La puesta en marcha de las instalaciones eólicas impulsadas por la borrasca Justine no has sido suficiente para impedir  la brusca subida de la luz en enero. El mes ha ha finalizado con una subida interanual del 25,8% en el precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, que se ha situado en 16,75 céntimos (impuestos indirectos incluidos), frente a los 13,32 céntimos del mismo periodo de 2020.

Durante enero, el precio medio diario del kWh para los consumidores con la tarifa semirregulada PVPC ha llegado a fluctuar nada menos que un 203,3%. El día 31 tuvo el importe más bajo, 7,30 céntimos. El más elevado, el del 8, cuando se situó en 22,14 céntimos. El precio se disparó como consecuencia de la subida del precio del gas y su impacto en la subasta del mercado mayorista en plena ola de frío durante el temporal Filomena, mientras que la gran bajada de los últimos días ha estado vinculada a la enorme producción de energía eólica por los fuertes vientos que ha traído la borrasca Justine.

La factura mensual del usuario medio, ha quedado en 80,48 euros, lo que representa un incremento del 18,5% con respecto a los 67,94 euros de enero del año pasado. La diferencia ha alcanzado los 12,54 euros. Se trata así, del tercer enero más caro de la historia para el usuario medio.  El recibo prácticamente ha igualado los 80,47 euros de enero de 2013, teniendo por delante los 88,66 euros de enero del de 2012 y los 87,81 euros del primer mes de 2017.

Para bajar la luz el Gobierno debe revisar los costes fijos

La asociación de consumidores FACUA reclama al Gobierno que acelere el cumplimiento de los compromisos programáticos adoptados por PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura en materia de política energética. Entre ellas, la bajada del elevadísimo precio del término de potencia, la aplicación de un precio más bajo para los primeros kWh consumidos y la eliminación de la sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión.

La asociación también reclama una bajada sustancial de los impuestos indirectos que se aplican a la factura eléctrica de las familias, que superan el 27%, al sumarse el IVA general del 21% con el impuesto especial sobre la electricidad. Asimismo, espera que una reforma del bono social para que muchos más consumidores puedan acceder a él y aumente el descuento que representa sobre la tarifa semirregulada PVPC.