania, Portugal y Eslovenia votaron en contra, mientras que Austria y Estonia se abstuvieron.

La reforma aún no es definitiva: debe pasar por el Parlamento Europeo. Pero lo aprobado este jueves deja claro quién manda en Bruselas cuando los intereses de los consumidores chocan con los de las grandes corporaciones. El lobby aéreo ha conseguido que el Consejo legalice prácticas que hasta ahora eran motivo de sanción o estaban expresamente prohibidas por la jurisprudencia europea. Se debilita así la posición del ciudadano-consumidor ante uno de los servicios más problemáticos y menos transparentes del mercado: el transporte aéreo.

Ahora la decisión está en el Parlamento

Con el primer paso dado en el Consejo, el texto pasará ahora al Parlamento Europeo, donde los eurodiputados tendrán que decidir si están del lado de los derechos ciudadanos o del poder económico. Es una votación crucial que marcará el futuro de millones de pasajeros en toda Europa.

Las asociaciones de consumidores ya han empezado a movilizarse. OCU, FACUA y CECU han pedido abiertamente el voto en contra de esta propuesta. Argumentan, con razón, que no se trata de una modernización del Reglamento, sino de un retroceso, una concesión a las presiones empresariales que lleva a legalizar prácticas abusivas, diluir derechos adquiridos y obstaculizar las reclamaciones.

¿Qué está en juego exactamente? Un cambio radical en el régimen de indemnizaciones por retrasos, la legalización del cobro por equipaje de mano y la introducción de figuras como los “vuelos cortos” que confunden más que aclaran. Todo ello en un entorno donde ya es difícil ejercer los derechos, y donde los consumidores muchas veces desisten ante trámites largos, opacos e ineficaces.

¿Parlamentarios europeos contra los derechos de los europeos?

El Parlamento Europeo tiene la última palabra. Pero esta no es una cuestión técnica ni jurídica: es política. Si los eurodiputados aprueban esta reforma, estarán enviando un mensaje demoledor a la ciudadanía: que los intereses corporativos valen más que los derechos sociales.

FACUA ha sido especialmente clara en su advertencia: “Quienes voten a favor de estos recortes estarán dejando claro que sirven a las aerolíneas, no a los ciudadanos”. Y no es una exageración. La reforma que ha aprobado el Consejo supone modificar el corazón mismo del Reglamento 261/2004, que ha sido la herramienta legal más útil que ha tenido un pasajero para reclamar ante retrasos, cancelaciones o overbooking.

Desde la aprobación del reglamento en 2004 y su desarrollo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los consumidores habían ganado terreno. Fallos como el de 2009, que establecía indemnización a partir de 3 horas de retraso, o el de 2014, que impedía el cobro por el equipaje de mano, habían reforzado su posición. Todo eso puede desaparecer de un plumazo si el Parlamento ratifica esta reforma.

Los derechos que se pierden y lo que te costará 💸✈️

El nuevo texto propone cambios que no son menores. Estos son los principales derechos que desaparecerán o se verán debilitados:

1. Indemnizaciones más difíciles de conseguir

Hasta ahora, cualquier retraso superior a 3 horas daba derecho a compensación. Con la reforma, ese umbral se eleva de forma escalonada:

  • 3 horas de retraso para los llamados “vuelos cortos” (menos de 24 horas de ida y vuelta bajo el mismo contrato).

  • 4 horas para vuelos de hasta 3.500 km dentro de la UE.

  • 6 horas para vuelos de más de 3.500 km.

En la práctica, esto significa que la mayoría de retrasos dejarán de ser indemnizables, ya que los márgenes son mucho más amplios. Las aerolíneas tendrán vía libre para incumplir horarios sin coste alguno.

2. Menos dinero en las compensaciones

Las indemnizaciones actuales oscilan entre 250 y 600 euros. La nueva propuesta las reduce:

  • 250 euros para vuelos cortos.

  • 300 euros para vuelos hasta 3.500 km e intracomunitarios.

  • 500 euros para los restantes.

Un recorte claro y directo, que beneficiará exclusivamente a las compañías aéreas. A menor indemnización, menor incentivo para cumplir.

3. Cobro por el equipaje de mano

Quizá el punto más indignante sea la legalización del cobro por el equipaje de mano, que hasta ahora no podía cobrarse según la jurisprudencia del TJUE. El Consejo pretende distinguir entre el equipaje “pequeño”, que cabe bajo el asiento, y el resto, que podrá cobrarse.

En la práctica, esto rompe con una sentencia de 2014 que consideraba el equipaje de mano como parte esencial del transporte aéreo. Volvemos al escenario de Ryanair y sus tarifas trampa, esta vez con la bendición de Bruselas.

Las asociaciones de consumidores, en contra de la pérdida de derechos 🚫👥

Las principales organizaciones de defensa de los consumidores han reaccionado con contundencia:

  • FACUA denuncia que la reforma “legaliza abusos” y alerta de la subordinación del Consejo a los intereses empresariales.

  • OCU anuncia una campaña activa para pedir el voto en contra a todos los eurodiputados españoles.

  • CECU subraya la falta de medidas para garantizar el cumplimiento real de los derechos y alerta del aumento de la litigiosidad.

El mensaje común es claro: esto no es una mejora normativa, es una rendición política. En vez de avanzar hacia una mayor transparencia, cumplimiento y automatización en las indemnizaciones, se opta por dificultarlas y reducirlas, esperando que el consumidor no reclame o, directamente, desista.

Y no es un temor infundado. Las cifras lo confirman: solo una minoría de los pasajeros afectados por retrasos o cobros indebidos llega a presentar reclamación formal. Si además se reducen los derechos, el resultado es obvio: más beneficios para las aerolíneas, menos protección para la ciudadanía.

Bruselas legisla de espaldas a la ciudadanía

Este episodio no es anecdótico. Forma parte de una tendencia preocupante en la Unión Europea, donde los lobbies empresariales han ganado una influencia cada vez mayor en la toma de decisiones. Lo que debería ser un marco para la protección social y de derechos se está convirtiendo, poco a poco, en un espacio de legitimación de prácticas abusivas.

El caso del transporte aéreo es especialmente simbólico: es uno de los sectores más opacos, menos fiscalizados y con mayor queja ciudadana. Que ahora se refuercen sus privilegios legales es un mensaje demoledor para cualquier ciudadano europeo que confíe en sus instituciones.

El Parlamento debe rectificar esta deriva

El Parlamento Europeo aún puede rectificar. En los próximos meses tendrá la oportunidad de enmendar esta reforma o rechazarla en su totalidad. Si no lo hace, será cómplice de un retroceso histórico en los derechos de los consumidores.

No se trata solo de maletas o retrasos. Se trata de quién manda en Europa: los ciudadanos o las empresas. Este es el momento de defender lo que nos ha costado décadas construir: un mínimo marco de protección frente a los abusos del mercado.

Y si no lo hacen, no solo perderemos derechos. Perderemos también la confianza en una Unión que, más que nunca, parece dispuesta a volar con los lobbies… y dejarnos en tierra a los consumidores. 🛫💼🧍‍♂️🧍‍♀️