El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida diaria, pero también en una puerta de entrada constante a un tipo de acoso silencioso que erosiona la intimidad de millones de consumidores: el spam telefónico. Pese a las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años, las llamadas comerciales no solicitadas no solo no han desaparecido, sino que en muchos casos se han intensificado. Según una encuesta reciente de FACUA-Consumidores en Acción, cuatro de cada diez usuarios afirman recibir más llamadas comerciales ahora que antes de la entrada en vigor de las nuevas normas. El dato revela una preocupante realidad: el marco legal sigue siendo insuficiente para proteger al ciudadano frente a un fenómeno que combina prácticas abusivas, estrategias de fraude y un evidente fracaso regulatorio.

La práctica totalidad de los usuarios sigue denunciando ser víctima de spam telefónico

La encuesta realizada entre el 17 y el 30 de septiembre a 7.050 usuarios en toda España arroja una cifra que habla por sí sola: el 98,9% asegura haber recibido llamadas comerciales no solicitadas en los últimos meses. Apenas un 1% de los encuestados puede decir que ha estado libre de esta práctica. El 36,5% de los consumidores declara recibir incluso más llamadas que antes, mientras que un 36,3% asegura sufrirlas con la misma frecuencia. Solo un 26,2% afirma haber notado un descenso. La frecuencia resulta alarmante: un 59,4% admite que las llamadas llegan todos o casi todos los días, y un 7,7% reconoce haber recibido más de diez en una sola jornada. La normalización de esta invasión convierte lo que debería ser un canal de comunicación en un arma de desgaste psicológico.

Los servicios que más se suelen ofertar en estas llamadas son los de luz

Los resultados de FACUA indican que los sectores más agresivos en este tipo de prácticas son los relacionados con los suministros básicos y la telefonía. El 32,7% de los encuestados identifica las llamadas de compañías eléctricas como las más frecuentes, seguidas por las de telecomunicaciones (29,8%). En tercer lugar se encuentran las ventas diversas, desde seguros hasta productos de consumo (8,2%). Resulta especialmente grave que empresas que operan en mercados regulados, como el eléctrico, mantengan o toleren estas estrategias comerciales, incrementando la vulnerabilidad de los consumidores más expuestos, como personas mayores o usuarios poco familiarizados con la contratación digital.

Llamadas spam desde numeraciones móviles y también desde fijos

La normativa aprobada en junio de este año ordenaba a las operadoras bloquear las llamadas comerciales procedentes de números móviles. Sin embargo, la realidad demuestra que esta restricción ha sido fácilmente sorteada. El 36,4% de los consumidores reconoce seguir recibiendo llamadas desde móviles, mientras que el 50,3% asegura que ahora los contactos llegan desde números fijos nacionales con prefijos geográficos. El 5,7% incluso afirma recibirlas desde numeraciones internacionales. Esta adaptación rápida por parte de las compañías o de quienes explotan la normativa refleja la debilidad del sistema de control y la falta de voluntad política y empresarial para erradicar estas prácticas.

Las medidas tomadas son insuficientes

FACUA lleva meses alertando de que las medidas adoptadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública son incompletas. El propio ministro Óscar López ha reconocido que los estafadores han encontrado en los prefijos nacionales una vía para esquivar el bloqueo de llamadas móviles. Desde 2023, las llamadas comerciales no autorizadas están prohibidas en España, pero la ausencia de sanciones contundentes y los resquicios en la aplicación de la norma permiten que el problema siga creciendo. En la práctica, la situación actual no solo no mejora la experiencia de los usuarios, sino que multiplica su frustración: los consumidores se ven acosados por numeraciones distintas y el control se convierte en una tarea imposible.

Indemnización económica al haber sido víctima de spam telefónico

Entre las propuestas de FACUA destaca la exigencia de que los usuarios tengan derecho a una compensación económica si son objeto de llamadas comerciales no solicitadas. Esta medida tendría un doble objetivo: reparar el daño causado a los consumidores y desincentivar la práctica entre las compañías que recurren al spam como estrategia de captación. La asociación insiste en que las empresas que obtienen clientes a través de estas prácticas deben asumir responsabilidades, y que en caso de aceptarlas, los contratos deberían ser considerados nulos. Además, exige que las grabaciones incluyan de manera explícita que el usuario solicitó ser contactado, algo que rara vez ocurre.

Multas escasas y denuncias complejas

El derecho a denunciar existe, pero los resultados son descorazonadores. FACUA recuerda que los usuarios pueden acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar quejas, pero el organismo apenas ha impuesto sanciones significativas. En la mayoría de los casos, las denuncias acaban archivadas o desestimadas por cuestiones burocráticas: falta de un documento que acredite la titularidad de la línea, ausencia de grabaciones de las llamadas o interpretaciones restrictivas de la normativa. La paradoja es evidente: se obliga al usuario a demostrar lo que debería ser perseguido de oficio. Según FACUA, la AEPD ha llegado incluso a desestimar denuncias por no aportarse la grabación de la llamada, algo innecesario para acreditar la existencia del spam.

Una plaga contra la intimidad y la confianza

El spam telefónico se ha convertido en mucho más que una molestia: es un ataque a la intimidad y a la confianza de los consumidores en los canales de comunicación. La falta de eficacia en las medidas de control y la escasez de sanciones refuerzan un círculo vicioso en el que las empresas encuentran barato y rentable insistir, mientras que los ciudadanos pierden tiempo, tranquilidad y, en muchos casos, dinero. Con el porcentaje de usuarios afectados cercano al 99%, el problema no puede seguir tratándose como un asunto secundario. Urge una respuesta política y regulatoria más ambiciosa que sitúe al consumidor en el centro de la protección y obligue a las compañías a respetar los límites básicos de la privacidad.